El Valedor do Pobo destacó hoy que su mediación permitió resolver las 71 quejas que ciudadanos presentaron por los incidentes registrados en el concierto de Bruce Springsteen celebrado el pasado 2 de agosto en el Monte do Gozo en Santiago.
Según informó hoy la institución en un comunicado, las actuaciones emprendidas por diferentes administraciones implicadas permitieron al valedor, Benigno López, 'resolver los más de 70 expedientes de queja abiertos'. En la mayor parte de los casos las reclamaciones se centraban en reivindicar sus derechos como consumidores.
En este sentido, indicó que la existencia de una propuesta de sanción a la empresa distribuidora, así como la posibilidad de que los afectados lleguen a acuerdos amigables relativos a los daños y perjuicios ocasionados, medidas de las que informó recientemente al Valedor el Instituto Galego de Consumo, le hacen deducir que 'la actuación de la administración en este concreto ámbito parece adecuada'.
Sin embargo, señaló que 'no ocurre lo mismo' en lo referido a las cuestiones de seguridad y control del acceso al recinto, en las que la investigación del Valedor do Pobo implicó tanto a las consellerías de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza y a la de Cultura e Turismo, además de al Ayuntamiento de Santiago, con el fin de 'aclarar las responsabilidades'.
En relación al Ayuntamiento, apuntó que en los dos informes remitidos al defensor gallego 'dejar de aclarar' lo actuado en lo referido a la organización y despliegue de efectivos de Protección Civil o las medidas exigidas por el incremento de aforo, según se recoge en las resoluciones firmadas con fecha de hoy por el Valedor y que llegarán 'en breve' a los afectados.
COMPETENCIAS
En este sentido, el Valedor apuntó que el Ayuntamiento 'limita' sus competencias al tráfico y el transporte al Monte do Gozo y el 'acompañamiento del artista desde el aeropuerto de Lavacolla hasta el recinto del concierto algo que, según subrayó, 'resulta llamativo'.
Por su parte, el informe de la Consellería de Presidencia hace hincapié que 'en materia de protección civil la competencia corresponde a los ayuntamientos' e incluso las que 'tienen que ver con la autorización de incremento de aforo y las obras correspondientes'.
Según informa el Valedor, el Consistorio compostelano así lo reconoce en sus escritos 'aunque sin aclarar las medidas que en el ámbito de la seguridad fueron aplicadas por tal circunstancia'.
La Consellería de Cultura e Turismo, por su lado, como titular del recinto, manifestó que lo cedió a una empresa privada por medio de un contrato que incluía que la Sociedad de Xestión del Plan Xacobeo 'en ningún caso se responsabiliza de los accesos y transportes públicos ni seguridad, aparcamientos, ni facilitará personal ni oficinas'.
Por ese acuerdo la empresa asumía 'en exclusiva' todas las responsabilidades derivadas de la organización y gestión de estos aspectos. 'No parece que pueda derivarse responsabilidad de esta condición, ni tampoco es materialmente responsable de competencia alguna en materia de seguridad', concluyó el Valedor.
Por todo ello, la institución entiende que 'no parece necesario continuar la investigación de los 71 expedientes', aunque se reserva el derecho a reabrirla 'en el caso de que los afectados aporten nuevos datos'. Finalmente, anunció que las actuaciones de las diferentes administraciones y órganos 'serán objeto de un amplio comentario' en el próximo informe que dirija al Parlamento.
En este sentido, indicó que la existencia de una propuesta de sanción a la empresa distribuidora, así como la posibilidad de que los afectados lleguen a acuerdos amigables relativos a los daños y perjuicios ocasionados, medidas de las que informó recientemente al Valedor el Instituto Galego de Consumo, le hacen deducir que 'la actuación de la administración en este concreto ámbito parece adecuada'.
Sin embargo, señaló que 'no ocurre lo mismo' en lo referido a las cuestiones de seguridad y control del acceso al recinto, en las que la investigación del Valedor do Pobo implicó tanto a las consellerías de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza y a la de Cultura e Turismo, además de al Ayuntamiento de Santiago, con el fin de 'aclarar las responsabilidades'.
En relación al Ayuntamiento, apuntó que en los dos informes remitidos al defensor gallego 'dejar de aclarar' lo actuado en lo referido a la organización y despliegue de efectivos de Protección Civil o las medidas exigidas por el incremento de aforo, según se recoge en las resoluciones firmadas con fecha de hoy por el Valedor y que llegarán 'en breve' a los afectados.
COMPETENCIAS
En este sentido, el Valedor apuntó que el Ayuntamiento 'limita' sus competencias al tráfico y el transporte al Monte do Gozo y el 'acompañamiento del artista desde el aeropuerto de Lavacolla hasta el recinto del concierto algo que, según subrayó, 'resulta llamativo'.
Por su parte, el informe de la Consellería de Presidencia hace hincapié que 'en materia de protección civil la competencia corresponde a los ayuntamientos' e incluso las que 'tienen que ver con la autorización de incremento de aforo y las obras correspondientes'.
Según informa el Valedor, el Consistorio compostelano así lo reconoce en sus escritos 'aunque sin aclarar las medidas que en el ámbito de la seguridad fueron aplicadas por tal circunstancia'.
La Consellería de Cultura e Turismo, por su lado, como titular del recinto, manifestó que lo cedió a una empresa privada por medio de un contrato que incluía que la Sociedad de Xestión del Plan Xacobeo 'en ningún caso se responsabiliza de los accesos y transportes públicos ni seguridad, aparcamientos, ni facilitará personal ni oficinas'.
Por ese acuerdo la empresa asumía 'en exclusiva' todas las responsabilidades derivadas de la organización y gestión de estos aspectos. 'No parece que pueda derivarse responsabilidad de esta condición, ni tampoco es materialmente responsable de competencia alguna en materia de seguridad', concluyó el Valedor.
Por todo ello, la institución entiende que 'no parece necesario continuar la investigación de los 71 expedientes', aunque se reserva el derecho a reabrirla 'en el caso de que los afectados aporten nuevos datos'. Finalmente, anunció que las actuaciones de las diferentes administraciones y órganos 'serán objeto de un amplio comentario' en el próximo informe que dirija al Parlamento.
