La Xunta de Galicia realizará un estudio de la situación del centro de educación especial Santiago Apóstol de A Coruña para buscar 'la mejor solución' a su gestión ante la constatación de que el convenio de financiación firmado en 2008 'no es eficiente' y la urgencia de adaptarlo a las necesidades de sus usuarios.
Así lo ha explicado este jueves en comisión parlamentaria la secretaria xeral de la Consellería de Traballo, Cristina Ortiz, en respuesta a una pregunta presentada por el diputado del BNG Carlos Aymerich en la que cuestionaba sobre el futuro de este centro y acusaba a la Xunta de pretender 'privatizarlo'.
En su respuesta, Cristina Ortiz ha recordado las 'peculiaridades' del Santiago Apóstol, que presta atención escolar a niños con discapacidades hasta los 21 años y servicio asistencial entre los 21 y los 24 años. Esta situación, ha indicado Cristina Ortiz, requiere de un Plan de Actuación conjunto que están 'a punto' de presentar las consellerías de Traballo y Educación y que establecerá las funciones de cada una según las edades de los usuarios, con el objetivo de separar la parte educativa de la asistencial.
En este sentido, la secretaria xeral ha asegurado que la consellería está manteniendo 'reuniones' con los representantes de los trabajadores del centro para 'conseguir la mejor solución' para un centro que 'hace 25 años que arrastra esta problemática'.
Entre otras deficiencias, Cristina Ortiz ha hecho hincapié en que en la actualidad el Santiago Apóstol cuenta con 103 usuarios -de los que únicamente 30 tienen más de 21 años-, a pesar de estar diseñado para 200, y 193 trabajadores en plantilla.
Por ello, ha augurado que las reuniones mantenidas y el plan de actuación conjunto con Educación servirán para 'mejorar la situación de este centro' y revisar un convenio que 'no es eficiente', al tiempo que ha rechazado que la Xunta tenga intención de 'privatizar' el centro.
O BURGO
Por otra parte, el gerente del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar, Roberto Rodríguez, ha atribuído este jueves el grado de ocupación del Centro de Día de O Burgo al propio proceso de adjudicación.
Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el diputado nacionalista Carlos Aymerich en la que cuestionaba por qué, seis meses después de su apertura al público, el Centro de Día de O Burgo, situado en el ayuntamiento coruñés de Culleredo, tiene únicamente 42 usuarios efectivos en las 60 plazas con las que cuenta a pesar de existir dependientes en el municipio.
Roberto Rodríguez, que ha acusado al diputado del BNG de 'total desconocimiento de la normativa vigente de acceso a estos centros', ha precisado que en la actualidad existen, además de las 42 plazas ocupadas, otras 12 asignadas y pendientes de tramitación, dado que los beneficiarios cuentan con un plazo para renunciar a estas plazas o para incorporarse al centro.
Por ello, el gerente ha indicado que 'una plaza no ocupada no es una plaza vacante' y ha augurado que durante este mes de febrero se alcanzará en este centro de día una ocupación del 90 por ciento, con un ritmo de ingreso 'muy superior a la media' de otros centros.
CASA DE ACOGIDA DE OURENSE
En otro orden de cosas, la secretaria xeral de Benestar, Susana López Abella, ha asegurado que la disminución en la aportación de la Xunta a la Casa de Acogida de Ourense para enfermos de VIH-Sida fue motivada por el informe emitido por la inspección del mismo, que aseguraba que el coste de este centro era 'muy elevado' si se relacionaba con el beneficio social obtenido con respecto a otros centros similares.
En respuesta a una pregunta planteada por el diputado del PSdeG Pablo López Vidal, Susana López Abella ha señalado también que la Xunta requirió a este centro que 'comunicase las altas y bajas' en sus usuarios, 'algo que no hizo ningún año'. 'Debe cumplir la normativa y los requerimientos que se hacen desde inspección', ha señalado la directora xeral.
Así, López Abella ha indicado que para el año 2010 esta casa de acogida contó con 113.000 euros de la Xunta -otorgados por una Comisión de Valoración-, lo que supuso el 47 por ciento del total concedido en la provincia de Ourense y ha negado que existiese para su financiación un convenio con la Administración, tal y como ha señalado el diputado socialista, que ha acusado a la Xunta de 'desmantelar' un 'recurso sociosanitario muy eficaz'.
Paralelamente, la secretaria xeral ha instado a esta y a todas las entidades sociales a poner 'especial empeño en la diversificación de sus fuentes de financiación'
En su respuesta, Cristina Ortiz ha recordado las 'peculiaridades' del Santiago Apóstol, que presta atención escolar a niños con discapacidades hasta los 21 años y servicio asistencial entre los 21 y los 24 años. Esta situación, ha indicado Cristina Ortiz, requiere de un Plan de Actuación conjunto que están 'a punto' de presentar las consellerías de Traballo y Educación y que establecerá las funciones de cada una según las edades de los usuarios, con el objetivo de separar la parte educativa de la asistencial.
En este sentido, la secretaria xeral ha asegurado que la consellería está manteniendo 'reuniones' con los representantes de los trabajadores del centro para 'conseguir la mejor solución' para un centro que 'hace 25 años que arrastra esta problemática'.
Entre otras deficiencias, Cristina Ortiz ha hecho hincapié en que en la actualidad el Santiago Apóstol cuenta con 103 usuarios -de los que únicamente 30 tienen más de 21 años-, a pesar de estar diseñado para 200, y 193 trabajadores en plantilla.
Por ello, ha augurado que las reuniones mantenidas y el plan de actuación conjunto con Educación servirán para 'mejorar la situación de este centro' y revisar un convenio que 'no es eficiente', al tiempo que ha rechazado que la Xunta tenga intención de 'privatizar' el centro.
O BURGO
Por otra parte, el gerente del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar, Roberto Rodríguez, ha atribuído este jueves el grado de ocupación del Centro de Día de O Burgo al propio proceso de adjudicación.
Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por el diputado nacionalista Carlos Aymerich en la que cuestionaba por qué, seis meses después de su apertura al público, el Centro de Día de O Burgo, situado en el ayuntamiento coruñés de Culleredo, tiene únicamente 42 usuarios efectivos en las 60 plazas con las que cuenta a pesar de existir dependientes en el municipio.
Roberto Rodríguez, que ha acusado al diputado del BNG de 'total desconocimiento de la normativa vigente de acceso a estos centros', ha precisado que en la actualidad existen, además de las 42 plazas ocupadas, otras 12 asignadas y pendientes de tramitación, dado que los beneficiarios cuentan con un plazo para renunciar a estas plazas o para incorporarse al centro.
Por ello, el gerente ha indicado que 'una plaza no ocupada no es una plaza vacante' y ha augurado que durante este mes de febrero se alcanzará en este centro de día una ocupación del 90 por ciento, con un ritmo de ingreso 'muy superior a la media' de otros centros.
CASA DE ACOGIDA DE OURENSE
En otro orden de cosas, la secretaria xeral de Benestar, Susana López Abella, ha asegurado que la disminución en la aportación de la Xunta a la Casa de Acogida de Ourense para enfermos de VIH-Sida fue motivada por el informe emitido por la inspección del mismo, que aseguraba que el coste de este centro era 'muy elevado' si se relacionaba con el beneficio social obtenido con respecto a otros centros similares.
En respuesta a una pregunta planteada por el diputado del PSdeG Pablo López Vidal, Susana López Abella ha señalado también que la Xunta requirió a este centro que 'comunicase las altas y bajas' en sus usuarios, 'algo que no hizo ningún año'. 'Debe cumplir la normativa y los requerimientos que se hacen desde inspección', ha señalado la directora xeral.
Así, López Abella ha indicado que para el año 2010 esta casa de acogida contó con 113.000 euros de la Xunta -otorgados por una Comisión de Valoración-, lo que supuso el 47 por ciento del total concedido en la provincia de Ourense y ha negado que existiese para su financiación un convenio con la Administración, tal y como ha señalado el diputado socialista, que ha acusado a la Xunta de 'desmantelar' un 'recurso sociosanitario muy eficaz'.
Paralelamente, la secretaria xeral ha instado a esta y a todas las entidades sociales a poner 'especial empeño en la diversificación de sus fuentes de financiación'
