La crisis de las vacas locas, en 2001, obligó a las autoridades sanitarias a extremar los controles sobre la carne de vacuno, estableciendo la obligatoriedad de un certificado veterinario para controlar a los animales antes de su traslado al matadero y detectar así posibles casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB).
El gobierno gallego fue el único de España que asumió los gastos de este control para evitar que aumentasen los costes de producción de los ganaderos. Los colegios de veterinarios asumieron la expedición de estos documentos hasta que, hace dos años, la Xunta decidió adjudicar le esta función a Tragsa. Los veterinarios denunciaron en ese momento que algunos técnicos de esa empresa no tenían la titulación requerida y que el servicio se había encarecido considerablemente; la consellería de Medio Rural restó crédito a estas acusaciones y defendió la profesionalidad de los trabajadores de Tragsa.
En octubre del año pasado se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la orden que derogaba el certificado veterinario EEB; el gobierno considera suficientes los controles que realizan los profesionales asignados a cada matadero. El Consejo General de Veterinarios solicitó la suspensión de esta orden por considerarla contraria al reglamento europeo y la Audiencia Nacional le dio la razón, suspen diendo cautelarmente la decisión del gobierno español, que ya ha recurrido la decisión del juez.
Los veterinarios son quienes deben controlar que los animales cumplen con todas las exigencias y plasmar esas garantías en un certificado real, indica Uxío Rei, presidente del Consello Galego de Veterinarios. Tiene que haber una certificación del estado del animal en el momento que éste sale de la granja, independientemente de las inspecciones que se realicen en los mataderos.
En octubre del año pasado se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la orden que derogaba el certificado veterinario EEB; el gobierno considera suficientes los controles que realizan los profesionales asignados a cada matadero. El Consejo General de Veterinarios solicitó la suspensión de esta orden por considerarla contraria al reglamento europeo y la Audiencia Nacional le dio la razón, suspen diendo cautelarmente la decisión del gobierno español, que ya ha recurrido la decisión del juez.
Los veterinarios son quienes deben controlar que los animales cumplen con todas las exigencias y plasmar esas garantías en un certificado real, indica Uxío Rei, presidente del Consello Galego de Veterinarios. Tiene que haber una certificación del estado del animal en el momento que éste sale de la granja, independientemente de las inspecciones que se realicen en los mataderos.
