os rectores de las tres universidades gallegas confiaron en que el Gobierno central favorezca el diálogo y el debate con los representantes de estas instituciones, además de estudiantes y sindicatos, para recoger propuestas que permitan enriquecer el articulado del anteproyecto de la Ley Orgánica do Sistema Universitario, un texto envuelto en la polémica y que suscitó el rechazo de gran parte de la comunidad escolar en estos niveles de enseñanza. La reacción provocada por este texto llevó al ministro de Universidades, Manuel Castells, a retirar finalmente la propuesta para modificar y replantear algunos de los aspectos más criticados, como el nuevo sistema de elección de los equipos de gobierno de estas instituciones académicas, y con el fin de remitir un nuevo borrador.
El rector compostelano, Antonio López, insistió esta semana en la necesidad de revisar el marco normativo “pasados 10 años de la anterior Ley orgánica” que regula las universidades del Estado. En este sentido, matizó que el anteproyecto propuesto por Castells es “un primer paso” para “afrontar esta actualización” y reclamó a continuación “enriquecer el texto” mediante el diálogo y el debate. “No cabe duda de que esta debe reafirmar su compromiso con la autonomía universitaria y con la suficiencia financiera, sin olvidar que somos conscientes del papel capital que las comunidades autónomas tienen en esta materia”, señaló.
Manuel Reigosa, desde la UVigo, valoró positivamente la decisión del Ministerio de retirar el borrador propuesto para realizar cambios, entre los que se encuentra el sistema de elección de los rectores, y también llamó al diálogo para mejorar la propuesta. “Yo no defendería en una universidad pública ese modo de elegir. Mejor si se elimina ese procedimiento poco democrático”, señaló ayer tras la reunión del consejo de gobierno de la Universidade de Vigo.
La CRUE solicita una financiación justa
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) también se mostró crítica con la propuesta del Gobierno, un proyecto que califican de “poco innovador” y que “no responde” a “la necesidad de mayor autonomía y mayor financiación” para internacionalizar, modernizar y hacer más competitivas a las universidades. Sobre la autonomía, señalan que esta “se consigue con un sistema justo y estable de financiación, comparable a escala nacional y entre las universidades de cada autonomía, ligado a una financiación básica y otra por objetivos” y afirman que “esta norma no aporta esto”. También piden que la LOSU recoja un plan de incremento de gasto público para la educación universitaria con objetivos concretos, e insisten en incorporar una línea de financiación basal para investigación.
