El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, anunció hoy que la Consellería de Vivenda analizará el ritmo y las condiciones de aplicación de las normas del hábitat gallego y arbitrará medidas para que el sector de la construcción tenga capacidad de adaptarse a la nueva normativa en un momento de desaceleración económica.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Touriño consideró prudente que la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, revise el ritmo de aplicación del decreto y tenga en cuenta la situación de la economía para que no perturbe lo más mínimo la capacidad de reacción del sector ante la desaceleración existente.
No estoy adelantando que no vaya a entrar en vigor el decreto, explicó el jefe del Ejecutivo gallego. Así, señaló que las medidas que arbitrará Vivenda tienen que ver con su ritmo de aplicación y pretenden que no se produzcan más problemas de los estrictamente necesarios.
Touriño destacó que la Consellería de Vivenda cree en ese decreto y recordó que su objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que consideró necesario revisar su aplicación para garantizar que no paraliza nada y que es útil en un momento de dificultad económica.
QUEJAS DE PROMOTORES.
Promotores inmobiliarios gallegos alertaron recientemente de que las Normas de Hábitat Gallego de la Consellería de Vivenda, que sustituyen a un decreto de 1992 y que fijan unas condiciones mínimas de las viviendas gallegas, ya sean protegidas o libres, supondrán un encarecimiento de las mismas de hasta un 15 por ciento.
Estamos con el agua al cuello y esto es ponernos el pie encima, recriminó el gerente de Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra, Miguel Font Rosell, en referencia a la crisis que sufre el sector inmobiliario. Llega en el peor momento, admitió a Europa Press. Por ello, se mostró partidario de que este tipo de medidas, que aumentará el valor de la vivienda, deberían aplazarse hasta que el sector se recupere.
Por otra parte, los grupos parlamentarios del PSdeG y del BNG rechazaron en el pleno del Parlamento pedir a la Xunta que derogue el decreto, aprobado el pasado mes de diciembre, tal y como reclamaba el PPdeG, que consideró de que su aplicación conllevará un incremento en el precio de la vivienda de entre un 25 y un 30 por ciento.