Feijóo reúne en Santiago a los líderes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria para firmar una declaración con una treintena de puntos en materia financiera
Los ocho presidentes autonómicos reunidos este martes en la cumbre de Santiago de Compostela han reclamado "transparencia" en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que piden que "solo" sea "fruto de un consenso multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y con un ojo puesto en las necesidades de la España vaciada.
De esta forma, los ocho mandatarios autonómicos, que piden que se tengan en cuenta todas las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas, reclaman que las decisiones relativas a la financiación autonómica queden "al margen de los legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno central y cada comunidad".
📍 Comeza o “Foro Santiago. Camino de consenso” sobre financiamento autonómico
👥 @FeijooGalicia participa nesta reunión de traballo xunto aos presidentes de @GobAsturias, @cantabriaes, @lariojaorg, @GobAragon, @gobjccm, @Junta_Ex e @jcyl pic.twitter.com/seRkkI2b2U— Xunta de Galicia (@Xunta) November 23, 2021
Este es uno de los puntos de la Declaración de Santiago que este martes ha salido del encuentro en el que han participado los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria.
Comunidades castigadas especialmente por la despoblación, por lo que cobra especial relevancia el punto 25 de los 35 que se incluyen en el documento. En él se alude a "evaluar los gastos vinculados a la educación, sanidad y servicios sociales dado su elevado peso relativo en todas las CCAA". Consideran que en estas deben "tenerse en cuenta factores de coste sustanciales a la población, destinataria en última instancia de los servicios públicos" como pueden ser los colegios, centros de salud o centros de día. Explican en la declaración que "no sería posible un sistema de financiación justo e igualitario" si no se tiene en consideración "el coste de de los servicios de la extensión del territorio, la baja densidad de población y la dispersión". Tampoco si no se cuenta el coste que supone tener una población más envejecida, "que suele ir asociado a una mayor dependencia, prevalencia de patologías y el consiguiente gasto farmacéutico".
El documento reclama también el refuerzo del CPFF con medios suficientes para proveer de datos y análisis al conjunto de las comunidades y al Gobierno para determinar el coste real de los servicios y la evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual.
"Sin privilegios"
En el arranque del documento, las ocho comunidades reivindican que comparten "intereses comunes, que nacen de sus características socioldemográficas, económicas e históricas", y remarcan el papel de las autonomías y el trabajo que deben realizar en "estrecha coordinación" con el Gobierno central y "con absoluta lealtad a los intereses generales".
"Reiteramos nuestra adhesión incondicional a los principios que regulan la organización territorial del Estado en la Constitución: la unidad de la Nación española, la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas", recoge el texto, en el que se alude a la "emergencia demográfica" y se ejemplifica con que las ocho comunidades suponen un 61,97% de la superficie española y un 24,13% de su población.
"Estas cifras dan testimonio de la dispersión y la despoblación que marcan su estructura demográfica e imponen retos específicos a sus Administraciones, que deben prestar a los españoles que viven en ellas los servicios públicos con las máximas condiciones de calidad y en igualdad con el resto de los ciudadanos del país", agrega, al tiempo que incide en que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser fruto "de la colaboración activa y leal" de todas las administraciones.
En este sentido, expresan su voluntad de consenso, pero advierten que "el modelo resultante de las negociaciones deberá respetar la igualdad de todos los españoles protegida por la Constitución, así como rechazar "privilegios económicos o sociales como recoge el artículo 138 de la Carta Magna".
"Defendemos y perseguimos un desarrollo social y económico equilibrado, con la aspiración de que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades", constata.
Puedes consultar aquí los 35 puntos que acordaron.
