Los veterinarios de la Xunta piden estabilidad laboral y critican la pasividad de la Administración autonómica a la hora de atender sus demandas. En el último mes han salido a la calle para protestar contra la precariedad del sector; aseguran que un 60% de los profesionales trabajan en situación de provisionalidad. Solicitan un concurso de traslados, la creación de una carrera profesional sanitaria y la incorporación de medios técnicos.
Rubén Gómez trabaja como veterinario en el matadero de A Estrada (Pontevedra). Desde las seis de la mañana hasta las dos de la tarde analiza, junto a otro compañero, cerca de un centenar de animales que se sacrifican en este centro. Todas las explotaciones están sometidas a inspecciones que realizan compañeros adscritos a la consellería de Medio Rural y los animales que llegan al matadero están registrados e identificados. Tras comprobar que la documentación está en regla, realizamos una inspección ante mortem y luego nos encargamos de los análisis de vísceras y carne, explica. Conocidos los resultados, se autoriza el traslado del animal y su incorporación al mercado. De los controles posteriores se encargan los inspectores de salud pública; los controles se extienden a locales de restauración, comedores y todos aquellos puntos donde pueda existir algún riesgo.
Aunque las tareas de los veterinarios parecen estar bien definidas en cada fase del proceso, los profesionales aseguran que en el día a día se producen situaciones de confusión en las que no está claro quien debe asumir la responsabilidad. Con algo más de coordinación se podrían optimizar los recursos técnicos y humanos, apunta Rubén Gomez. Con organización no basta. Habría que adaptar las instalaciones y los medios a las necesidades actuales. En la mayoría de los mataderos no hay ordenadores; en A Estrada tenemos la fortuna de contar con un terminal reciclado y, en ese sentido, somos unos privilegiados.
Con todo, esas carencias técnicas no son las que más preocupan a los veterinarios dependientes de la Xunta, un colectivo integrado por 700 trabajadores dependientes orgánicamente de la consellería de Presidencia y que desarrolla sus funciones en las de Sanidad, Medio Rural, Pesca y Medio Ambiente. Tras dos reuniones infructuosas con representantes del gobierno autonómico, este verano llevaron sus reivindicaciones a la calle.
Solicitamos estabilidad laboral, ya que el 60% del colectivo veterinario está en situación de provisionalidad e inestabilidad, explica Benxamín Vences, de Comisiones Obreras. Aseguran que los funcionarios que superaron el proceso selectivo convocado en 2004 todavía no tienen asignado su destino definitivo y denuncian que no se han ejecutado sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Otra de sus demandas es la modificación de los cuadros de personal, incorporando nuevos puestos de trabajo en las consellerías que han asumido competencias veterinarias en los últimos años. Aunque la mayoría de los veterinarios dependemos de Sanidade y Medio Rural, solicitamos más plazas en Pesca, que ha asumido funciones veterinarias de control sanitario en producciones pesqueras, marisqueras y acuícolas, apunta Rubén López. En Medio Ambiente habría que crear plazas para desarrollar funciones propias de nuestra profesión, actualmente realizadas en su mayoría por personal de asistencias técnicas: gestión de recursos cinegéticos y piscícolas, centros de recuperación de fauna silvestres, espacios naturales y la protección de animales domésticos o salvajes en cautividad.
Además de velar por la mejora de la seguridad alimentaria y la salud pública (trazabilidad, infecciones alimentarias y enfermedades transmisibles entre los animales y el hombre), los veterinarios asumen otras responsabilidades: la sanidad animal, el bienestar animal en explotaciones y su transporte, las condiciones de sacrificio en mataderos y matanzas domiciliarias, o el mantenimiento de poblaciones animales (autóctonas o protegidas) en los montes gallegos.
Otras reclamaciones
En su tabla reivindicativa, los veterinarios reclaman un complemento específico que retribuya sus condiciones especiales de trabajo. Demandan, además, un concurso de traslados y el establecimiento de la carrera profesional sanitaria para todos los profesionales de la Xunta. El nuevo modelo tiene que permitir una mejor coordinación entre los distintos servicios y optimice los recursos humanos y materiales. Han de definirse los reglamentos de funciones y protocolos de actuación para los distintos puestos, con formación continuada y mejores dotaciones materiales, apunta Rubén Gómez. Debe establecerse también un plan específico de seguridad y salud laboral adaptada las particularidades de este colectivo.
Con el paquete de reivindicaciones definido, las organizaciones sindicales solicitaron nuevamente la convocatoria de la mesa de negociación; si no se producen avances en las próximas semanas, los profesionales advierten que podrían convocar más movilizaciones en septiembre.
Aunque las tareas de los veterinarios parecen estar bien definidas en cada fase del proceso, los profesionales aseguran que en el día a día se producen situaciones de confusión en las que no está claro quien debe asumir la responsabilidad. Con algo más de coordinación se podrían optimizar los recursos técnicos y humanos, apunta Rubén Gomez. Con organización no basta. Habría que adaptar las instalaciones y los medios a las necesidades actuales. En la mayoría de los mataderos no hay ordenadores; en A Estrada tenemos la fortuna de contar con un terminal reciclado y, en ese sentido, somos unos privilegiados.
Con todo, esas carencias técnicas no son las que más preocupan a los veterinarios dependientes de la Xunta, un colectivo integrado por 700 trabajadores dependientes orgánicamente de la consellería de Presidencia y que desarrolla sus funciones en las de Sanidad, Medio Rural, Pesca y Medio Ambiente. Tras dos reuniones infructuosas con representantes del gobierno autonómico, este verano llevaron sus reivindicaciones a la calle.
Solicitamos estabilidad laboral, ya que el 60% del colectivo veterinario está en situación de provisionalidad e inestabilidad, explica Benxamín Vences, de Comisiones Obreras. Aseguran que los funcionarios que superaron el proceso selectivo convocado en 2004 todavía no tienen asignado su destino definitivo y denuncian que no se han ejecutado sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Otra de sus demandas es la modificación de los cuadros de personal, incorporando nuevos puestos de trabajo en las consellerías que han asumido competencias veterinarias en los últimos años. Aunque la mayoría de los veterinarios dependemos de Sanidade y Medio Rural, solicitamos más plazas en Pesca, que ha asumido funciones veterinarias de control sanitario en producciones pesqueras, marisqueras y acuícolas, apunta Rubén López. En Medio Ambiente habría que crear plazas para desarrollar funciones propias de nuestra profesión, actualmente realizadas en su mayoría por personal de asistencias técnicas: gestión de recursos cinegéticos y piscícolas, centros de recuperación de fauna silvestres, espacios naturales y la protección de animales domésticos o salvajes en cautividad.
Además de velar por la mejora de la seguridad alimentaria y la salud pública (trazabilidad, infecciones alimentarias y enfermedades transmisibles entre los animales y el hombre), los veterinarios asumen otras responsabilidades: la sanidad animal, el bienestar animal en explotaciones y su transporte, las condiciones de sacrificio en mataderos y matanzas domiciliarias, o el mantenimiento de poblaciones animales (autóctonas o protegidas) en los montes gallegos.
Otras reclamaciones
En su tabla reivindicativa, los veterinarios reclaman un complemento específico que retribuya sus condiciones especiales de trabajo. Demandan, además, un concurso de traslados y el establecimiento de la carrera profesional sanitaria para todos los profesionales de la Xunta. El nuevo modelo tiene que permitir una mejor coordinación entre los distintos servicios y optimice los recursos humanos y materiales. Han de definirse los reglamentos de funciones y protocolos de actuación para los distintos puestos, con formación continuada y mejores dotaciones materiales, apunta Rubén Gómez. Debe establecerse también un plan específico de seguridad y salud laboral adaptada las particularidades de este colectivo.
Con el paquete de reivindicaciones definido, las organizaciones sindicales solicitaron nuevamente la convocatoria de la mesa de negociación; si no se producen avances en las próximas semanas, los profesionales advierten que podrían convocar más movilizaciones en septiembre.
