La Xunta acusó al Ministerio de Vivienda de invadir competencias autonómicas con la creación de una plataforma social para el fomento de la rehabilitación, razón por la cual no participó en el acto de constitución desarrollado ayer en Madrid. La Xunta justifica en un comunicado su ausencia en el acto de constitución de dicha plataforma por 'carecer de información detallada sobre su contenido, funcionamiento y financiación' y considerar que su creación 'puede invadir las competencias autonómicas en materia de vivienda, que corresponden de manera exclusiva a la comunidad'.
La Administración autonómica señala que la plataforma ha sido impulsada de manera unilateral por el Ministerio de Vivienda, 'sin que la Xunta recibiera en ningún momento información detallada sobre los diferentes aspectos de la misma, tales como las actuaciones previstas, sistema organizativo o financiación'. La Xunta añade que el Ministerio de Vivienda 'ni siquiera comunicó el contenido del documento de creación de dicha plataforma' y afirma que no está dispuesta a 'adherirse' a ella sin conocer previamente su contenido.
Asimismo, apunta que la creación de la plataforma 'no solo puede invadir competencias exclusivas de la Xunta, sino que supondrá, en la práctica, la 'duplicidad de funciones ya existentes y la creación de una administración paralela para llevar a cabo esas funciones, duplicando los gastos sin incrementar los resultados'. A este respecto, destaca que Galicia es la comunidad que cuenta con mayor número de oficinas de rehabilitación, un total de 34 en otros tantos municipios gallegos, que están financiadas por el Instituto Galego da Vivenda e Solo y el propio ministerio.
Asimismo, apunta que la creación de la plataforma 'no solo puede invadir competencias exclusivas de la Xunta, sino que supondrá, en la práctica, la 'duplicidad de funciones ya existentes y la creación de una administración paralela para llevar a cabo esas funciones, duplicando los gastos sin incrementar los resultados'. A este respecto, destaca que Galicia es la comunidad que cuenta con mayor número de oficinas de rehabilitación, un total de 34 en otros tantos municipios gallegos, que están financiadas por el Instituto Galego da Vivenda e Solo y el propio ministerio.
