La Consellería de Medio Ambiente busca una solución para garantizar la viabilidad de las concesiones de las autovías
La directora de la Axencia Galega de Infraestructuras, Ethel Vázquez, explicó este extremo en comisión parlamentaria, en respuesta a la diputada nacionalista Ana Pontón, quien expresó sus sospechas de que la Xunta negociase con las concesionarias de las autovías un incremento del canon que la Administración les paga.
Las sociedades concesionarias, informó Vázquez, han solicitado el reequilibrio económico del contrato de concesión, es decir, aumentar el canon. De no hacerse "nada", y si quebrasen, dijo, correspondería a la administración pagar 127 millones de euros que figuran en la cláusulas de los contratos firmados.
Ethel Vázquez indicó que la Administración busca la solución menos gravosa para solucionar el problema, ya que la Axencia Galega de Infraestructuras ha acreditado con diferentes informes técnicos, económicos y financieros la "inviabilidad" de las concesiones del Salnés y el Barbanza.
"Por tanto, la previsión a corto plazo es que entren en concurso de acreedores; está acreditado con diferentes informes; es evidente que hay un problema al que hay que buscar la solución menos gravosa para la administración", dijo.
La responsable de la Axencia Galega de Infraestructuras detalló que la concesión del Salnés, cuyo contrato fue firmado en 2005, tenía un volumen de circulación cuando se abrió un 22,5 por ciento inferior a lo previsto, y el pasado año llegó ya al 40,5 menos, lo que calificó de situación "crítica" ya desde 2011.
Con las condiciones actuales de tráfico, manifestó, en ninguno de los años de vigencia los ingresos por tráfico, en función del cual la administración paga anualmente a la concesionaria, son suficientes, ya que la rentabilidad es negativa, de -6.
Situación similar dibujó respecto a la autovía del Barbanza, cuyo contrato se firmó en 2006, por el Gobierno bipartito, como la anterior infraestructura.
Según señaló, el tráfico con el que comenzó a funcionar la autovía fue del 28,6 por ciento por debajo de lo estimado y en 2013 era del 42% menos, por lo que la situación también es crítica desde 2011, manifestó.
Ethel Vázquez insistió en que la importante caída de tráfico desde la puesta en servicio de estas vías fue muy inferior a la prevista y podría derivar en una cancelación de los préstamos, de modo que la situación sería inasumible para las concesionarias.
Por ello las sociedades que gestionan ambas vías solicitaron el "reequilibrio económico" del contrato de concesión.
Indicó que es preciso analizar las alternativas que hay para solventar el problema, puesto que si no se hiciese nada, como dijo que planteó el BNG, tendría consecuencias: pagar la responsabilidad patrimonial que figura en los contratos, y que supondría en total 127 millones de euros.
Cualquier solución pasaría, apuntó, por medidas que contempla la normativa de contrato y siempre dentro de los límites de las dotaciones consignadas cada año en el Parlamento.
La diputada nacionalista dijo que cada vez ve más "escandalosa" la política "indecente" en la que hay dinero para salvar a la banca o a las empresas, pero no hay para personas que pierden su empleo o carecen de recursos.
Indicó además que le habían llegado rumores sobre la revisión del canon que paga la Xunta a las empresas, lo que se le confirmó en una información del diario Faro de Vigo, según la cual la administración admite que se negocia con las concesionarias la revisión del canon que se les paga.
Esto es "grave", afirmó, y también que la Xunta fuese "preparando el terreno" para "salvar las empresas a costa de cuartos públicos que se niegan a la sanidad, dependientes o educación", ya que en los presupuestos figura esta posibilidad pero lo había negado "en su día" el conselleiro, Agustín Hernández.
Además, Pontón subrayó que no cree "en las casualidades", puesto que algunas empresas salen citadas en la trama Gürtel y en otra ha trabajado el propio conselleiro. Además, ironizó al señalar que le parece "enternecedor" la "generosidad" de la Xunta con las empresas.
Ana Pontón, finalmente, indicó que estas empresas concesionarias no asumen riesgos y son las únicas a las que se les garantizan beneficios y en ellas se ve también "cómo funciona la puerta giratoria en el caso de la administración gallega", al tiempo que señaló que deberían paralizar que se pague más a las concesionarias.
