Los nuevos requisitos han atizado el debate en el Gobierno gallego y ha descubierto notables diferencias entre la Consellería de Vivenda y la Fegamp, que recurrió ante el TSXG para defender la autonomía local. El PP, que considera necesaria la aprobación de un nuevo decreto, critica la improvisación del gobierno y la falta de consenso con los agentes implicados. El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia apoyó con algunos matices las normas, pero las delegaciones de las principales ciudades se han ido desmarcando de la posición oficial.
El Consello Consultivo de Galicia, cuya función es la de velar para que las nuevas normas y leyes respeten el ordenamiento jurídico, fue el primero en oponerse al decreto. No le gustaba ni el término hábitat porque en ningún caso va estrictamente referido al restringido ámbito de las edificaciones que contempla el proyecto. Al margen de las consideraciones semánticas, el Consello Consultivo emitió dos informes desfavorables antes de que el gobierno gallego aprobase el decreto en diciembre.
En el primero argumentaba que las normas pretendían regular condiciones relativas al entorno de las viviendas, algo que afecta al planeamiento urbanístico, que es competencia de Politica Territorial. Tras una reforma del decreto inicial, el segundo informe advertía que la deficiente redacción de la normativa, vacía de contenido funcional, y concluye que carece de respaldo legal suficiente.
Los informes del Consultivo son preceptivos, pero no vinculantes, por lo que la Xunta no incorporó sus alegaciones. La batalla política había comenzado y la Federación Galega de Municipios e Provincias fue la primera en disparar, anunciando la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia seis días antes de que entrasen en vigor las normas. Atentan contra a autonomía local e invaden as competencias municipais desde unha consellería que non se encarga da planificación do territorio, alega un grupo encabezado por Carlos Fernández, regidor de Ames y presidente de la Fegamp.
Posición compartida
Esta posición, compartida por socialistas y populares (15 de los 17 miembros de la Ejecutiva), es interpretada en el BNG como una alianza contra las medidas nacionalistas. El Bloque atribuye a razóns partidistas esta estrategia y Vivienda se mantiene firme en su posición; pese a la presión, el departamento que dirige Teresa Táboas no modifica una coma de las normas, avaladas y revisadas por un equipo de expertos, porque entiende que beneficia a los ciudadanos y niega que vaya a suponer un incremento de los precios.
En pleno cruce de acusaciones y a sólo unos días de la entrada en vigor de las normas, el presidente de la Xunta ponía sobre la mesa la posibilidad de revisar los ritmos y flexibilizar la aplicación. Mientras Pérez Touriño, respetando las competencias de Teresa Táboas, hacía un llamamiento a la calma, la oposición intentaba pescar en el río revuelto. El Partito Popular entiende que es una buena idea mal planteada y pide a la Xunta que paralice su aplicación porque podría encarecer el precio de la vivienda entre un 25 y un 30%.
La marejada política, salpicada por la petición de moratoria de promotores y constructores, no cambió nada y las Normas do Hábitat Galego entraron en vigor el 17 de abril. El procedimiento para que la Fegamp formalice la impugnación del decreto avanza y el TSXG ya le ha reclamado documentación a la consellería de Vivenda. Al margen de la vía judicial, el departamento de Táboas espera obtener resultados positivos en el Comité Asesor de Habitabilidade, un órgano que se constituirá antes de un mes y en el que podrán participar representantes de la Secretaria Xeral de Vivenda e Solo, ayuntamientos, promotores, arquitectos, consumidores y usuarios.
Mientras, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) defendió durante los últimos meses la necesidad de reformular las normas de habitabilidad; entendía que el ansia renovadora de la Consellería de Vivenda estaba plenamente justificada. La junta de gobierno del COAG, en la sesión del pasado lunes, le advertía al departamento de Teresa Táboas que debe evitar todo tipo de interpretaciones ambiguas y le proponía establecer un tiempo razonable para aquellas cuestiones que necesiten aclaraciones, parametrizaciones y, en algunos casos, criterios más precisos.
Ese apoyo matizado, que obviamente no era compartido por los tres mil colegiados que hay en Galicia, se fue diluyendo a lo largo de la semana en algunas delegaciones. En A Coruña solicitaron una moratoria parcial, en Ourense se desmarcaron de cualquier posibilidad de firmar con Vivenda protocolos o convenio relacionados con la nueva normativa, y en Vigo demandaron un aplazamiento de la entrada en vigor de la norma.
La postura oficial del COAG, próxima a las propuestas Vivenda, no agrada a otros agentes del sector. Para Javier Garrido, presidente de la Confederación de Promotores Inmobiliarios de Galicia, se han comportado como auténticos cortesanos.
En el primero argumentaba que las normas pretendían regular condiciones relativas al entorno de las viviendas, algo que afecta al planeamiento urbanístico, que es competencia de Politica Territorial. Tras una reforma del decreto inicial, el segundo informe advertía que la deficiente redacción de la normativa, vacía de contenido funcional, y concluye que carece de respaldo legal suficiente.
Los informes del Consultivo son preceptivos, pero no vinculantes, por lo que la Xunta no incorporó sus alegaciones. La batalla política había comenzado y la Federación Galega de Municipios e Provincias fue la primera en disparar, anunciando la interposición de un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia seis días antes de que entrasen en vigor las normas. Atentan contra a autonomía local e invaden as competencias municipais desde unha consellería que non se encarga da planificación do territorio, alega un grupo encabezado por Carlos Fernández, regidor de Ames y presidente de la Fegamp.
Posición compartida
Esta posición, compartida por socialistas y populares (15 de los 17 miembros de la Ejecutiva), es interpretada en el BNG como una alianza contra las medidas nacionalistas. El Bloque atribuye a razóns partidistas esta estrategia y Vivienda se mantiene firme en su posición; pese a la presión, el departamento que dirige Teresa Táboas no modifica una coma de las normas, avaladas y revisadas por un equipo de expertos, porque entiende que beneficia a los ciudadanos y niega que vaya a suponer un incremento de los precios.
En pleno cruce de acusaciones y a sólo unos días de la entrada en vigor de las normas, el presidente de la Xunta ponía sobre la mesa la posibilidad de revisar los ritmos y flexibilizar la aplicación. Mientras Pérez Touriño, respetando las competencias de Teresa Táboas, hacía un llamamiento a la calma, la oposición intentaba pescar en el río revuelto. El Partito Popular entiende que es una buena idea mal planteada y pide a la Xunta que paralice su aplicación porque podría encarecer el precio de la vivienda entre un 25 y un 30%.
La marejada política, salpicada por la petición de moratoria de promotores y constructores, no cambió nada y las Normas do Hábitat Galego entraron en vigor el 17 de abril. El procedimiento para que la Fegamp formalice la impugnación del decreto avanza y el TSXG ya le ha reclamado documentación a la consellería de Vivenda. Al margen de la vía judicial, el departamento de Táboas espera obtener resultados positivos en el Comité Asesor de Habitabilidade, un órgano que se constituirá antes de un mes y en el que podrán participar representantes de la Secretaria Xeral de Vivenda e Solo, ayuntamientos, promotores, arquitectos, consumidores y usuarios.
Mientras, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) defendió durante los últimos meses la necesidad de reformular las normas de habitabilidad; entendía que el ansia renovadora de la Consellería de Vivenda estaba plenamente justificada. La junta de gobierno del COAG, en la sesión del pasado lunes, le advertía al departamento de Teresa Táboas que debe evitar todo tipo de interpretaciones ambiguas y le proponía establecer un tiempo razonable para aquellas cuestiones que necesiten aclaraciones, parametrizaciones y, en algunos casos, criterios más precisos.
Ese apoyo matizado, que obviamente no era compartido por los tres mil colegiados que hay en Galicia, se fue diluyendo a lo largo de la semana en algunas delegaciones. En A Coruña solicitaron una moratoria parcial, en Ourense se desmarcaron de cualquier posibilidad de firmar con Vivenda protocolos o convenio relacionados con la nueva normativa, y en Vigo demandaron un aplazamiento de la entrada en vigor de la norma.
La postura oficial del COAG, próxima a las propuestas Vivenda, no agrada a otros agentes del sector. Para Javier Garrido, presidente de la Confederación de Promotores Inmobiliarios de Galicia, se han comportado como auténticos cortesanos.
