La vicepresidencia del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, propuso el voto electrónico para que los residentes ausentes puedan ejercer su derecho al voto utilizando las las nuevas tecnologías como una buena herramienta de trabajo puesto que, insistió, existen dificultades técnicas para instalar urnas en las distintas sedes consulares de España en el exterior.
De la Vega compareció ante la Comisión Constitucional para abordar las posibles reformas de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). La modificación de esta normativa para que los residentes ausentes votasen en urna se materializó una proposición de Ley Orgánica el Parlamento de Galicia el 14 de julio, en la que por unanimidad reclama al Gobierno central que habilite el voto en urna ante las próximas elecciones autonómicas.
Esta reforma se recoge como imperativo en el Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior aprobado en la pasada legislatura, por lo que todos los grupos del Hemiciclo, a excepción del PSOE, coincidieron en la necesidad de acometerla a la mayor brevedad, sin esperar a la puesta en marcha de un sistema seguro y eficaz de voto electrónico. De la Vega, no obstante, aseguró que incluso está dispuesta a que se vea esa proposición de ley antes si así lo acuerdan los grupos en la subcomisión, pero calificó la iniciativa de ley que piensa en las Elecciones gallegas.
En este sentido se pronunciaron los portavoces del Grupo Mixto, Francisco Jorquera, y del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Vera, que trasladaron a la vicepresidenta la necesidad de que utilizando como base el documento aprobado en Galicia, se elabore una propuesta que pueda comenzar a ser debatida en sede parlamentaria a mediados de septiembre para que esté operativa de cara a los comicios.
COARTADA
Francisco Jorquera considera una coartada los argumentos de la vicepresidenta del Gobierno e incidió en que si hay voluntad política los problemas técnicos se solucionan perfectamente.
Tuvieron mucho tiempo para tratar este tema, espetó el diputado nacionalista y subrayó su extrañeza por el argumento utilizado porque España está acostumbrada a ver a los inmigrantes votando en urna.
Por ello, reprobó esa explicación dada por De la Vega e interpretó que lo dicho hoy dista mucho de ser satisfactorio y advirtió de que algunos de sus argumentos le parecen indignantes, tales como las dificultades técnicas o la consideración de que la vía adecuada es la subcomisión.
CRITICAS DEL PP
El representante 'popular' añadió que si para el 15 de septiembre no existe un texto sobre el que trabajar, la formación buscará consensuar su propia propuesta con el resto de grupos de la Cámara y la someterá a votación en el Pleno. No quiero que el Gobierno ni el Grupo Socialista se queden solos en estas materias porque la Ley Electoral es cosa de todos, agregó Vera.
De la Vega contestó a los diputados que, siempre y cuando la subcomisión creada para el estudio de estas reformas acote todas las cláusulas y todos los aspectos que se derivan de las mismas, el Gobierno no tendrá inconveniente en promover la propuesta que de ella se emane a principios de septiembre. Para lograrlo, la subcomisión deberá trabajar en agosto mediante la solicitud de creación de una Diputación Permanente, lo cual aún no se ha decidido.
El BNG cuestionó a la vicepresidenta primera por si el Ejecutivo tenía intención de impulsar un proyecto de ley sobre este tema, a lo que María Teresa Fernández de la Vega respondió que el Gobierno asumirá la regulación que acuerden por consenso los grupos de la Cámara, en alusión a la mencionada subcomisión, según interpretan los nacionalistas.
VOTACION INMIGRANTES
Los inmigrantes procedentes de países como Ecuador, Brasil, Guatemala, República Dominicana, India, Argelia o Pakistán no podrán votar en España a menos que sus gobiernos nacionales emprendan las reformas legales pertinentes, mientras que los nacidos en Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela podrían ser los primeros no comunitarios en ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales, según explicó hoy en el Congreso la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Estos son los países con los que España tiene ratificados Tratados de Cooperación y Amistad que ya contemplan la extensión del derecho a voto en las elecciones municipales y cuyas legislaciones nacionales no impiden a los españoles allí emigrados participar en el sistema electoral, condición que impone el Artículo 13.2 de la Constitución para extender el sufragio a los inmigrantes.
EMBAJADOR EN MISION ESPECIAL
De la Vega anunció que el Gobierno nombrará a un Embajador en misión especial para desarrollar los citados tratados de amistad garantizando la reciprocidad en el derecho a voto y firmar nuevos convenios con otros países cuya legislación los permite, como Bolivia, Paraguay, Perú o Islandia. Según afirmó, el funcionario comenzará las negociaciones por aquellos Estados que cuentan con mayor número de inmigrantes residentes en España.
Sin embargo, el arco parlamentario debe consensuar previamente qué interpretación jurídica se da a la imposición constitucional de reciprocidad, porque, tal y como explicó De la Vega, de la forma en que se entienda este término dependerá con qué países se puede establecer un tratado, ya que no todos los Estados democráticos cuentan con un sistema electoral estrictamente equiparable al español.
Según comentó, el Gobierno no tiene constancia de que haya alguna sentencia del Tribunal Constitucional que de forma directa haya precisado qué ha de entenderse por 'criterios de reciprocidad', por lo que el objetivo del Ejecutivo es explorar y acordar en sede parlamentaria las diversas propuestas interpretativas que formulen los grupos políticos.
Estamos dispuestos a trabajar por encontrar, dentro de la Constitución, aquellas fórmulas que nos permitan extender ese derecho de voto al mayor número posible de extranjeros con residencia permanente en España, declaró De la Vega, para quien si viven con nosotros y trabajan con nosotros (...) es de justicia que también puedan decidir con nosotros.
Esta reforma se recoge como imperativo en el Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior aprobado en la pasada legislatura, por lo que todos los grupos del Hemiciclo, a excepción del PSOE, coincidieron en la necesidad de acometerla a la mayor brevedad, sin esperar a la puesta en marcha de un sistema seguro y eficaz de voto electrónico. De la Vega, no obstante, aseguró que incluso está dispuesta a que se vea esa proposición de ley antes si así lo acuerdan los grupos en la subcomisión, pero calificó la iniciativa de ley que piensa en las Elecciones gallegas.
En este sentido se pronunciaron los portavoces del Grupo Mixto, Francisco Jorquera, y del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Vera, que trasladaron a la vicepresidenta la necesidad de que utilizando como base el documento aprobado en Galicia, se elabore una propuesta que pueda comenzar a ser debatida en sede parlamentaria a mediados de septiembre para que esté operativa de cara a los comicios.
COARTADA
Francisco Jorquera considera una coartada los argumentos de la vicepresidenta del Gobierno e incidió en que si hay voluntad política los problemas técnicos se solucionan perfectamente.
Tuvieron mucho tiempo para tratar este tema, espetó el diputado nacionalista y subrayó su extrañeza por el argumento utilizado porque España está acostumbrada a ver a los inmigrantes votando en urna.
Por ello, reprobó esa explicación dada por De la Vega e interpretó que lo dicho hoy dista mucho de ser satisfactorio y advirtió de que algunos de sus argumentos le parecen indignantes, tales como las dificultades técnicas o la consideración de que la vía adecuada es la subcomisión.
CRITICAS DEL PP
El representante 'popular' añadió que si para el 15 de septiembre no existe un texto sobre el que trabajar, la formación buscará consensuar su propia propuesta con el resto de grupos de la Cámara y la someterá a votación en el Pleno. No quiero que el Gobierno ni el Grupo Socialista se queden solos en estas materias porque la Ley Electoral es cosa de todos, agregó Vera.
De la Vega contestó a los diputados que, siempre y cuando la subcomisión creada para el estudio de estas reformas acote todas las cláusulas y todos los aspectos que se derivan de las mismas, el Gobierno no tendrá inconveniente en promover la propuesta que de ella se emane a principios de septiembre. Para lograrlo, la subcomisión deberá trabajar en agosto mediante la solicitud de creación de una Diputación Permanente, lo cual aún no se ha decidido.
El BNG cuestionó a la vicepresidenta primera por si el Ejecutivo tenía intención de impulsar un proyecto de ley sobre este tema, a lo que María Teresa Fernández de la Vega respondió que el Gobierno asumirá la regulación que acuerden por consenso los grupos de la Cámara, en alusión a la mencionada subcomisión, según interpretan los nacionalistas.
VOTACION INMIGRANTES
Los inmigrantes procedentes de países como Ecuador, Brasil, Guatemala, República Dominicana, India, Argelia o Pakistán no podrán votar en España a menos que sus gobiernos nacionales emprendan las reformas legales pertinentes, mientras que los nacidos en Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela podrían ser los primeros no comunitarios en ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales, según explicó hoy en el Congreso la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Estos son los países con los que España tiene ratificados Tratados de Cooperación y Amistad que ya contemplan la extensión del derecho a voto en las elecciones municipales y cuyas legislaciones nacionales no impiden a los españoles allí emigrados participar en el sistema electoral, condición que impone el Artículo 13.2 de la Constitución para extender el sufragio a los inmigrantes.
EMBAJADOR EN MISION ESPECIAL
De la Vega anunció que el Gobierno nombrará a un Embajador en misión especial para desarrollar los citados tratados de amistad garantizando la reciprocidad en el derecho a voto y firmar nuevos convenios con otros países cuya legislación los permite, como Bolivia, Paraguay, Perú o Islandia. Según afirmó, el funcionario comenzará las negociaciones por aquellos Estados que cuentan con mayor número de inmigrantes residentes en España.
Sin embargo, el arco parlamentario debe consensuar previamente qué interpretación jurídica se da a la imposición constitucional de reciprocidad, porque, tal y como explicó De la Vega, de la forma en que se entienda este término dependerá con qué países se puede establecer un tratado, ya que no todos los Estados democráticos cuentan con un sistema electoral estrictamente equiparable al español.
Según comentó, el Gobierno no tiene constancia de que haya alguna sentencia del Tribunal Constitucional que de forma directa haya precisado qué ha de entenderse por 'criterios de reciprocidad', por lo que el objetivo del Ejecutivo es explorar y acordar en sede parlamentaria las diversas propuestas interpretativas que formulen los grupos políticos.
Estamos dispuestos a trabajar por encontrar, dentro de la Constitución, aquellas fórmulas que nos permitan extender ese derecho de voto al mayor número posible de extranjeros con residencia permanente en España, declaró De la Vega, para quien si viven con nosotros y trabajan con nosotros (...) es de justicia que también puedan decidir con nosotros.
