El director general de Movilidad, Miguel Rodríguez, ha subrayado hoy que la 'presión' sobre el Gobierno luso ha sido continua para flexilibilizar las medidas sobre los telepeajes y ha agregado que, por ello, 'es evidente que quien tiene que mover ficha' es el Ejecutivo de Portugal.
Rodríguez ha respondido así a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado socialista Juan Carlos Francisco Rivera en la comisión sobre ordenación territorial, sobre las medidas que está llevando a cabo la Xunta para proteger los intereses de los gallegos ante los telepeajes implantados en la autopista A-24, entre Verín y Chaves.
Francisco Rivera ha pedido soluciones 'inmediatas' ante la 'dramática situación' que afecta a los flujos comerciales de la frontera portuguesa y ha demandado 'presión política' no sólo sobre el Gobierno luso sino también sobre el español para conseguirlas.
'Es difícil poner un plazo porque depende del Gobierno de Portugal' y no de la Xunta, ha explicado el director general, quien ha evocado la 'presión continua' de la Xunta en esta materia, a la que se 'vio obligada', ha dicho, ante la 'total pasividad' del anterior Gobierno central liderado por el PSOE.
Así, se ha referido al impulso desde el Ejecutivo gallego y desde el principio para que el Gobierno luso priorizara la adopción de medidas efectivas para el pago por el uso de sus autovías, pues las relaciones entre Galicia y Portugal son de 'vital importancia'.
Las gestiones, ha relatado, comenzaron en junio de 2010, con la implantación de los peajes, y desde entonces tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras, Agustín Hernández, mantuvieron diversas reuniones con responsables del Gobierno luso para lograr el acceso al mismo sistema de pago de los peajes que los portugueses y la clarificación del mismo.
Dicho acceso podía establecerse mediante la adquisición del dispositivo vía verde en Galicia en el banco Caixa Geral y en los servicios de correos de Portugal, con el alquiler en áreas de servicio o red de correos del país vecino, o la adquisición del servicio de pago a entidades que prestan servicios a empresas de transporte internacional.
No obstante, ha destacado Rodríguez, el Ejecutivo de Portugal se ha comprometido a desarrollar a corto plazo otras soluciones 'más flexibles' que posibiliten el pago por internet o puestos fijos en aeropuertos o áreas de servicio de la tasa de peaje a través del cargo en cuenta bancaria o en efectivo, con la devolución del saldo no utilizado a solicitud de los usuarios.
Según sus datos, el impacto del telepeaje en las relaciones comerciales entre Galicia y Portugal ha supuesto una caída de las exportaciones gallegas de entre el 5 y el 10 por ciento, sobre todo en el sector textil, de la industria alimentaria y de la metalurgia.