Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón reclaman que la crisis demográfica que padecen, reflejada en su envejecimiento poblacional, su baja densidad y su dispersión, tenga 'un mayor peso' y esté 'mejor ponderada' en la revisión del modelo de financiación autonómica. Así figura en la declaración aprobada por los cuatro ejecutivos en el Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico desarrollado ayer en Oviedo, la primera reunión de este grupo al que aspiran a incorporar a otras comunidades con una problemática similar.
Las cuatro comunidades, que reclaman también una Estrategia Española por el Cambio Demográfico, representan el 35,9 por ciento del territorio de España y el 16,35 por ciento de los habitantes, agrupan a más del 70 por ciento de los núcleos de población y su estructura demográfica cuenta con más del 20 por ciento de ciudadanos, salvo Aragón, por encima de los 64 años. 'No es una alianza contra nadie sino a favor de los ciudadanos', señaló el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, tras incidir en que al actual modelo de financiación autonómica ha resultado 'fallido' e impide recibir los recursos necesarios para atender los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas.
La responsable de Benestar e Traballo de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, se mostró convencida de que este grupo fijará una posición conjunto ante el Gobierno central y ante la UE a partir de una colaboración 'leal' que, subrayó, no es para pedir 'ayudas' sino una financiación 'acorde a las circunstancias'.
ENCARECIMIENTO
Su homólogo asturiano, Guillermo Martínez, incidió en el encarecimiento de esos servicios en territorios de estas características por lo que se mostró convencido de que el acuerdo entre las cuatro comunidades -tres gobernadas por el PP y sólo Asturias por el PSOE- se mantendrá cuando se abra el debate sobre financiación dado que todas 'saben lo que se juegan'.
El acuerdo suscrito ayer, que tendrá continuidad en una nueva reunión que se celebrará en Zaragoza en febrero, busca además el reconocimiento por el Gobierno central de la crisis demográfica 'con respuestas singulares' con alternativas a medio plazo al declive poblacional y trasladar esta propuesta también a la UE de cara al reparto en el periodo 2014-2020.
Según el consejero castellano-leonés, estas comunidades no están pidiendo 'ningún privilegio, sino algo justo' dado que el modelo de financiación, en su caso, aporta anualmente 500 millones menos de los necesarios para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales lo que hace necesario recurrir a la deuda para sufragarlos 'y eso no puede ser'.
En este sentido, el consejero de Política Territorial de Aragón, Antonio Suárez, recordó por su parte que la reforma de su Estatuto de Autonomía incluía la exigencia de incorporar estos parámetros al modelo de financiación y abogó porque las cuatro comunidades se hagan 'fuertes' en la defensa de estos criterios para que sean atendidos.
'CUESTIÓN DE ESTADO'
El consejero asturiano recordó que las comunidades reunidas ayer no son 'una isla' en el contexto nacional y europeo por sufrir estos problemas y que las cuatro pertenecen al grupo de trabajo de territorios de la UE por el Cambio Demográfico del que forman parte 40 de las 270 regiones de la Unión.
Se trata de 'una cuestión de Estado que requiere de una estrategia propia del Gobierno de España', apuntó Martínez tras incidir en que no se puede 'estigmatizar' a unos territorios por sufrir un problema 'que afecta al conjunto de Europa' y cuyas inquietudes se ha mostrado 'convencido' de que comparten otras comunidades.
La responsable de Benestar e Traballo de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, se mostró convencida de que este grupo fijará una posición conjunto ante el Gobierno central y ante la UE a partir de una colaboración 'leal' que, subrayó, no es para pedir 'ayudas' sino una financiación 'acorde a las circunstancias'.
ENCARECIMIENTO
Su homólogo asturiano, Guillermo Martínez, incidió en el encarecimiento de esos servicios en territorios de estas características por lo que se mostró convencido de que el acuerdo entre las cuatro comunidades -tres gobernadas por el PP y sólo Asturias por el PSOE- se mantendrá cuando se abra el debate sobre financiación dado que todas 'saben lo que se juegan'.
El acuerdo suscrito ayer, que tendrá continuidad en una nueva reunión que se celebrará en Zaragoza en febrero, busca además el reconocimiento por el Gobierno central de la crisis demográfica 'con respuestas singulares' con alternativas a medio plazo al declive poblacional y trasladar esta propuesta también a la UE de cara al reparto en el periodo 2014-2020.
Según el consejero castellano-leonés, estas comunidades no están pidiendo 'ningún privilegio, sino algo justo' dado que el modelo de financiación, en su caso, aporta anualmente 500 millones menos de los necesarios para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales lo que hace necesario recurrir a la deuda para sufragarlos 'y eso no puede ser'.
En este sentido, el consejero de Política Territorial de Aragón, Antonio Suárez, recordó por su parte que la reforma de su Estatuto de Autonomía incluía la exigencia de incorporar estos parámetros al modelo de financiación y abogó porque las cuatro comunidades se hagan 'fuertes' en la defensa de estos criterios para que sean atendidos.
'CUESTIÓN DE ESTADO'
El consejero asturiano recordó que las comunidades reunidas ayer no son 'una isla' en el contexto nacional y europeo por sufrir estos problemas y que las cuatro pertenecen al grupo de trabajo de territorios de la UE por el Cambio Demográfico del que forman parte 40 de las 270 regiones de la Unión.
Se trata de 'una cuestión de Estado que requiere de una estrategia propia del Gobierno de España', apuntó Martínez tras incidir en que no se puede 'estigmatizar' a unos territorios por sufrir un problema 'que afecta al conjunto de Europa' y cuyas inquietudes se ha mostrado 'convencido' de que comparten otras comunidades.
