El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, advirtió hoy de que la Xunta declarará la inviabilidad de las empresas que incumplan reiteradamente con los permisos de residuos habilitados por la Administración, e informó de que un total de 55 efectivos controlan en tiempo real desde principios de mes la calidad de las aguas de los ríos radicados en la demarcación Galicia-Costa.
Así, Vázquez matizó que el Ejecutivo no pretende "ir a un modelo coercitivo" ni convertir Galicia en un "estado judicial", pero alertó de que "hay cauces que ya no aguantan más", por lo que hizo un llamamiento a la colaboración de empresas, administraciones y ciudadanos para que la comunidad sea "en un horizonte razonable el país del agua, pase a ser el país del agua con calidad".
En este sentido, aclaró que, conforme al Plan de Control de Vertidos de su Gabinete, el primer paso es diagnosticar la situación, para lo que ya trabajan 32 agentes de Augas de Galicia y una unidad técnica de 24 miembros, que trasmiten los datos que obtienen en tiempo real.
Una vez detectado el responsable de la contaminación se iniciará un proceso de colaboración para que éste adapte sus sistemas de depuración y sería en tercera instancia, si continúa incumpliendo la normativa, cuando se iría a una sanción o a la retirada del permiso de vertidos. "Este debe ser un punto de inflexión y todos debemos hacer los deberes", enfatizó.
Se trata, según argumentó, de una política preventiva, puesto que los 55 efectivos realizarán tareas de información a industrias y usuarios, además detectar los vertidos a través de la colecta diaria de muestras. Recordó que esta acción responde al inventario realizado por su consellería a raíz del accidente de Brenntag en el Umia, en el que se detectaron más 4.500 vertidos en los ríos gallegos.
NO HABRÁ IMPUNIDAD.
Además, el titular autonómico explicó que la Administración habilita ayudas para políticas medioambientales y recordó que las inversiones en esta materia cuentan con desgravaciones fiscales. De todos modos, eludió criminalizar al sector empresarial --la mayoría está haciendo las cosas bien", aseguró--, pero avisó que "los que no cumplan no van a quedar impunes", aunque también puntualizó que no se puede ir a "un política de cierre sistemático de todo".
En esta línea, se refirió al volumen de empleo que generan algunas de las fábricas contaminantes y a la posibilidad de que cierren antes de acometer las reformas necesarias. "Una parte de su volumen de negocio tienen que dedicarlo a garantizar la calidad de un producto que le sale casi gratis", zanjó.
DEBE REGULARIZARSE TODO EL MUNDO.
En cuanto a algunos de los sectores con más dificultades para cumplir la normativa, el conselleiro aludió a las piscifactorías y a los cocederos de marisco, con lo que trabaja Medio Ambiente para la puesta en marcha de tratamientos experimentales de las aguas. "No vamos a cerrar el país, pero todo el mundo debe regularizarse", aseveró.
También instó a la diputaciones a contribuir a que los ayuntamientos cumplan, puesto que son responsables de algunos de los vertidos. "La ley no obliga a hacer campos de hierba sintética en todos los municipios pero sí a tener las aguas depuradas", ironizó.
