El mundo al revés. Con el paro disparado, los promotores de empleo propusieron a la Xunta cómo lograr los 1,7 millones de euros que serían necesarios para mantener el servicio que prestan, después de que el Gobierno central adelantase el fin de sus contratos seis meses y mientras mantenían una reunión con el director xeral de Función Pública, estaban 'recibiendo' las comunicaciones de sus 'despidos'.
Ayer ser reunieron los sindicatos y una representación de los técnicos de empleo afectados por esta medida, un total de 109. En este sentido, como adelantó La Región, afirman que las propuestas fueron acogidas por José María Barreiro, director xeral de Función Pública como 'muy interesantes' cuando la decisión de despedirlos ya estaba tomada
Con el apoyo de CC.OO., CIG, CSIF, UGT y CNT, este colectivo denuncia que se modificase el cese de la toma de decisión, de diciembre al 30 de junio, y advierte de que, con este cambio, 'se beneficia a los empresarios', puesto que el uso de las agencias privadas de colocación 'pasará a ser un servicio gratuito financiado por el Estado, e incrementado el gasto', lo que es 'inexplicablemente contrario a las políticas de 'austeridad' de este Gobierno'.
En el manifiesto que promueven los técnicos de empleo, y que ha sido apoyado por firmas que entregaron en el Registro de San Caetano, también avisa de que 'es difícil que una ETT o entidad con ánimo de lucro vaya a preocuparse de los perfiles desfavorecidos, lo que se va a abrir es una brecha entre las personas preparadas y no preparadas'.También creen que será 'muy negativo' para el ámbito rural, mientras que se ofrece un 'negocio muy jugoso' para las entidades privadas. En este escenario, los orientadores piden 'garantizar el cumplimiento' de la ley, lo que supone asegurar que las 109 personas contratadas en Galicia como promotores mantendrán su contrato hasta el 31 de diciembre de este año.
Con el apoyo de CC.OO., CIG, CSIF, UGT y CNT, este colectivo denuncia que se modificase el cese de la toma de decisión, de diciembre al 30 de junio, y advierte de que, con este cambio, 'se beneficia a los empresarios', puesto que el uso de las agencias privadas de colocación 'pasará a ser un servicio gratuito financiado por el Estado, e incrementado el gasto', lo que es 'inexplicablemente contrario a las políticas de 'austeridad' de este Gobierno'.
En el manifiesto que promueven los técnicos de empleo, y que ha sido apoyado por firmas que entregaron en el Registro de San Caetano, también avisa de que 'es difícil que una ETT o entidad con ánimo de lucro vaya a preocuparse de los perfiles desfavorecidos, lo que se va a abrir es una brecha entre las personas preparadas y no preparadas'.También creen que será 'muy negativo' para el ámbito rural, mientras que se ofrece un 'negocio muy jugoso' para las entidades privadas. En este escenario, los orientadores piden 'garantizar el cumplimiento' de la ley, lo que supone asegurar que las 109 personas contratadas en Galicia como promotores mantendrán su contrato hasta el 31 de diciembre de este año.
