Una decena de abogados y técnicos de Patrimonio han llegado en la mañana de este miércoles al Pazo de Meirás para iniciar el "largo" inventario de bienes interiores y exteriores ordenado por las autoridades judiciales para evitar que se "muevan" por la familia Franco, antes de devolver provisionalmente el inmueble al Estado.
Esta nueva fase del proceso en la antigua residencia de verano del dictador, ubicada en Sada (A Coruña), ha causado gran expectación mediática y también una división en el entorno coruñés, con partidarios y detractores de la sentencia que obliga a los herederos a devolver el inmueble al patrimonio público.
Poco después de empezar este inventario un conductor ha coreado "Viva España" al pasar por el pazo.
La expectación que genera este caso ha atraído a una veintena de periodistas que siguen la actualidad apostados a las puertas del palacete, vigilado por seis agentes de la Guardia Civil, cuatro en el exterior de la Unidad de Seguridad Ciudadana y dos en el interior, siguiendo la orden judicial de vigilar el inmueble.
La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, ha decretado este inventario como medida cautelar solicitada el pasado lunes por el Estado.
Esa medida aspira a "preservar la integridad" del inmueble antes de que el próximo 10 de diciembre se ejecute provisionalmente la sentencia que declara que es público y de que la familia Franco proceda a su entrega de forma voluntaria.
La Administración advirtió del "riesgo" de que el inmueble "sea vaciado sin ningún tipo de constancia de los bienes de su interior".
El registro comenzó sobre las 10:30 horas, como estaba previsto, toda vez que a partir de las diez llegaron al pazo dos abogados del Estado, dos de la Xunta, uno de la familia Franco y otro más del Ayuntamiento de Sada, así como la jueza del caso y cuatro técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta, que poco después de entrar en la propiedad recorrieron el exterior.
