TRIBUNALES

Los okupas de Verín aceptan una multa y evitan el juicio

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photo_camera Tras la ocupación, algunos vecinos colocaron carteles por miedo a que entrasen en sus casas.

Los 15 imputados se conformaron ayer con una sanción de cuatro meses a seis euros al día

Quince personas aceptaron una pena de multa de 4 meses a 6 euros al día por ser los autores de un delito de usurpación al haber ocupado en Verín viviendas que no eran de su propiedad. En total, fueron 15 los acusados que, según la Fiscalía, ocuparon, hace dos años a la fuerza, varias viviendas propiedad del Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia, sitas en la calle San Antón de Verín en el conocido como el poblado de "Obras Públicas". En un principio, el Ministerio Fiscal solicitó una pena de multa de cinco meses con una cuota de 12 euros al día. Pero, tras el acto de conciliación celebrado ayer en el Penal 1 de Ourense, las dos partes llegaron a un acuerdo y la pena se vio reducida. 

Los hechos se remontan al primero de agosto de 2014, cuando más de 17 familias decidieron ocupar dichos inmuebles, aunque al final solo ocho consiguieron entrar en las casas. En total, 24 personas se juntaron en estos pisos que llevaban más de diez años deshabitados. El perfil de estas familias constaba de matrimonios de entre 25 y 40 años y todos tenían hijos menores. Tras haber sido privados de los suministros de agua y luz por parte del Concello de Verín, finalmente, el 24 de noviembre de ese mismo año, la Audiencia Provincial de Ourense emitió un auto en el que se acordó el desalojo cautelar de las viviendas, el cual se produjo ese mismo día.

Durante el tiempo que duró la ocupación, estas familias solicitaban a las administraciones públicas que les diesen viviendas sociales ya que nadie les alquilaba un piso por ser de etnia gitana. Los acusados argumentaron en aquel momento ser conocedores de que esas viviendas pertenecían a la administración pública y que por eso entraron a la fuerza. 

Por esa ocupación, estos 15 imputados tendrán que devolver las viviendas a la Xunta y el Ministerio de Fomento y deberán indemnizarles por los daños causados al forzar la cerradura. Las cantidades de dicha indemnización que el magistrado especificará una vez se dictamine la sentencia. 

Los acusados sabían que eran inmuebles públicos

Varios de los acusados mostraron en aquel momento las precarias condiciones en las que vivían antes de meterse a la fuerza en estas viviendas propiedad de la administración. Chabolas compuestas de bloques de hormigón y carentes de servicios básicos eran sus hogares. 

Los "okupas" aseguraron en aquel tiempo que sabían que esas casas eran de la administración "no son de particulares y aquí no molestamos a nadie, se estaban cayendo a trozos y nosotros incluso las limpiamos y retiramos varios quilos de maleza", había declarado uno de ellos por aquel entonces. Tras la ocupación, varios vecinos de la zona colgaron carteles en sus casas informando de que las viviendas estaban habitadas, ya que en la zona corrían rumores de futuros asaltos a viviendas vacías por parte de este grupo de personas. 

Dicha iniciativa era compartida por los ocupas ya que su intención no era apropiarse de viviendas de particulares, su objetivo principal, dicen, siempre fueron estos inmuebles del poblado de "Obras Públicas" que estaban en estado de abandono. 

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