El Gobierno gallego se opone al reciente decreto de ahorro energético promovido por el Ejecutivo central. Una postura en línea con el resto de representantes del PP, quienes piden su retirada, y cuestionan el calado de dichas acciones. Por contra, piden diálogo para desarrollar acciones "de impacto" real. Aun así, la Xunta "acatará" y "cumplirá" la ley.
Así lo ha ratificado, Francisco Conde, quien también ha trasladado la "oposición" de Galicia ante el real decreto.
El vicepresidente ha mostrado que desde Galicia obtendrán la "máxima colaboración" para el cumplimiento de las medidas del decreto si se mantiene, pero ve necesario darle prioridad "a lo que están pidiendo" las familias y el tejido productivo. En esa preocupación de la sociedad gallega ha señalado la importancia de bajar el precio eléctrico, corregir el impacto sobre la inflación e impedir la paralización de la actividad en algunas industrias.
Al término de la reunión, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha descartado que se vaya a modificar o aplazar la entrada en vigor del decreto de ahorro energético, petición que han llevado a cabo las comunidades regidas por el principal partido de la oposición al Ejecutivo Central.
A preguntas de los periodistas y cuando Madrid ya ha adelantado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, Conde ha admitido que, si bien a la Xunta no le gusta el decreto, si el Ejecutivo sigue adelante con él, "acatará" su entrada en funcionamiento y "garantizará" la aplicación de sus medidas.
