La Consellería de Medio Rural participará activamente en la redefinición de las 34 fundaciones comarcales y se involucrará en su proceso de gestión, aunque se desvinculará de ellas por considerar que su inutilidad está certificada, puesto que estos organismos creados por el PPdeG no fueron dotados de contenido.
Así lo aseguró el titular de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, ante el pleno del Parlamento, donde defendió un proyecto de reforma de la ley de desarrollo comarcal que disolverá la Sociedade de Desenvolvemento Comarcal (Sodeco) --de titularidad pública-y que desvinculará al Gobierno gallego de las 34 fundaciones comarcales para racionalizar la estructura administrativa y evitar duplicidades absurdas en la gestión y promoción comarcal.
No obstante, apostó por que los trabajadores de Sodeco sean absorbidos por la propia estructura de la consellería, directamente o a través del Banco de Terras de Galicia (Bantegal) y la Axencia de Desenvolvemento Rural (Agader); mientras que los de las fundaciones comarcales quedarán desvinculados de la Administración pública y pasarán a depender de su patronato.
Frente a esto, el diputado 'popular' Antonio Rodríguez Miranda rechazó esta reforma por discriminatoria, puesto que, a su juicio, los trabajadores de las fundaciones comarcales no gozarán de las mismas garantías de estabilidad laboral que los de Sodeco, cuya solución valoró por justa y razonable.
Sin embargo, criticó que el Gobierno gallego destruya el modelo existente sin proponer una alternativa clara, así como su falta de ideas y proyectos de país, ya que, tal y como apuntó, la Xunta no tiene un modelo de desarrollo rural. De este modo, lamentó que el máximo interés del Ejecutivo se centre en romper con el pasado y con la época Fraga sin pudor.
53 COMARCAS, 34 FUNDACIONES
Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario del BNG Tareixa Paz defendió la propuesta de Suárez Canal puesto que, según indicó, la existencia de estas fundaciones no contribuyó a reducir los desequilibrios territoriales existentes en Galicia.
Del mismo modo, la socialista Marisol Soneira esgrimió que la existencia de 34 fundaciones en Galicia para gestionar el desarrollo comarcal revela una manera de gobernar: la de la institucionalización como forma de hacer política y la de la clientelización de la economía pública del PPdeG.
En su segunda intervención, el titular de Medio Rural aseguró que la disolución de estas fundaciones no tendría ningún impacto en la realidad gallega y argumentó como prueba de ello que en Galicia existen 53 comarcas y sólo 34 fundaciones.
DESPIDO ENCUBIERTO
Mientras en el Pazo do Hórreo se debatían estas y otras cuestiones, en el exterior se manifestaban apenas una treintena de trabajadores bajo banderas sindicales de CC.OO., UGT y CIG, afectados por la desvinculación de las fundaciones del Gobierno gallego.
En declaraciones a Europa Press, el coordinador de Acción Sindical del sector de la Administración Autonómica de CC.OO., Benxamín Vence, reprobó que Medio Rural persigue un despido encubierto para unas 170 personas, entre gerentes y trabajadores fijo, según sus datos.
Por lo tanto, solicitó que la ley sea coherente en su texto y que garantice estabilidad para todos los trabajadores del sistema.
No obstante, sus críticas no sólo se dirigieron a la consellería que dirige Suárez Canal, sino también al PPdeG, porque lo que está pasando es consecuencia de que no dejaron las cosas resueltas.
No puede ser que personas que llevan trabajando 10 años, ahora se encuentren con un pie y medio en la calle, recriminó Vence, al tiempo que pidió sensibilidad al Gobierno bipartito para que el conflicto laboral no se convierta en uno judicial, con importantes indemnizaciones que saldrán de los fondos públicos.
No obstante, apostó por que los trabajadores de Sodeco sean absorbidos por la propia estructura de la consellería, directamente o a través del Banco de Terras de Galicia (Bantegal) y la Axencia de Desenvolvemento Rural (Agader); mientras que los de las fundaciones comarcales quedarán desvinculados de la Administración pública y pasarán a depender de su patronato.
Frente a esto, el diputado 'popular' Antonio Rodríguez Miranda rechazó esta reforma por discriminatoria, puesto que, a su juicio, los trabajadores de las fundaciones comarcales no gozarán de las mismas garantías de estabilidad laboral que los de Sodeco, cuya solución valoró por justa y razonable.
Sin embargo, criticó que el Gobierno gallego destruya el modelo existente sin proponer una alternativa clara, así como su falta de ideas y proyectos de país, ya que, tal y como apuntó, la Xunta no tiene un modelo de desarrollo rural. De este modo, lamentó que el máximo interés del Ejecutivo se centre en romper con el pasado y con la época Fraga sin pudor.
53 COMARCAS, 34 FUNDACIONES
Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario del BNG Tareixa Paz defendió la propuesta de Suárez Canal puesto que, según indicó, la existencia de estas fundaciones no contribuyó a reducir los desequilibrios territoriales existentes en Galicia.
Del mismo modo, la socialista Marisol Soneira esgrimió que la existencia de 34 fundaciones en Galicia para gestionar el desarrollo comarcal revela una manera de gobernar: la de la institucionalización como forma de hacer política y la de la clientelización de la economía pública del PPdeG.
En su segunda intervención, el titular de Medio Rural aseguró que la disolución de estas fundaciones no tendría ningún impacto en la realidad gallega y argumentó como prueba de ello que en Galicia existen 53 comarcas y sólo 34 fundaciones.
DESPIDO ENCUBIERTO
Mientras en el Pazo do Hórreo se debatían estas y otras cuestiones, en el exterior se manifestaban apenas una treintena de trabajadores bajo banderas sindicales de CC.OO., UGT y CIG, afectados por la desvinculación de las fundaciones del Gobierno gallego.
En declaraciones a Europa Press, el coordinador de Acción Sindical del sector de la Administración Autonómica de CC.OO., Benxamín Vence, reprobó que Medio Rural persigue un despido encubierto para unas 170 personas, entre gerentes y trabajadores fijo, según sus datos.
Por lo tanto, solicitó que la ley sea coherente en su texto y que garantice estabilidad para todos los trabajadores del sistema.
No obstante, sus críticas no sólo se dirigieron a la consellería que dirige Suárez Canal, sino también al PPdeG, porque lo que está pasando es consecuencia de que no dejaron las cosas resueltas.
No puede ser que personas que llevan trabajando 10 años, ahora se encuentren con un pie y medio en la calle, recriminó Vence, al tiempo que pidió sensibilidad al Gobierno bipartito para que el conflicto laboral no se convierta en uno judicial, con importantes indemnizaciones que saldrán de los fondos públicos.
