Alfonso Villagómez: "En la burocracia todavía hay males heredados de siglos atrás"

A lo largo de treinta años de carrera judicial, Alfonso Villagómez (Ourense, 1961) ha tocado todos los palos del derecho. Reconoce su predilección por la jurisdicción contencioso administrativa en la que ejerce actualmente como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, a donde llegó hace unos meses desde Madrid. Hijo de Alfonso Villagómez Rodil, magistrado del Tribunal Supremo, siguió la carrera de su padre, tras dedicar un breve período a la docencia en la Universidad de Santiago. Fue además, letrado del Tribunal Constitucional, asesor del Defensor del Pueblo y de los ministros de Justicia López Aguilar y Fernández Bermejo. 1. ¿Qué le llevó al mundo de la judicatura? ¿fue influencia de su padre? Mi idea inicial era dedicarme a la docencia. Comencé como profesor en la facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, hice allí mi tesis doctoral, en el departamento de derecho público, pero después no me convención mucho ni la universidad ni el ambiente universitario y decidí optar por la carrera judicial. Me presenté a las oposiciones. Mi primer destino fue en Jaca. Ascendí a Magistrado y me destinaron a Bilbao, a un juzgado de instrucción en el que compartí despacho con Fernando Grande Marlasca. 2. Una época complicada, imagino. ¡Y tanto! Nada más llegar se produjo el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Vivíamos amenazados y de hecho, todos los jueces del País Vasco teníamos protección policial. La verdad es que fueron años muy duros, pero al mismo tiempo una experiencia muy interesante. 3. ¿Y después de Bilbao? Me destinaron a un juzgado de lo contencioso administrativo en Sevilla y a partir de ahí me ya me establecí en ese orden jurisdiccional. Eso sí, después de haber tocado todos los palos. Porque en Jaca y en San Lorenzo del Escorial era un juzgado mixto, civil y penal. En Bilbao era un juzgado de instrucción puro y duro. 4. Supongo que su actual destino en lo contencioso administrativo obedece a una predilección por ese ámbito judicial. Para mí es una materia apasionante, porque en ella vemos a la Administración como justiciable. Está la Administración como maquinaria burocrática, como prestadora de servicios, como lo que tendría que ser, al servicio de los intereses generales. Pero aquí la vemos también como objeto de enjuiciamiento como cualquier otro ciudadano. Además, la Administración actúa con unas prerrogativas y unos poderes que no tienen los particulares y ahí es donde el juez tiene que equilibrar las potestades administrativas con los derechos e intereses de los ciudadanos. 5. ¿Tiene ventaja la administración? Desde la perspectiva procesal juega en la posición más cómoda de demandada, mientras que al particular le corresponde ser el que reclama frente a ella y después ante el juez. Además, el particular tiene que valerse de un procurador y de un abogado, con el coste económico que ello representa, mientras que la Administración actúa a través de sus propios servicios jurídicos, ya sea la Abogacía del Estado, los letrados de las comunidades autónomas o los servicios jurídicos y letrados de los municipios, las entidades locales, organismos, empresas públicas, etcétera. Es todo un puzle de entidades administrativas, pero todas ellas tienen que actuar, como dice la Constitución con sujeción a la ley y al derecho y quien tiene que fiscalizarlo somos los jueces. 6. ¿Las cosas van a mejor? Desde la Constitución para acá, la Administración ha ido avanzando, se ha ido modernizando y mejorando. Pero todavía hay males en nuestra estructura administrativa, heredados de siglos atrás. Por ejemplo, la burocratización, que es consustancial. Lo que sucede es que esa burocratización tiene que avanzar a ser más ágil, más flexible y más orientada a prestar un servicio al ciudadano. 7. ¿Cuál es la casuística más frecuente? He visto de todo, pero centrado fundamentalmente en las administraciones locales y autonómicas, ya que la Administración del Estado corresponde a la Audiencia Nacional. Licencias municipales, multas, sanciones, contratación administrativa… casos de responsabilidad patrimonial, funcionarios que litigan contra la administración porque no le reconoce sus derechos... La litigiosidad aumentó mucho cuando se crearon en 1998 los juzgados de lo contencioso administrativo, los órganos unipersonales que hasta entonces no existían. Eso produjo un efecto llamada y al poco tiempo estos juzgados se colapsaron. Ahora se está estabilizando y la tendencia futura es ir a fórmulas de mediación, arbitraje y conciliación entre la Administración y los ciudadanos. 8. El pasado verano saltó usted a los titulares por un auto que suspendía la resolución que impedía fumar en las terrazas en Madrid. Sí, muy a mi pesar. En realidad era un auto relativo a una solicitud de avalar una serie de medidas administrativas que había adoptado la Comunidad de Madrid en relación con la covid. Era un paquete muy amplio que incluía, la regulación el uso de las mascarillas, limitaciones en los establecimientos de hostelería... y entre ellas estaba también la que resultó más polémica que fue la relativa a la prohibición de fumar en la calle. Yo ni prohibí ni autoricé nada. Simplemente no ratifiqué estas medidas porque no se ajustaban a la legalidad. Y los hechos posteriores me han venido a dar la razón y provocó, seguidamente una modificación de la propia ley de jurisdicción contencioso administrativa en septiembre, para que fueran los tribunales superiores quienes conocieran de estas peticiones de ratificación de las comunidades autónomas. 9. ¿Demasiado fino el borde entre la ley y los derechos? Yo creo que sí. Pero hay que advertir que nuestro ordenamiento jurídico no estaba equipado de suficientes instrumentos para dar respuesta a una situación tan grave y tan imprevista como ha sido esta pandemia. Eso significa que la Administración y los gobiernos autonómicos han tenido que estar hilando muy fino y siempre sobre el filo de la navaja de no afectar a los derechos fundamentales y las libertades públicas, pero indefectiblemente se puede producir ese roce. Pero siempre tiene que actuar, y yo creo que en algunos casos no lo ha hecho así, con un criterio de proporcionalidad. 10. ¿Piensa en algo concreto? Estoy pensando en el caso de la hostelería y el ocio nocturno. Sobre todo el ocio nocturno. Ha estado cerrado prácticamente desde el principio de la pandemia, y la pandemia ha seguido expandiéndose. Luego tampoco contamos con datos de que si el ocio hubiera estado abierto con las medidas de seguridad adecuadas hubiera incidido en esta expansión. Y también se puede decir de la hostelería en general. Y además ¿por qué discriminar a unos frente a otros, extendiendo en el tiempo estas medidas cuando un confinamiento sería de una efectividad mayor y también más equitativo.