El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, aseguró que desde su estamento se agotarán todas las vías judiciales para defender a los afectados por participaciones preferentes, y dijo que no descarta acudir al Tribunal Constitucional (TC) en defensa de la 'protección efectiva' de los consumidores. Varela compareció ayer en la Comisión de Justicia de la Cámara gallega para informar de la Memoria de la Fiscalía del año 2011.
En el caso de las preferentes explicó que la decisión de presentar una demanda colectiva evitaría el colapso de los juzgados de Galicia con miles de procedimientos individuales. En este sentido, dijo que la Fiscalía gallega presentó una demanda colectiva por la vía denominada 'de intereses difusos' para solicitar la nulidad de los contratos de preferentes y la devolución del dinero a los perjudicados.
Varela afirmó que dicha demanda, rechazada en primera instancia por un juzgado de A Coruña, pudo 'asustar' al órgano judicial, principalmente en lo referido al 'escenario de ejecución'. Esta circunstancia, a juicio del fiscal, 'pesó mucho' en la decisión judicial, que sostuvo en el fallo que la Fiscalía sólo estaba legitimada para solicitar la acción de nulidad pero no las de cesación y resarcimiento, como planteaba en la demanda.
'Lo que le pedimos al juzgado es que aplique la legislación comunitaria, que dice que cuando el juzgado declare que los efectos de una práctica abusiva siguen subsistiendo lo que tiene que hacer, de oficio, según el Tribunal Europeo, es declarar la nulidad del contrato y la consiguiente liberación de los depósitos', afirmó. Subrayó que el Constitucional contempla que 'la protección a los consumidores tiene que ser efectiva' y, en este sentido, dijo que 'la legitimación del Ministerio Fiscal para la tutela del derecho de los consumidores supondría un reconocimiento por parte del Constitucional que no se nos puede negar'.
Varela afirmó que dicha demanda, rechazada en primera instancia por un juzgado de A Coruña, pudo 'asustar' al órgano judicial, principalmente en lo referido al 'escenario de ejecución'. Esta circunstancia, a juicio del fiscal, 'pesó mucho' en la decisión judicial, que sostuvo en el fallo que la Fiscalía sólo estaba legitimada para solicitar la acción de nulidad pero no las de cesación y resarcimiento, como planteaba en la demanda.
'Lo que le pedimos al juzgado es que aplique la legislación comunitaria, que dice que cuando el juzgado declare que los efectos de una práctica abusiva siguen subsistiendo lo que tiene que hacer, de oficio, según el Tribunal Europeo, es declarar la nulidad del contrato y la consiguiente liberación de los depósitos', afirmó. Subrayó que el Constitucional contempla que 'la protección a los consumidores tiene que ser efectiva' y, en este sentido, dijo que 'la legitimación del Ministerio Fiscal para la tutela del derecho de los consumidores supondría un reconocimiento por parte del Constitucional que no se nos puede negar'.
