La Xunta de Galicia reconoce que algunos contratos vinculados con empresas del narcotraficante Marcial Dorado no se enviaron adjuntos a la documentación remitida a los grupos de la oposición debido a las 'inundaciones' que afectaron al archivo de Coia, en Vigo, donde estaban almacenados. 'Estas inundaciones afectaron gravemente a muchos de los expedientes allí archivados, hasta el punto de que tuvieron que ser destruidos', señala la Xunta en una respuesta remitida al grupo de AGE, difundida por su viceportavoz, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.
Concretamente, estos expedientes se refieren a las extintas delegaciones provinciales de las consellerías de Familia, Muller e Xuventude y de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, correspondientes a los años entre 1990 y 2001, que se fueron almacenando en Coia debido a la 'falta de espacio físico' de las dependencias de las delegaciones provinciales.
Con todo, en el documento remitido a AGE en respuesta a 16 escritos de petición, la Xunta, a través de la jefatura territorial de la Consellería de Traballo e Benestar de Vigo, sí identifica los cinco números de expedientes de los contratos a los que se refiere la petición, vinculados a las empresas Xatevín, Mitulo, Marli y Efectos Navales Arousa.
QUEJA FORMAL
Para Yolanda Díaz, que presentó una 'queja formal' ante la Presidencia de la Cámara, esto demuestra que 'sí se destruyeron' expedientes y pregunta 'quién' es el responsable' de la eliminación de documentos. Además, a su juicio, clarifica las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando dijo que habían sido 'destruidos' documentos.
'Que nos digan clarito cómo se cumplió la ley de patrimonio y si se destruyeron expedientes, quiénes fueron los responsables de esa destrucción. Semejan que saben de lo que hablamos, pero nos dicen, a renglón seguido, que los destruyeron', criticó Yolanda Díaz.
La lectura del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, difiere y, a su entender, esta situación es 'la mejor demostración de que la Xunta no tiene ningún problema a traer lo que tiene' a la Cámara autonómica. Además, el político popular recordó que el Gobierno gallego informó de la existencia de los contratos, que son por importes 'que no llegan a los seis mil euros'. 'Esto da cuenta de la exhaustividad', dijo, de la información enviada.
Por otro lado, Yolanda Díaz aseguró que en los contratos entregados, la Xunta 'siempre omite la parte de la resolución que tiene interés', pero que, aun así, en uno de ellos se ha detectado una irregularidad, con un 'escrito de Marcial Dorado que no tiene desperdicio', según sus propias palabras, y que se refiere a una concesión de una batea para la que pide la prórroga pese a que el plazo había caducado. Concretamente, según los documentos entregados a AGE, la concesión finalizaba el 2 de febrero de 1998 y ese escrito es del 31 de marzo de ese mismo año. Finalmente, como dijo Yolanda Díaz, se 'resuelve autorizar la renovación de la prórroga'. 'La Xunta mira para otro lado, pero vulnera la ley y es un delito', advirtió.
Con todo, en el documento remitido a AGE en respuesta a 16 escritos de petición, la Xunta, a través de la jefatura territorial de la Consellería de Traballo e Benestar de Vigo, sí identifica los cinco números de expedientes de los contratos a los que se refiere la petición, vinculados a las empresas Xatevín, Mitulo, Marli y Efectos Navales Arousa.
QUEJA FORMAL
Para Yolanda Díaz, que presentó una 'queja formal' ante la Presidencia de la Cámara, esto demuestra que 'sí se destruyeron' expedientes y pregunta 'quién' es el responsable' de la eliminación de documentos. Además, a su juicio, clarifica las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando dijo que habían sido 'destruidos' documentos.
'Que nos digan clarito cómo se cumplió la ley de patrimonio y si se destruyeron expedientes, quiénes fueron los responsables de esa destrucción. Semejan que saben de lo que hablamos, pero nos dicen, a renglón seguido, que los destruyeron', criticó Yolanda Díaz.
La lectura del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, difiere y, a su entender, esta situación es 'la mejor demostración de que la Xunta no tiene ningún problema a traer lo que tiene' a la Cámara autonómica. Además, el político popular recordó que el Gobierno gallego informó de la existencia de los contratos, que son por importes 'que no llegan a los seis mil euros'. 'Esto da cuenta de la exhaustividad', dijo, de la información enviada.
Por otro lado, Yolanda Díaz aseguró que en los contratos entregados, la Xunta 'siempre omite la parte de la resolución que tiene interés', pero que, aun así, en uno de ellos se ha detectado una irregularidad, con un 'escrito de Marcial Dorado que no tiene desperdicio', según sus propias palabras, y que se refiere a una concesión de una batea para la que pide la prórroga pese a que el plazo había caducado. Concretamente, según los documentos entregados a AGE, la concesión finalizaba el 2 de febrero de 1998 y ese escrito es del 31 de marzo de ese mismo año. Finalmente, como dijo Yolanda Díaz, se 'resuelve autorizar la renovación de la prórroga'. 'La Xunta mira para otro lado, pero vulnera la ley y es un delito', advirtió.
