El grupo popular se ha opuesto hoy a la pretensión de AGE de reclamar para Galicia una unidad judicial contra la corrupción, al entender que son necesarias medidas "más ambiciosas", como un organismo autónomo independiente contra estas prácticas.
La viceportavoz de AGE Yolanda Díaz planteó esta solicitud en comisión parlamentaria, recordando la última operación contra la corrupción desarrollada esta mañana en Galicia, y señaló que en la Comunidad hay cien cargos públicos imputados y una diputada del propio Parlamento está procesada.
Destacó también el aumento en un 22 por ciento de los delitos vinculados con la corrupción y señaló que Galicia "está pidiendo una unidad especializada" por varias razones, entre ellas la alarma social que genera este fenómeno, contra el que apostó por actuar de manera "contundente", porque también forma parte de las preocupaciones ciudadanas, como revelan las encuestas del CIS.
La popular Julia Rodríguez-Barreira también expresó el rechazo de su grupo a las prácticas de corrupción, aunque indicó que hay un debate abierto en el Parlamento y la sociedad sobre las medidas para combatirla.
La diputada indicó que precisamente la comisión no permanente contra la corrupción abierta en el Parlamento trabaja para buscar medidas eficaces contra este fenómeno y han pasado por ella 28 estudiosos.
Tras reprochar que AGE y BNG no han nombrado siquiera a sus ponentes en este órgano y se "niegan" a hacer aportaciones, dijo a Díaz que busca un titular o hacer populismo sobre un tema "muy complejo".
En su opinión, es preciso buscar "fórmulas más ambiciosas" y no sólo una actuación "aislada". A este respecto, avanzó que, dentro de la comisión parlamentaria, el PP va a apoyar la creación de un organismo autónomo "que tenga carácter verdaderamente independiente, que pueda trabajar en la prevención" de la corrupción en las instituciones gallegas.
Además, la parlamentaria popular subrayó que la Fiscalía General del Estado no consideró pertinente crear una unidad específica contra la corrupción porque en Galicia no se alcanza el volumen necesario de casos.
Pero, apuntó, también es preciso atender peticiones de la fiscalía como la creación de un órgano que implantaría mecanismos de control, aumentaría la concienciación social o elaboraría códigos de conductas. "Por tanto, estamos hablando de actuaciones más ambiciosas que la designación de una persona de una sección específica en materia de anticorrupción", manifestó.
Beatriz Sestayo, del PSdeG, anunció el voto a favor de la demanda de Díaz y señaló que la presunción de inocencia ampara a toda persona, pero la corrupción o prácticas poco éticas está ocupando el panorama político, en lugar de que se centre en resolver los problemas de los ciudadanos, mientras denunció lo que considera paralización de la comisión parlamentaria porque, a su juicio, al PP le debe "parecer molesta".
Por su parte, Tereixa Paz, del BNG, calificó de "bochornosa" la proliferación de supuestas tramas empresariales y políticas e indicó que, "o nos lo tomamos en serio con medidas contundentes o estaremos siendo cómplices o colaboradores".
Por otra parte, el director general de administración local, José Alberto Pazos, ha subrayado, en la misma comisión parlamentaria, que la reestructuración acometida en la Diputación de A Coruña ha supuesto un ahorro de un millón de euros, frente a las críticas de la socialista Beatriz Sestayo.
Esta diputada acusó al presidente de la institución, Diego Calvo, de haber incrementado los altos cargos y de haber subido los salarios a 25 personas.
El director general dijo que no compete a la Xunta interferir en la administración local y admitió que todo plan es discutible, pero insistió en que la reestructuración de la Diputación, pese que se aumentó en cuatro unidades, los gastos de personal son un millón de euros menos con estos cambios.
