De profesión, vigilante

No se habían planteado que iba a ser el trabajo de su vida, pero se han convertido en profesionales con un título bajo el brazo. Hasta hace unos años eran ocupaciones temporales o esporádicas a las que muchos jóvenes recurrían para obtener ingresos extra, pero ahora hay que tener carné para poder ejercer como encargado de seguridad o vigilancia.
Cada noche es diferente. Cada madrugada es distinta. Y cada cliente es un mundo. Jose lleva más de 12 años en “el mundillo de la noche” y, aunque pasa hasta seis horas sin moverse de la puerta del local en el que trabaja, asegura que no es rutinario. “Es más cíclico que creativo, pero siempre hay espacio para la sorpresa”, bromea antes de intentar desmontar muchos de los tópicos que rodean su trabajo.
“No estamos en la puerta para discriminar los looks más adecuados para entrar en el local. No somos cabezas cuadradas que se limitan a vigilar que al local no entren chicos con calcetines blancos o zapatillas deportivas. No cortamos el paso a capricho, favoreciendo el acceso a las chicas guapas y frenando a los macarras de barrio”, enumera de carrerilla. “Y, sí, el pinganillo lo utilizamos para comunicarnos con el interior del local. No es para escuchar la radio”.

Más cabeza que músculo
Bromas al margen, defiende su trabajo con más cabeza que músculo. Reivindica el papel de los más de tres mil colegas que controlan el acceso a locales de hostelería, la mayoría nocturnos, en Galicia. Lleva muchos años defendiendo el oficio y ahora se siente más legitimado que nunca. A finales de enero superó el examen convocado por la Academia Galega de Seguridade Pública para conseguir la habilitación fijada hace un par de años para ejercer esta actividad. No había podido presentarse a pruebas anteriores por motivos familiares, pero ahora ya ejerce como controlador “con todas las de la ley”.
El tribunal lo ha declarado apto después de superar un test psicológico y una prueba de conocimiento sobre las materias relacionadas con las funciones propias de su actividad: controlar la entrada de personas al establecimiento, comprobar la edad de los clientes, prohibir el acceso fuera del horario de cierre, vigilar que no salgan de las instalaciones bebidas en recipiente de vidrio y controlar que no se exceda el aforo autorizado.
Además de superar las pruebas específicas, el aspirante debe ser mayor de edad y carecer de antecedentes penales. Los hosteleros y los propietarios de locales de espectáculos demandaron durante años esta regulación, que refuerza los derechos y la seguridad de sus clientes. Y los controladores de acceso (conocidos demasiadas veces como “porteros de discoteca” o “gorilas”), ¿como la interpretan? La mayoría lo ven como un embrollo burocrático, pero los colectivos que los representan entienden que es un paso más en hacia dignificación y reconocimiento de su profesión.
Desde la Asociación Galega de Porteiros Profesionais esperan que la medida contribuya a reforzar la seguridad de quienes cada noche tienen que mediar en conflictos o enfrentarse a clientes violentos. “Tenemos que saber mantener un equilibrio y, antes de repeler un insulto o un intento de agresión, utilizar la palabra para poner paz”, explica Marcos, portavoz del colectivo. “Pero eso no es posible en muchos de los casos”. Esperan que este título de “controlador de acceso” contribuya también a lavar la imagen de un gremio marcado por las horas de gimnasio y el desgaste de la noche. “Tenemos que ser los primeros relaciones públicas y eso no se consigue enfundándonos en un traje negro. Hay que demostrar preparación para todo tipo de situaciones y que no estamos sólo para mediar en caso de altercados”, argumenta Jose.

Un decreto que no define con claridad competencias y derechos de los controladores
El decreto 8/2010, que regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas, no ha logrado la plena profesionalización del sector. Los sindicatos apuntan en otra dirección y, según ha expresado la CIG en varias ocasiones, aumenta el intrusismo y acentúa la precariedad. La central nacionalista asegura que la normativa vigente genera conflictos entre los porteros y la seguridad privada porque no define claramente cuales son las competencias de cada colectivo y abre la vía para que los propietarios de los locales abaraten costes fusionando las dos figuras.
El decreto establece que los controladores de acceso tienen “el deber de informar al personal de vigilancia, si lo tuviese, o, en su defecto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de las alteraciones del orden que se produzcan en los accesos o en el interior del establecimiento, sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo con el fin de velar por la integridad física de las personas y los bienes... '.
El decreto atribuye además al portero la función de “control de acceso”, pero la realidad demuestra que también vela por la seguridad del local. Hay personas, “que no son profesionales”, que por 300 o 400 euros al mes ofrecen sus servicios durante las noches del fin de semana a los propietarios. Jose y su compañero trabajan sin contrato por 12 euros la hora para llegar a fin de mes “castigando mucho el cuerpo y renunciando a buena parte de mi vida social”, señala Jose.
Es la vía más económica para los empresarios que, en plena crisis económica, no se plantean acudir a una firma de seguridad privada. Sólo las grandes discotecas, con capacidad para más de mil personas, disponen de un equipo estable que se encarga de la seguridad y otro que se encarga del control de acceso y la mediación en el caso de que surjan episodios violentos o conflictos por aglomeración.
La ley solo faculta a los controladores de acceso a actuar en la urgencia del momento, pero desde la asociación de porteros demandan una normativa más específica. Echan de menos en el texto los supuestos a los que se enfrentan cada noche, donde la mezcla de alcohol y juventud se convierte en un cóctel explosivo. Piden una protección especial, como la que ya tienen profesores, enfermeros y otros profesionales sanitarios. La mayoría trabajan por parejas, pero les gustaría que su acompañante fuese un guardia de seguridad “porque ellos están facultados para cachear, repeler agresiones o inmovilizar con esposas si es necesario”.

Registro profesional para los socorristas
nnn Un centenar de personas perdieron la vida en la última década en las casi 800 playas que dibujan el litoral gallego. Los servicios de vigilancia han mejorado y se han generalizado en los últimos años, pero quedan muchas calas y playas escondidas que carecen de un servicio de prevención y actuación.
Durante décadas fueron voluntarios los que se encargaron de estas tareas en los arenales gallegos, pero la actividad se ha profesionalizado en los últimos años. El punto de inflexión llega en 2006, cuando el concello de Nigrán autoriza la concesión de este servicio a una empresa privada especializada en salvamento y socorristas; ese verano se incorporaba un equipo de 18 personas para custodiar Playa América, Panxón y Patos.
Ellos abrieron un camino, el de la profesionalización, demandado por muchas voces durante demasiado tiempo. Más de 2.000 socorrista acuáticos se encargan cada verano de salvaguardar la salud y seguridad de los bañistas en una comunidad como la gallega.
Es una tarea sensible y la Xunta aprobaba el mes pasado el decreto por el que se regula el Registro Profesional de Socorristas Acuáticos y en le que se establece la formación mínima obligatoria, acreditada mediante una habilitación expedida por la Academia Galega de Seguridade, para una adecuada prestación de servicios en espacios naturales e instalaciones acuáticas. El registro diferenciará entre socorristas de espacios naturales (playas marítimas y fluviales, ríos, lagos y embalses) y socorristas de instalaciones acuáticas (piscinas públicas o privado, parques acuáticos, balnearios e instalaciones análogas). Las administraciones, los organismos públicos y las entidades privadas no podrán proceder a la contratación del personal profesionalmente dedicado al socorrismo acuático en Galicia que no esté inscrito en este registro y posea la formación requerida.
La inscripción debe renovarse cada cuatro años, mediante la acreditación de la cualificación establecida por la Academia y los cursos que se convocarán para actualizar la formación recibida. El Ejecutivo autonómico abre la puerta para que puedan inscribirse con carácter temporal todos los socorristas que tengan como mínimo 80 horas de formación realizada con anterioridad a la publicación del decreto.
Antes de que el Diario Oficial de Galicia, publicase ese decreto anunciando la apertura del trámite de audiencia y alegaciones al decreto del ejercicio profesional del socorrismo, algunos concellos ya habían impulsado las acciones formativas en esta línea.

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