Galicia tiene 1.747.100 de euros pendientes de pago con las farmacias, lo que la sitúa entre las cinco comunidades con menor deuda, tras Asturias y Castilla la Mancha -que no presentan deuda-, Extremadura -1,8 millones pendientes de pago-, Cantabria -471 millones de deuda- y Navarra -517 millones pendientes-. Así se desprende de la memoria de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que detalla que en el total del estado, las comunidades autónomas deben a las farmacias un total de 797,82 millones.
El texto también indica que las comunidades con mayor concentración de facturas pendientes de pago a farmacias son Valencia, con 191,72 millones; seguido de Cataluña (169,95 millones), Murcia (125,36 millones) y País Vasco, con 123,22 millones.
Este documento fue aprobado la pasada semana en Consejo de Ministros y busca 'poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable, y el período medio pagos'.
Por otra parte, las comunidades autónomas deben a las universidades públicas españolas un total de 1.061.177.500 de euros, siendo Andalucía la que mayor deuda concentra, con 500 millones de euros, seguida de Cataluña, con 226,3 millones de euros, y la Comunidad Valenciana, con otros 208,69 millones. Eso sí, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, la Región de Murcia, Navarra y La Rioja tienen saneadas sus cuentas con las universidades públicas en su ámbito competencial.
Estas facturas son susceptibles de ser incluidas en la 'tercera y última' fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos, que según el Gobierno requerirá como máximo de 19.350 millones de euros que, en cualquier caso, 'no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit público' porque se articularán como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda financiera.
Según el documento, este decreto busca dar una 'solución extraordinaria, temporal y urgente' al problema de la morosidad de las administraciones públicas, 'erradicándolo' para poder 'evitar los problemas de liquidez de las empresas. En este sentido, el Ejecutivo confía en que el impacto económico general de la medida será 'positivo' tanto para las empresas proveedoras, que gozarán de una mayor liquidez para poder mantener su actividad, como para los ciudadanos.
Así, el mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores de las autónomías y entidades locales permitirá la cancelación de operaciones pendientes de pago que fueran liquidadas, vencidas y exigibles antes del 31 de mayo, incluyendo en este caso las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por sentencia judicial.
Este documento fue aprobado la pasada semana en Consejo de Ministros y busca 'poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable, y el período medio pagos'.
Por otra parte, las comunidades autónomas deben a las universidades públicas españolas un total de 1.061.177.500 de euros, siendo Andalucía la que mayor deuda concentra, con 500 millones de euros, seguida de Cataluña, con 226,3 millones de euros, y la Comunidad Valenciana, con otros 208,69 millones. Eso sí, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, la Región de Murcia, Navarra y La Rioja tienen saneadas sus cuentas con las universidades públicas en su ámbito competencial.
Estas facturas son susceptibles de ser incluidas en la 'tercera y última' fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos, que según el Gobierno requerirá como máximo de 19.350 millones de euros que, en cualquier caso, 'no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit público' porque se articularán como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda financiera.
Según el documento, este decreto busca dar una 'solución extraordinaria, temporal y urgente' al problema de la morosidad de las administraciones públicas, 'erradicándolo' para poder 'evitar los problemas de liquidez de las empresas. En este sentido, el Ejecutivo confía en que el impacto económico general de la medida será 'positivo' tanto para las empresas proveedoras, que gozarán de una mayor liquidez para poder mantener su actividad, como para los ciudadanos.
Así, el mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores de las autónomías y entidades locales permitirá la cancelación de operaciones pendientes de pago que fueran liquidadas, vencidas y exigibles antes del 31 de mayo, incluyendo en este caso las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por sentencia judicial.
