El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo formulará al Ejecutivo estatal su quinto requerimiento de incompetencia en seis meses, en este caso por entender que el Estado invade las atribuciones de la Comunidad gallega con una resolución para conceder ayudas a entidades y ONG que realicen actividades privadas relacionadas con el patrimonio natural y la biodiversidad.
El Gobierno gallego considera inconstitucional en su conjunto la resolución del 31 de agosto de 2009, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, porque establece una convocatoria de ayudas que le correspondería efectuar a la Xunta, puesto que el Estatuto de Autonomía reconoce a la comunidad la competencia exclusiva para dictar normas adicionales sobre protección del ambiente y del paisaje.
Asimismo, apela a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que, en materia medioambiental, la regla general es la gestión autonómica y que, al tratarse de la convocatoria de subvenciones, deben aplicarse las reglas relativas al poder de gastar del Estado.
El Estado debería limitarse a fijar el destino y condiciones esenciales de las ayudas, dejando su desarrollo a las comunidades autónomas, a las que se deben otorgar todas las facultades de gestión, incluida la convocatoria, todo eso, con la territorialización previa del fondo, argumenta la Xunta.
Al respecto, en la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, apeló a la vía del entendimiento con el Estado, pero se reafirmó en la defensa de las competencias reconocidas por el Estatuto vigente. Seguimos defendiendo el Estatuto igual que defendemos la Constitución, aseveró.
OTROS REQUERIMIENTOS
Este es el quinto requerimiento de incompetencia que promueve el Gobierno de Feijóo desde su toma de posesión el pasado mes de abril, después del relacionado con una orden de subvenciones para realizar actividades para alumnos con necesidades de apoyo escolar, del impulsado por la gestión de residuos de actividades mineras, del presentado contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del formulado contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes.
El primero de estos requerimientos, sobre la orden de subvenciones en materia educativa, fue aceptado por el Gobierno central el pasado 24 de julio, al considerar que es posible mejorar la convocatoria. No obstante, en relación a la gestión de residuos mineros, la Xunta decidió, a mediados de septiembre, recurrir ante el TC el decreto estatal, después de que el Estado no aceptase sus quejas por invasión de competencias.
Sobre el FROB, ambas administraciones han abierto un periodo de negociaciones que, de momento, paralizó la intención del Gobierno gallego de recurrir ante el Alto Tribunal. Además, la semana pasada la Xunta anunció la presentación de un cuarto requerimiento contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes.
A ello hay que añadir el recurso contencioso administrativo que decidió presentar la Xunta contra la resolución del Estudio Estratégico Ambiental del Gobierno central que declara que gran parte de la costa gallega es apta para instalar parques eólicos marinos.
La Xunta creó el pasado mes de agosto una comisión de seguimiento, adscrita a la Dirección Xeral de Relacións Institucionais y Parlamentarias de la Consellería de Presidencia, que se encarga de la revisión de toda la normativa legal que pueda colisionar con las competencias propias de Galicia.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional emitió hace una semana una sentencia en la que da la razón a la Xunta y declara nulos 15 artículos del decreto estatal que regula la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, al entender que la competencia afectada por el texto normativo corresponde a la comunidad. Este recurso había sido interpuesto por el anterior Gobierno bipartito.
PAGO DE FACTURAS EN 45 DÍAS
En otro orden de cosas, Feijóo ha mostrado su confianza en que el registro electrónico para gestionar el pago de facturas de la Administración en 45 días esté en funcionamiento en el primer trimestre de 2010, a partir de febrero, si todos los requisitos dependen del Gobierno gallego.
El presidente de la Xunta apuntó en conferencia de prensa al término del Consello de la Xunta que la conselleira de Hacienda, Marta Fernández, informó este jueves sobre este proyecto del Ejecutivo y que servirá para cumplir otro compromiso del programa electoral del PP, que es el de pagar a los proveedores del Ejecutivo autonómico en 45 días.
En la actualidad, no se puede medir con exactitud el tiempo que la Administración tarda en pagar, ya que desde que las facturas entran en el Tesoro, la media es de 60 días, pero el problema es que hasta llegar ahí, puede pasar mucho tiempo.
Con el sistema que prepara la Xunta, que constará en un registro telemático para que los proveedores de la Xunta tramiten las facturas y puedan consultar cómo va el proceso en cualquier instante, todo el proceso durará 45 días.
Según Núñez Feijóo, este sistema evitará problemas de liquidez a estas empresas, reducirá sus costes y dará solución a un problema: eliminar el riesgo de que haya facturas en un cajón, comprobado ya, porque los gestores las dejan ahí.
Elimina el riesgo de la discrecionalidad en el pago, que se paguen unas facturas antes que otras, el orden será por orden de llegada, apuntó.
Para Núñez Feijóo, la situación actual de las facturas de la Administración es arcaica y burocrática.
ESCUDO DE LA XUNTA
La Xunta incluirá su escudo en todas las consellerías, anuncios, documentos administrativos y comunicaciones con el objetivo de unificar su imagen institucional.
l Así, e Consello aprobó un decreto por el que se regula el uso de los elementos básicos de la identidad corporativa del Gobierno gallego en el marco de un programa de imagen institucional que pretende mejorar y unificar su proyección exterior.
El máximo mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, comentó que se trata de regular la imagen corporativa para adecuarla al reflejo de un gobierno unido en una Galicia única y global.
Tenemos un gobierno unido que debe tener una imagen corporativa única, una única imagen, afirmó y añadió que debe ser un elemento de cohesión para que sea reconocible en el exterior y permita eliminar otras frases que desaparecen cada vez que se modifica la estructura de la Xunta.
Además, Feijóo resaltó que se trata de un proyecto austero y razonable porque no se gastará un euro más. Lo que está, está, en lo que se haga de nuevo habrá una identidad única para una Xunta única, puntualizó.
ESTANDARIZACION
La Xunta recalcó que el objetivo de este decreto se centra en que, a través de un esfuerzo de estandarización, la imagen del Gobierno gallego actúa como un elemento de cohesión, moderno y homogéneo, fácilmente reconocible para los ciudadanos y el resto de las instituciones. Al respecto, precisó que los elementos básicos de la imagen son el símbolo constituido por el escudo de Galicia y el logotipo corporativo con la expresión Xunta de Galicia.
La imagen corporativa institucional se aplicará siempre que proceda la adquisición, reposición o reedición de cualquier elemento que deba exhibirla. En todo caso, la Administración insistió en que y para no incrementar el gasto público, seguirán utilizándose hasta que se agoten las existencias de material impreso anteriores a su entrada en vigor.
FIRMA DIGITAL
También, el Consello de la Xunta le dio luz verde al proyecto por el que la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica pondrá en marcha el desarrollo del expediente profesional electrónico y la identificación y la firma digital de los empleados de la Administración gallega.
Se trata de una iniciativa que busca agilizar y a simplificar los procedimientos de gestión de personal, así como el desarrollo de las nuevas necesidades derivadas de la aplicación del Estatuto básico del empleado público.
MEDIO RURAL DESTINA 180.000 EUROS AL CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES
Además, la Consellería de Medio Rural destinará 180.000 euros a ampliar y mejorar el centro de acogida de animales vagabundos o abandonados de Santiago, después de que el Consello de la Xunta autorizara hoy la firma de la addenda al convenio de colaboración suscrito entre el departamento de Samuel Juárez y el Ayuntamiento compostelano.
El presupuesto establecido en este acuerdo es de 180.000 euros, una cuantía que se distribuirá en tres años, desde 2009 a 2011. Este ejercicio se invertirán 1.000 euros, mientras que en 2010 serán 90.000 y en 2011 otros 89.000.
El centro de acogida de animales abandonados del Ayuntamiento de Santiago es el único activo en el sur de la provincia de A Coruña, por lo que se ve obligado a recoger un elevado número de animales. La ampliación del centro pretende dar cabida a todos los animales sin dueño y, así, mantener un grado de bienestar animal acorde con la normativa vigente.
Además, el centro realiza una labor social y divulgativa al efectuar actividades de promoción y actuar como refugio-escuela que recibe la visita de colegios y particulares a los que se imparten charlas de sensibilización.
Por otra parte, el Consello da Xunta autorizó hoy la firma de convenios entre la Consellería de Medio Rural y los municipios de Carnota, Touro, A Fonsagrada, Baralla, Friol, Sober, Mos y Valga para la realización de obras de infraestructura rural. El objetivo de la Administración agraria gallega es mejorar la calidad de vida en las zonas rurales a través de la dotación de equipamientos públicos básicos y de infraestructuras a los ciudadanos residentes en estas áreas.
Asimismo, apela a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que, en materia medioambiental, la regla general es la gestión autonómica y que, al tratarse de la convocatoria de subvenciones, deben aplicarse las reglas relativas al poder de gastar del Estado.
El Estado debería limitarse a fijar el destino y condiciones esenciales de las ayudas, dejando su desarrollo a las comunidades autónomas, a las que se deben otorgar todas las facultades de gestión, incluida la convocatoria, todo eso, con la territorialización previa del fondo, argumenta la Xunta.
Al respecto, en la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, apeló a la vía del entendimiento con el Estado, pero se reafirmó en la defensa de las competencias reconocidas por el Estatuto vigente. Seguimos defendiendo el Estatuto igual que defendemos la Constitución, aseveró.
OTROS REQUERIMIENTOS
Este es el quinto requerimiento de incompetencia que promueve el Gobierno de Feijóo desde su toma de posesión el pasado mes de abril, después del relacionado con una orden de subvenciones para realizar actividades para alumnos con necesidades de apoyo escolar, del impulsado por la gestión de residuos de actividades mineras, del presentado contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del formulado contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes.
El primero de estos requerimientos, sobre la orden de subvenciones en materia educativa, fue aceptado por el Gobierno central el pasado 24 de julio, al considerar que es posible mejorar la convocatoria. No obstante, en relación a la gestión de residuos mineros, la Xunta decidió, a mediados de septiembre, recurrir ante el TC el decreto estatal, después de que el Estado no aceptase sus quejas por invasión de competencias.
Sobre el FROB, ambas administraciones han abierto un periodo de negociaciones que, de momento, paralizó la intención del Gobierno gallego de recurrir ante el Alto Tribunal. Además, la semana pasada la Xunta anunció la presentación de un cuarto requerimiento contra la orden que convoca subvenciones para programas que favorezcan la integración de inmigrantes.
A ello hay que añadir el recurso contencioso administrativo que decidió presentar la Xunta contra la resolución del Estudio Estratégico Ambiental del Gobierno central que declara que gran parte de la costa gallega es apta para instalar parques eólicos marinos.
La Xunta creó el pasado mes de agosto una comisión de seguimiento, adscrita a la Dirección Xeral de Relacións Institucionais y Parlamentarias de la Consellería de Presidencia, que se encarga de la revisión de toda la normativa legal que pueda colisionar con las competencias propias de Galicia.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional emitió hace una semana una sentencia en la que da la razón a la Xunta y declara nulos 15 artículos del decreto estatal que regula la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros, al entender que la competencia afectada por el texto normativo corresponde a la comunidad. Este recurso había sido interpuesto por el anterior Gobierno bipartito.
PAGO DE FACTURAS EN 45 DÍAS
En otro orden de cosas, Feijóo ha mostrado su confianza en que el registro electrónico para gestionar el pago de facturas de la Administración en 45 días esté en funcionamiento en el primer trimestre de 2010, a partir de febrero, si todos los requisitos dependen del Gobierno gallego.
El presidente de la Xunta apuntó en conferencia de prensa al término del Consello de la Xunta que la conselleira de Hacienda, Marta Fernández, informó este jueves sobre este proyecto del Ejecutivo y que servirá para cumplir otro compromiso del programa electoral del PP, que es el de pagar a los proveedores del Ejecutivo autonómico en 45 días.
En la actualidad, no se puede medir con exactitud el tiempo que la Administración tarda en pagar, ya que desde que las facturas entran en el Tesoro, la media es de 60 días, pero el problema es que hasta llegar ahí, puede pasar mucho tiempo.
Con el sistema que prepara la Xunta, que constará en un registro telemático para que los proveedores de la Xunta tramiten las facturas y puedan consultar cómo va el proceso en cualquier instante, todo el proceso durará 45 días.
Según Núñez Feijóo, este sistema evitará problemas de liquidez a estas empresas, reducirá sus costes y dará solución a un problema: eliminar el riesgo de que haya facturas en un cajón, comprobado ya, porque los gestores las dejan ahí.
Elimina el riesgo de la discrecionalidad en el pago, que se paguen unas facturas antes que otras, el orden será por orden de llegada, apuntó.
Para Núñez Feijóo, la situación actual de las facturas de la Administración es arcaica y burocrática.
ESCUDO DE LA XUNTA
La Xunta incluirá su escudo en todas las consellerías, anuncios, documentos administrativos y comunicaciones con el objetivo de unificar su imagen institucional.
l Así, e Consello aprobó un decreto por el que se regula el uso de los elementos básicos de la identidad corporativa del Gobierno gallego en el marco de un programa de imagen institucional que pretende mejorar y unificar su proyección exterior.
El máximo mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, comentó que se trata de regular la imagen corporativa para adecuarla al reflejo de un gobierno unido en una Galicia única y global.
Tenemos un gobierno unido que debe tener una imagen corporativa única, una única imagen, afirmó y añadió que debe ser un elemento de cohesión para que sea reconocible en el exterior y permita eliminar otras frases que desaparecen cada vez que se modifica la estructura de la Xunta.
Además, Feijóo resaltó que se trata de un proyecto austero y razonable porque no se gastará un euro más. Lo que está, está, en lo que se haga de nuevo habrá una identidad única para una Xunta única, puntualizó.
ESTANDARIZACION
La Xunta recalcó que el objetivo de este decreto se centra en que, a través de un esfuerzo de estandarización, la imagen del Gobierno gallego actúa como un elemento de cohesión, moderno y homogéneo, fácilmente reconocible para los ciudadanos y el resto de las instituciones. Al respecto, precisó que los elementos básicos de la imagen son el símbolo constituido por el escudo de Galicia y el logotipo corporativo con la expresión Xunta de Galicia.
La imagen corporativa institucional se aplicará siempre que proceda la adquisición, reposición o reedición de cualquier elemento que deba exhibirla. En todo caso, la Administración insistió en que y para no incrementar el gasto público, seguirán utilizándose hasta que se agoten las existencias de material impreso anteriores a su entrada en vigor.
FIRMA DIGITAL
También, el Consello de la Xunta le dio luz verde al proyecto por el que la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica pondrá en marcha el desarrollo del expediente profesional electrónico y la identificación y la firma digital de los empleados de la Administración gallega.
Se trata de una iniciativa que busca agilizar y a simplificar los procedimientos de gestión de personal, así como el desarrollo de las nuevas necesidades derivadas de la aplicación del Estatuto básico del empleado público.
MEDIO RURAL DESTINA 180.000 EUROS AL CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES
Además, la Consellería de Medio Rural destinará 180.000 euros a ampliar y mejorar el centro de acogida de animales vagabundos o abandonados de Santiago, después de que el Consello de la Xunta autorizara hoy la firma de la addenda al convenio de colaboración suscrito entre el departamento de Samuel Juárez y el Ayuntamiento compostelano.
El presupuesto establecido en este acuerdo es de 180.000 euros, una cuantía que se distribuirá en tres años, desde 2009 a 2011. Este ejercicio se invertirán 1.000 euros, mientras que en 2010 serán 90.000 y en 2011 otros 89.000.
El centro de acogida de animales abandonados del Ayuntamiento de Santiago es el único activo en el sur de la provincia de A Coruña, por lo que se ve obligado a recoger un elevado número de animales. La ampliación del centro pretende dar cabida a todos los animales sin dueño y, así, mantener un grado de bienestar animal acorde con la normativa vigente.
Además, el centro realiza una labor social y divulgativa al efectuar actividades de promoción y actuar como refugio-escuela que recibe la visita de colegios y particulares a los que se imparten charlas de sensibilización.
Por otra parte, el Consello da Xunta autorizó hoy la firma de convenios entre la Consellería de Medio Rural y los municipios de Carnota, Touro, A Fonsagrada, Baralla, Friol, Sober, Mos y Valga para la realización de obras de infraestructura rural. El objetivo de la Administración agraria gallega es mejorar la calidad de vida en las zonas rurales a través de la dotación de equipamientos públicos básicos y de infraestructuras a los ciudadanos residentes en estas áreas.
