La vigilancia de la Unión Europea en materia medioambiental es especialmente sensible y el incumplimiento de las normativas puede propiciar la apertura de un expediente sancionador. Antes de que eso ocurra, Galicia imprimió velocidad a las tareas pendientes, como la elaboración del mapa de ruido de sus carreteras, que ya tenía que estar listo en 2012, y la redacción del decreto que desarrolla esta materia y por el cual se dará a sí misma un plazo de cinco años para adaptar las infraestructuras viarias a los niveles legales.
También en virtud de este decreto, que asimismo se aprobará con retraso, se regularán aspectos técnicos y se les obligará a los ayuntamientos a que tengan listas en un año las ordenanzas municipales que regulan esta materia, y que, según la ley estatal, también tenían que estar redactadas. Asimismo, en esta normativa se regulará cuestiones como las entidades que pueden hacer mapas de ruido, el establecimiento de las zonificaciones acústicas y la promoción de medidas correctoras.
Y es que, aparte de las cuestiones consecuencia de la crisis económica, como los servicios sociales o la preocupación por la vivienda, los impactos ambientales empeoran la calidad de vida de los ciudadanos, que se quejan por las molestias que les ocasionan, como así reflejan informes como el elaborado por el Valedor do Pobo este año. De hecho, en 2012 el alto comisionado parlamentario cursó 233 expedientes en materia de medio ambiente, siendo el ruido el que motivó la mayoría de estas quejas.
CRÍTICAS A LOS CONCELLOS
Los encargados de velar por el bienestar de los vecinos en esta materia son los ayuntamientos pero, según recoge el informe del Valedor, institución que dirige José Julio Fernández Rodríguez, en muchos casos no se cumple con esta obligación, aduciendo a veces falta de medios. No obstante, para conseguir este fin, las administraciones locales tienen la posibilidad de solicitar a la Consellería de Medio Ambiente sonómetros, que cede de forma gratuita.
Al margen de las ordenanzas municipales, el marco normativo autonómico también tiene que desarrollarse, después de que la Ley gallega contra la contaminación acústica fuese derogada por la de medidas fiscales y administrativas (lo que se conoce como Ley de Acompañamiento a los presupuestos) de 2011. El compromiso era promover una alternativa en el plazo de un año, aunque todavía esta cuestión está pendiente. En todo caso, la opción de la Xunta es desarrollar un decreto y no impulsar una ley, ya que considera la estatal un marco suficiente.
A este respecto, según las fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, el Gobierno gallego impulsa ya un decreto que desarrolla la legislación estatal, que está en fase de borrador, y que vendrá a ocupar los huecos dejados por la derogación de la ley, evitando superposiciones legislativas. Mediante esta normativa se preverán las suspensiones temporales de los objetivos de calidad acústica vinculadas a eventos puntuales como pueden ser las fiestas de un barrio.
Y es que, aparte de las cuestiones consecuencia de la crisis económica, como los servicios sociales o la preocupación por la vivienda, los impactos ambientales empeoran la calidad de vida de los ciudadanos, que se quejan por las molestias que les ocasionan, como así reflejan informes como el elaborado por el Valedor do Pobo este año. De hecho, en 2012 el alto comisionado parlamentario cursó 233 expedientes en materia de medio ambiente, siendo el ruido el que motivó la mayoría de estas quejas.
CRÍTICAS A LOS CONCELLOS
Los encargados de velar por el bienestar de los vecinos en esta materia son los ayuntamientos pero, según recoge el informe del Valedor, institución que dirige José Julio Fernández Rodríguez, en muchos casos no se cumple con esta obligación, aduciendo a veces falta de medios. No obstante, para conseguir este fin, las administraciones locales tienen la posibilidad de solicitar a la Consellería de Medio Ambiente sonómetros, que cede de forma gratuita.
Al margen de las ordenanzas municipales, el marco normativo autonómico también tiene que desarrollarse, después de que la Ley gallega contra la contaminación acústica fuese derogada por la de medidas fiscales y administrativas (lo que se conoce como Ley de Acompañamiento a los presupuestos) de 2011. El compromiso era promover una alternativa en el plazo de un año, aunque todavía esta cuestión está pendiente. En todo caso, la opción de la Xunta es desarrollar un decreto y no impulsar una ley, ya que considera la estatal un marco suficiente.
A este respecto, según las fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, el Gobierno gallego impulsa ya un decreto que desarrolla la legislación estatal, que está en fase de borrador, y que vendrá a ocupar los huecos dejados por la derogación de la ley, evitando superposiciones legislativas. Mediante esta normativa se preverán las suspensiones temporales de los objetivos de calidad acústica vinculadas a eventos puntuales como pueden ser las fiestas de un barrio.
