Una delegación del comité de empresa y de la junta de personal de los servicios centrales de la administración gallega ha demandado de los grupos parlamentarios que se opongan al proyecto de Ley de recortes en la Función Pública, que mañana tramitará la Cámara por el procedimiento de urgencia.
El coordinador del área pública de Comisiones Obreras, Ramiro Otero, declaró a los informadores en el Parlamento que su intención es plantear a los grupos la posición de las organizaciones sindicales constituidas en plataforma de unidad de acción sindical, para que apoyen la retirada del proyecto de ley, que mañana concluirá su tramitación 'con nocturnidad y alevosía'.
El sindicalista lamentó que hoy, en la primera reunión con los grupos, el socialista les haya entregado la exposición de motivos, donde el Gobierno expone los argumentos de su decisión.
Gracias a los grupos -dijo- 'fuimos capaces de tener en la mano en este momento el motivo y la idea de la rebaja', un documento que venían demandando 'desde hace tiempo' y del que disponen el día anterior a su debate en la Cámara.
En su opinión, ello demuestra que la negativa de las organizaciones sindicales al debate de la medida 'tenía un sentido claro, que era la falta de información por parte de la Xunta'.
En el mismo sentido se manifestó la responsable del área pública de la CIG, Carme López Santamariña, quien recordó que los representantes de los trabajadores se negaron a debatir el asunto punto por punto, porque todos los artículos son 'lesivos para los trabajadores y para el conjunto de los servicios públicos'.
López Santamariña demandó 'que se nos permita negociar y hablar pormenorizadamente de cómo se puede racionalizar la administración pública' y agregó que 'demandamos y seguimos demandando y demandaremos siempre la defensa de los servicios públicos con carácter universal'.
José Francisco Méndez Castro, presidente CSIF-Galicia, dijo que este proyecto supone 'la falta absoluta de negociación con los empleados públicos' y defendió 'unos servicios públicos que son modélicos'.
En este sentido, insistió en que tenemos 'una de las mejores sanidades del mundo, el sexto mejor sistema sanitario a nivel mundial y uno de los más baratos, que no llega al 6 por ciento del PIB, igual que nuestra administración general, que la enseñanza o las universidades, con unos costes muy económicos, el 6 por ciento, dos puntos por debajo de la media europea', reiteró.
El sindicalista dijo que las organizaciones 'estamos dispuestos a trabajar en la búsqueda de eficacia y eficiencia en los servicios públicos' y, 'si hay casos de absentismo que no se deben dar, estamos dispuestos a apoyar las medidas para reducirlo, para prevenirlo'.
También se mostró su disposición 'a trabajar en el plan de ordenación de los recursos humanos, para que los servicios públicos tengan los empleados que necesitan, ni más ni menos, pero sí los justos que se necesitan para dar unos servicios de calidad'.
Por su parte, José Vázquez, responsable de UGT autonómica, pidió que 'la xunta permita negociar a los sindicatos y, si quieren sacar alguna ley, que sea negociada previamente'.
Subrayó que los sindicatos 'no queremos que negocien el convenio a través de una ley', porque 'sería un mal precedente para todos los trabajadores públicos y, si se sienta ese precedente, tendremos que recurrirlo, porque entendemos que va contra la legislación laboral'.
El sindicalista lamentó que hoy, en la primera reunión con los grupos, el socialista les haya entregado la exposición de motivos, donde el Gobierno expone los argumentos de su decisión.
Gracias a los grupos -dijo- 'fuimos capaces de tener en la mano en este momento el motivo y la idea de la rebaja', un documento que venían demandando 'desde hace tiempo' y del que disponen el día anterior a su debate en la Cámara.
En su opinión, ello demuestra que la negativa de las organizaciones sindicales al debate de la medida 'tenía un sentido claro, que era la falta de información por parte de la Xunta'.
En el mismo sentido se manifestó la responsable del área pública de la CIG, Carme López Santamariña, quien recordó que los representantes de los trabajadores se negaron a debatir el asunto punto por punto, porque todos los artículos son 'lesivos para los trabajadores y para el conjunto de los servicios públicos'.
López Santamariña demandó 'que se nos permita negociar y hablar pormenorizadamente de cómo se puede racionalizar la administración pública' y agregó que 'demandamos y seguimos demandando y demandaremos siempre la defensa de los servicios públicos con carácter universal'.
José Francisco Méndez Castro, presidente CSIF-Galicia, dijo que este proyecto supone 'la falta absoluta de negociación con los empleados públicos' y defendió 'unos servicios públicos que son modélicos'.
En este sentido, insistió en que tenemos 'una de las mejores sanidades del mundo, el sexto mejor sistema sanitario a nivel mundial y uno de los más baratos, que no llega al 6 por ciento del PIB, igual que nuestra administración general, que la enseñanza o las universidades, con unos costes muy económicos, el 6 por ciento, dos puntos por debajo de la media europea', reiteró.
El sindicalista dijo que las organizaciones 'estamos dispuestos a trabajar en la búsqueda de eficacia y eficiencia en los servicios públicos' y, 'si hay casos de absentismo que no se deben dar, estamos dispuestos a apoyar las medidas para reducirlo, para prevenirlo'.
También se mostró su disposición 'a trabajar en el plan de ordenación de los recursos humanos, para que los servicios públicos tengan los empleados que necesitan, ni más ni menos, pero sí los justos que se necesitan para dar unos servicios de calidad'.
Por su parte, José Vázquez, responsable de UGT autonómica, pidió que 'la xunta permita negociar a los sindicatos y, si quieren sacar alguna ley, que sea negociada previamente'.
Subrayó que los sindicatos 'no queremos que negocien el convenio a través de una ley', porque 'sería un mal precedente para todos los trabajadores públicos y, si se sienta ese precedente, tendremos que recurrirlo, porque entendemos que va contra la legislación laboral'.
