El conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, celebró que la aprobación de la reforma de la Ley de Desarrollo Comarcal de Galicia supone la eliminación de 35 chiringuitos de una tacada, ya que disuelve la Sociedade de Desenvolvemento Comarcal (Sodeco) y desvincula al Gobierno gallego de las 34 fundaciones comarcales.
Ante el pleno del Parlamento, el titular de Medio Rural aplaudió que la Xunta se desvincule de esas 34 fundaciones que carecen de utilidad pública, de modo que coincidió con la diputada del BNG Tareixa Paz, quien entendió que la inutilidad de estos entes quedó constatada.
Así, aseguró que la Xunta no eliminará ningún puesto de trabajo, sino que se desvinculará de los patronatos --en los que se encontraba en minoría-y explicó que las funciones de Sodeco y sus empleados serán asumidos por la Agencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y el Banco de Terras de Galicia (Bantegal). Porque la Xunta no está dispuesta a continuar con el despilfarro, remarcó Paz.
Del mismo modo, la diputada socialista Marisol Soneira achacó el cambio en el modelo comarcal a que el anterior fracasó y propició que muchas personas, sobre todo los jóvenes, abandonaran las áreas rurales hacia las ciudades, las cabeceras de comarcas e incluso el exterior.
Frente a esto, apostó por uno nuevo que ayude a corregir y revertir las diferencias entre el medio rural y el urbano y consideró que el PPdeG no lo acepta porque quiere un modelo caciquil en el que no haya las mismas reglas para todos.
POSTURA DEL PPdeG
En el lado contrario, el diputado del PPdeG Antonio Rodríguez Miranda rechazó una ley que supone un nuevo ejemplo del desinterés del Gobierno gallego en relación con las comarcas, puesto que destruirá su desarrollo sin plantear una alternativa.
Además, vinculó este texto legal con los últimos estertores del furor normativo de última hora del Gobierno bipartito que, a su juicio, aprobó en tres meses lo que no hizo en tres años.
Aunque admitió la necesidad de modificar y adaptar el modelo comarcal, insinuó que los grupos que sustentan la acción de gobierno no tienen un modelo común y lamentó que sus desencuentros continuos provocaron que Galicia perdiera tres años.
Finalmente, concluyó que la Xunta pretende eliminar los instrumentos comarcales porque no es capaz de hacerlos funcionar.
Eligen la vía rápida, criticó, y utilizó un comunicado sindical que denuncia un despido encubierto de la Consellería de Medio Rural en las fundaciones comarcales para reafirmar que el Gobierno gallego destruye empleo estable en momentos de crisis.
Lo nunca visto, sentenció Rodríguez Miranda, tras lo que aseguró sentirse mucho más cerca de poder volver a gobernar Galicia después de que los grupos que sustentan la acción de gobierno aprueben esta ley sectaria.
TRABAJADORES
En cuanto a los puestos de trabajo, Tareixa Paz garantizó que el departamento que dirige Alfredo Suárez Canal tiene predisposición para seguir colaborando con las fundaciones comarcales si ofrecen algún proyecto.
Al respecto, Soneira matizó que si las fundaciones echan el cierre es porque no tienen proyectos, tras lo cual quedaría demostrado que la Xunta era su única fuente de financiación, pese a encontrarse en minoría en un patronato dominado por alcaldes del PP.
Por su parte, Rodríguez Miranda fue criticado por su demagogia, después de nombrar -por sus nombres de pilaa los empleados de las fundaciones que, sostuvo, perderán sus trabajos.
MANIFESTACION
Por su parte, el colectivo de trabajadores afectados se volvió a manifestar hoy ante las puertas del Parlamento gallego, cerrando al tráfico parte de la calle de O Hórreo, para mostrar su malestar por el la desvergüenza de Medio Rural y Presidencia por despedirlos tras la desvinculación de la Xunta de la gestión de las fundaciones.
El portavoz de CC.OO. en este asunto, Benxamín Vence, indicó, en declaraciones a Europa Press, que, pese a que hoy se haya aprobado la reforma de la ley, los mandatarios autonómicos aún tienen tiempo de reconducir la situación ante lo que calificó de despidos alegremente de una treintena de trabajadores.
A este respecto, aseguró que los afectados no se van a quedar quietos y agotarán la vía de la reivindicación en la calle, tras lo que apeló al diálogo de la Administración gallega para que se integren en el sistema público tras diez años trabajando en él, tal y como se hizo con los 128 trabajadores de la Sociedade de Desenvolvemento Comarcal, que se integraron en la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).
Así, aseguró que la Xunta no eliminará ningún puesto de trabajo, sino que se desvinculará de los patronatos --en los que se encontraba en minoría-y explicó que las funciones de Sodeco y sus empleados serán asumidos por la Agencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y el Banco de Terras de Galicia (Bantegal). Porque la Xunta no está dispuesta a continuar con el despilfarro, remarcó Paz.
Del mismo modo, la diputada socialista Marisol Soneira achacó el cambio en el modelo comarcal a que el anterior fracasó y propició que muchas personas, sobre todo los jóvenes, abandonaran las áreas rurales hacia las ciudades, las cabeceras de comarcas e incluso el exterior.
Frente a esto, apostó por uno nuevo que ayude a corregir y revertir las diferencias entre el medio rural y el urbano y consideró que el PPdeG no lo acepta porque quiere un modelo caciquil en el que no haya las mismas reglas para todos.
POSTURA DEL PPdeG
En el lado contrario, el diputado del PPdeG Antonio Rodríguez Miranda rechazó una ley que supone un nuevo ejemplo del desinterés del Gobierno gallego en relación con las comarcas, puesto que destruirá su desarrollo sin plantear una alternativa.
Además, vinculó este texto legal con los últimos estertores del furor normativo de última hora del Gobierno bipartito que, a su juicio, aprobó en tres meses lo que no hizo en tres años.
Aunque admitió la necesidad de modificar y adaptar el modelo comarcal, insinuó que los grupos que sustentan la acción de gobierno no tienen un modelo común y lamentó que sus desencuentros continuos provocaron que Galicia perdiera tres años.
Finalmente, concluyó que la Xunta pretende eliminar los instrumentos comarcales porque no es capaz de hacerlos funcionar.
Eligen la vía rápida, criticó, y utilizó un comunicado sindical que denuncia un despido encubierto de la Consellería de Medio Rural en las fundaciones comarcales para reafirmar que el Gobierno gallego destruye empleo estable en momentos de crisis.
Lo nunca visto, sentenció Rodríguez Miranda, tras lo que aseguró sentirse mucho más cerca de poder volver a gobernar Galicia después de que los grupos que sustentan la acción de gobierno aprueben esta ley sectaria.
TRABAJADORES
En cuanto a los puestos de trabajo, Tareixa Paz garantizó que el departamento que dirige Alfredo Suárez Canal tiene predisposición para seguir colaborando con las fundaciones comarcales si ofrecen algún proyecto.
Al respecto, Soneira matizó que si las fundaciones echan el cierre es porque no tienen proyectos, tras lo cual quedaría demostrado que la Xunta era su única fuente de financiación, pese a encontrarse en minoría en un patronato dominado por alcaldes del PP.
Por su parte, Rodríguez Miranda fue criticado por su demagogia, después de nombrar -por sus nombres de pilaa los empleados de las fundaciones que, sostuvo, perderán sus trabajos.
MANIFESTACION
Por su parte, el colectivo de trabajadores afectados se volvió a manifestar hoy ante las puertas del Parlamento gallego, cerrando al tráfico parte de la calle de O Hórreo, para mostrar su malestar por el la desvergüenza de Medio Rural y Presidencia por despedirlos tras la desvinculación de la Xunta de la gestión de las fundaciones.
El portavoz de CC.OO. en este asunto, Benxamín Vence, indicó, en declaraciones a Europa Press, que, pese a que hoy se haya aprobado la reforma de la ley, los mandatarios autonómicos aún tienen tiempo de reconducir la situación ante lo que calificó de despidos alegremente de una treintena de trabajadores.
A este respecto, aseguró que los afectados no se van a quedar quietos y agotarán la vía de la reivindicación en la calle, tras lo que apeló al diálogo de la Administración gallega para que se integren en el sistema público tras diez años trabajando en él, tal y como se hizo con los 128 trabajadores de la Sociedade de Desenvolvemento Comarcal, que se integraron en la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).
