El Consello de la Xunta acordó la presentación al Gobierno central de un requerimiento de incompetencia contra una resolución del Instituto de la Mujer que convoca las subvenciones Emprender en femenino, para fomentar la inserción laboral por cuenta propia de las mujeres.
En nota de prensa, la Xunta entiende que esta norma vulnera las competencias exclusivas de la Comunidad autónoma en materia de asistencia social que le atribuye el Estatuto de Autonomía.
Para la Xunta, la resolución mencionada vulnera el reparto competencial establecido por la Constitución y el Estatuto, al residenciar completamente en el Estado un proceso de subvenciones en relación a una materia que es competencia exclusiva de Galicia.
La disposición del Instituto de la Mujer regula no sólo las condiciones y procedimiento de concesión de las subvenciones, sino que atribuye también al Estado la totalidad de las funciones de ejecución administrativa como la gestión, la concesión y el pago de las ayudas, sin que exista ningún tipo de intervención autonómica en todo el articulado.
La Xunta entiende que debe reconocerse que la competencia le corresponde a la autonomía, por lo que debe procederse a la distribución territorial entre las CCAA de la correspondiente consignación presupuestaria, transfiriendo las cuantías resultantes para que sean las autonomías quienes gestionen las ayudas.
El requerimiento de incompetencia es un mecanismo de relación bilateral previsto para resolver conflictos competenciales. En caso de que no se resuelvan por esta vía, la ley prevé la interposición de un conflicto de competencias ante el Constitucional.
Para la Xunta, la resolución mencionada vulnera el reparto competencial establecido por la Constitución y el Estatuto, al residenciar completamente en el Estado un proceso de subvenciones en relación a una materia que es competencia exclusiva de Galicia.
La disposición del Instituto de la Mujer regula no sólo las condiciones y procedimiento de concesión de las subvenciones, sino que atribuye también al Estado la totalidad de las funciones de ejecución administrativa como la gestión, la concesión y el pago de las ayudas, sin que exista ningún tipo de intervención autonómica en todo el articulado.
La Xunta entiende que debe reconocerse que la competencia le corresponde a la autonomía, por lo que debe procederse a la distribución territorial entre las CCAA de la correspondiente consignación presupuestaria, transfiriendo las cuantías resultantes para que sean las autonomías quienes gestionen las ayudas.
El requerimiento de incompetencia es un mecanismo de relación bilateral previsto para resolver conflictos competenciales. En caso de que no se resuelvan por esta vía, la ley prevé la interposición de un conflicto de competencias ante el Constitucional.
