La SGAE nunca descansa. La Sociedad General de Autores y Editores avanza firme en la lucha contra un fraude no siempre comprendido. En su punto de mira está cualquier entidad, asociación o institución que organice o convoque eventos culturales en los que se utiliza música, la SGAE aparece.
No se lo imaginaban los organizadores del Resurrection Fest, el festival de hardcore que el último fin de semana de julio tiñe de negro y siembra de melenas desaliñadas el barrio de Cantarrana en Viveiro (Lugo). Lo que comenzó siendo una excentricidad para un vecindario más acostumbrado al acento madrileño de los turistas que toman A Mariña que a las estridentes melodías de la música más dura, se ha convertido en una cita para los adictos al punk y al hardcore. La afluencia crece exponencialmente y en el pasado verano fueron más de veinte mil las almas que deambularon por las calles de Cobas y agotaron las existencias de los supermercados de la zona.
Ese poder de convocatoria, que fascina a los vecinos de este barrio y satisface a los hosteleros de Cantarrana, tampoco pasa desapercibido para la SGAE. La Sociedad General de Autores y Editores le reclama al concello de Viveiro 90.000 euros por los conciertos que se celebraron desde el año 97 durante las fiestas patronales y en esa deuda se incluyen varias citas de renombre, como el Resurrection Festival.
'Es un abuso en el cobro', denuncia Juan, uno de los promotores del festival. 'Me llama especialmente la atención que incluyan este evento en cuyo cartel figuran numerosos grupos extranjeros. Quieren hacer caja con bandas que, en su mayoría, son foráneas. Y, como prueba, basta con recodar el cartel de la última edición: Toy Dolls, del Reino Unido; Ratos de Porao, de Brasil; Madball, de Nueva York; Mad Caddies, de California; Knuecledust, de Londres; L'Espirit du Clan, de Francia, o For the Glory, de Portugal'.
Reclamaciones como la de Viveiro vienen a empeorar la situación económica de muchos ayuntamientos que llevan varios años en la cuerda floja. Muchos consistorios no encuentran la vía para afrontar los cobros, en muchos casos injustificados. Uno de los primeros en denunciar ese acoso fue el concello de Ribadeo, que presentó facturas de la SGAE en las que le cobraban por conciertos benéficos ofrecidos por los escolares del municipio. La cuenta pendiente de este municipio lucense supera los 9.000 euros.
Las fiestas y eventos culturales organizados por los ayuntamientos son motivo frecuente de disputa. Al consistorio de A Estrada le reclaman más de 62.000 euros por el emplear su repertorio musical sin autorización. 'Alegamos que es una demanda mal fundamentada', argumenta el alcalde José Antonio Dono. 'Tendrán que justificar y especificar cuales son los motivos por los que nos reclaman esas cantidades y hacerlos por la vía correspondiente, sin que nosotros nos enteremos de determinada información por la prensa'.
No es mucho menor la deuda acumulada por las dos asociaciones organizadoras de las últimas cinco ediciones de las fiestas de San Juan en Sarria. La Sociedad General de Autores y Editores les reclama más de 40.000 euros por las fiestas celebradas desde junio de 2005. 'No imaginábamos una cosa igual. Nos van a salir más caras las fiestas que traer a artistas de renombre a nuestros conciertos', lamenta Paula Vázquez, representante de una asociación denunciada. 'Son unas fiestas populares y no entendemos que debamos pagar por actuaciones de orquestas o charangas. El precio es excesivo y, si no hay otra solución, tendremos que destinar la subvención que nos da el ayuntamiento para saldar esta deuda'.
Ese poder de convocatoria, que fascina a los vecinos de este barrio y satisface a los hosteleros de Cantarrana, tampoco pasa desapercibido para la SGAE. La Sociedad General de Autores y Editores le reclama al concello de Viveiro 90.000 euros por los conciertos que se celebraron desde el año 97 durante las fiestas patronales y en esa deuda se incluyen varias citas de renombre, como el Resurrection Festival.
'Es un abuso en el cobro', denuncia Juan, uno de los promotores del festival. 'Me llama especialmente la atención que incluyan este evento en cuyo cartel figuran numerosos grupos extranjeros. Quieren hacer caja con bandas que, en su mayoría, son foráneas. Y, como prueba, basta con recodar el cartel de la última edición: Toy Dolls, del Reino Unido; Ratos de Porao, de Brasil; Madball, de Nueva York; Mad Caddies, de California; Knuecledust, de Londres; L'Espirit du Clan, de Francia, o For the Glory, de Portugal'.
Reclamaciones como la de Viveiro vienen a empeorar la situación económica de muchos ayuntamientos que llevan varios años en la cuerda floja. Muchos consistorios no encuentran la vía para afrontar los cobros, en muchos casos injustificados. Uno de los primeros en denunciar ese acoso fue el concello de Ribadeo, que presentó facturas de la SGAE en las que le cobraban por conciertos benéficos ofrecidos por los escolares del municipio. La cuenta pendiente de este municipio lucense supera los 9.000 euros.
Las fiestas y eventos culturales organizados por los ayuntamientos son motivo frecuente de disputa. Al consistorio de A Estrada le reclaman más de 62.000 euros por el emplear su repertorio musical sin autorización. 'Alegamos que es una demanda mal fundamentada', argumenta el alcalde José Antonio Dono. 'Tendrán que justificar y especificar cuales son los motivos por los que nos reclaman esas cantidades y hacerlos por la vía correspondiente, sin que nosotros nos enteremos de determinada información por la prensa'.
No es mucho menor la deuda acumulada por las dos asociaciones organizadoras de las últimas cinco ediciones de las fiestas de San Juan en Sarria. La Sociedad General de Autores y Editores les reclama más de 40.000 euros por las fiestas celebradas desde junio de 2005. 'No imaginábamos una cosa igual. Nos van a salir más caras las fiestas que traer a artistas de renombre a nuestros conciertos', lamenta Paula Vázquez, representante de una asociación denunciada. 'Son unas fiestas populares y no entendemos que debamos pagar por actuaciones de orquestas o charangas. El precio es excesivo y, si no hay otra solución, tendremos que destinar la subvención que nos da el ayuntamiento para saldar esta deuda'.
