Los grupos parlamentarios del PSdeG y del BNG rechazaron hoy pedir a la Xunta que derogue el decreto de las normas del hábitat gallego aprobado el pasado mes de diciembre, tal y como reclamaba el PPdeG, que alertó de que su aplicación conllevará un incremento en el precio de la vivienda de entre un 25 y un 30 por ciento.
Así, la nacionalista Carme da Silva y el socialista Luis Tojo defendieron que el texto legal introduce mejoras en la calidad de las viviendas y que fue elaborado a través del consenso. Precisamente, esta fue una de las principales críticas del Grupo Popular, que solicitaba, a través de una proposición no de ley, una nueva normativa realizada previo debate con los sectores implicados.
En este sentido, la diputada del PP Pilar Rojo censuró el decreto por irracional e improvisado, aunque dijo compartir el objetivo global de mejorar las calidades de la vivienda. De este modo, hizo hincapié en la descoordinación en el bigobierno durante la creación del texto, y aludió a las supuestas divergencias de la Consellería de Política Territorial (PSdeG) con la autora, la de Vivenda (BNG).
Además, aseguró que su puesta en marcha implicará la paralización en la tramitación de los planes urbanísticos municipales, lo que consideró especialmente grave en el actual momento de crisis económica. También censuró la creación de un nuevo chiriguito, encargado, en su opinión, de interpretar la norma, algo que fue criticado, entre otros aspectos, por el Consello Consultivo.
ESPECULACION.
Por último, añadió que el texto decide incluso cuestiones estéticas y limita el diseño arquitectónico, y puso ejemplos como el tamaño de las puertas y la distancia de las ventanas con respecto al suelo. Por todo ello, exigió al Gobierno que reflexione porque éste no es el modelo para lograr los objetivos planteados.
No obstante, da Silva aseveró que no son los precios de construcción los que provocaron el encarecimiento de la vivienda, sino la especulación, y cuestionó los intereses por los que velan los populares en este asunto. La Xunta defiende los intereses de los gallegos utilizando socialmente la vivienda, no para enriquecerse, enfatizó.
Por su parte, Luis Tojo admitió que el incremento de las superficies mínimas para construir aumentará el coste de las viviendas, pero advirtió de que el problema principal es el sobrecoste, muchas veces injustificado por las calidades de la construcción.
Por otro lado, PSdeG y BNG rechazaron otra proposición no de ley del PP en la que reclamaba la extensión en el uso de dispositivos portátiles de control del Sintrón a todos los centros de salud y a los pacientes capaces de autocontrolarse.
En este sentido, la diputada del PP Pilar Rojo censuró el decreto por irracional e improvisado, aunque dijo compartir el objetivo global de mejorar las calidades de la vivienda. De este modo, hizo hincapié en la descoordinación en el bigobierno durante la creación del texto, y aludió a las supuestas divergencias de la Consellería de Política Territorial (PSdeG) con la autora, la de Vivenda (BNG).
Además, aseguró que su puesta en marcha implicará la paralización en la tramitación de los planes urbanísticos municipales, lo que consideró especialmente grave en el actual momento de crisis económica. También censuró la creación de un nuevo chiriguito, encargado, en su opinión, de interpretar la norma, algo que fue criticado, entre otros aspectos, por el Consello Consultivo.
ESPECULACION.
Por último, añadió que el texto decide incluso cuestiones estéticas y limita el diseño arquitectónico, y puso ejemplos como el tamaño de las puertas y la distancia de las ventanas con respecto al suelo. Por todo ello, exigió al Gobierno que reflexione porque éste no es el modelo para lograr los objetivos planteados.
No obstante, da Silva aseveró que no son los precios de construcción los que provocaron el encarecimiento de la vivienda, sino la especulación, y cuestionó los intereses por los que velan los populares en este asunto. La Xunta defiende los intereses de los gallegos utilizando socialmente la vivienda, no para enriquecerse, enfatizó.
Por su parte, Luis Tojo admitió que el incremento de las superficies mínimas para construir aumentará el coste de las viviendas, pero advirtió de que el problema principal es el sobrecoste, muchas veces injustificado por las calidades de la construcción.
Por otro lado, PSdeG y BNG rechazaron otra proposición no de ley del PP en la que reclamaba la extensión en el uso de dispositivos portátiles de control del Sintrón a todos los centros de salud y a los pacientes capaces de autocontrolarse.
