La Consellería de Sanidade aseguró ayer que el decreto publicado el pasado martes en el Diario Oficial de Galicia que regula las tarifas a terceros obligados al pago de servicios sanitarios prestados en el Sergas está amparado por la Ley de Salud de Galicia del año 2008. Según apuntó Sanidade, esta ley establece que se podrá establecer un procedimiento para repercutir en los usuarios los gastos ocasionados como consecuencia del uso irresponsable de las prestaciones asistenciales do sistema público de salud de Galicia.
El departamento que dirige Pilar Farjas respondía así a las declaraciones efectuadas el martes por el secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, que afirmó que la Xunta 'va a cobrarle a los ciudadanos por el mal uso de la sanidad pública'. Sanidade dijo que esta cuestión está recogida en la ley aprobada en 2008, por lo que 'no supone ninguna novedad legislativa'.
El departamento de la Xunta explicó que sería de aplicación en casos de fraude, cuando un trabajador activo utiliza la receta farmacéutica utilizando la tarjeta sanitaria de una persona jubilada o cuando un asegurado de una mutua con derecho a elegir entre la aseguradora privada o sanidad pública elige la privada y utiliza irregularmente los servicios públicos. Sanidade afirmó que se han producido casos con usuarios de Muface, Mugeju e Isfas, entre otros.
También aseguró que se puede aplicar a personas que acudiesen a un centro de salud y dañasen el mobiliario y se produjesen lesiones que tuvieran que ser tratadas en el sistema público, al tiempo que consideró 'sorprendente que los partidos de la oposición manifiesten su apoyo al uso irregular de la sanidad pública'.
EXTRANJEROS CON RECURSOS
Por otra parte, Sanidade defendió que está cumpliendo la directiva de la Unión Europea, trasladada por el Ministerio de Sanidad en julio, para luchar contra el fraude por el que ciudadanos extranjeros 'con recursos económicos en su país' puedan acceder al sistema sanitario de modo irregular, ya que para ellos existen otras vías de asistencia estipuladas en convenios internacionales y que permite que España recupere el coste de esta asistencia.
La Xunta sostiene que en esta regulación utiliza la definición 'residencia habitual' instaurada por el Gobierno a través de la web del Ministerio de Economía y Hacenda, en la que se recoge que para ella es preciso residir 183 días en territorio del Estado. Es la Seguridad Social el organismo que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria, mientras que las comunidades autónomas son las que acreditan el derecho referido mediante las tarjetas sanitarias, según apuntó Sanidade.
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abogó por lograr 'un gran acuerdo para pagar todo lo que debe' el Sistema Nacional de Salud y, preguntado acerca de si habrá copago, cuestionó que se vaya a implantar este sistema 'después de tantos años anunciado y nunca puesto en marcha'.
El departamento de la Xunta explicó que sería de aplicación en casos de fraude, cuando un trabajador activo utiliza la receta farmacéutica utilizando la tarjeta sanitaria de una persona jubilada o cuando un asegurado de una mutua con derecho a elegir entre la aseguradora privada o sanidad pública elige la privada y utiliza irregularmente los servicios públicos. Sanidade afirmó que se han producido casos con usuarios de Muface, Mugeju e Isfas, entre otros.
También aseguró que se puede aplicar a personas que acudiesen a un centro de salud y dañasen el mobiliario y se produjesen lesiones que tuvieran que ser tratadas en el sistema público, al tiempo que consideró 'sorprendente que los partidos de la oposición manifiesten su apoyo al uso irregular de la sanidad pública'.
EXTRANJEROS CON RECURSOS
Por otra parte, Sanidade defendió que está cumpliendo la directiva de la Unión Europea, trasladada por el Ministerio de Sanidad en julio, para luchar contra el fraude por el que ciudadanos extranjeros 'con recursos económicos en su país' puedan acceder al sistema sanitario de modo irregular, ya que para ellos existen otras vías de asistencia estipuladas en convenios internacionales y que permite que España recupere el coste de esta asistencia.
La Xunta sostiene que en esta regulación utiliza la definición 'residencia habitual' instaurada por el Gobierno a través de la web del Ministerio de Economía y Hacenda, en la que se recoge que para ella es preciso residir 183 días en territorio del Estado. Es la Seguridad Social el organismo que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria, mientras que las comunidades autónomas son las que acreditan el derecho referido mediante las tarjetas sanitarias, según apuntó Sanidade.
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abogó por lograr 'un gran acuerdo para pagar todo lo que debe' el Sistema Nacional de Salud y, preguntado acerca de si habrá copago, cuestionó que se vaya a implantar este sistema 'después de tantos años anunciado y nunca puesto en marcha'.
