El colectivo ha concluido que la presencia del hotel "limita gravemente el derecho de los ciudadanos a gozar plenamente del patrimonio
La Plataforma por la Defensa del Castillo de Monterrei ha manifestado hoy "su decepción" ante el contenido de la sentencia que avala el uso hotelero de la fortaleza al entender que "modifica" la percepción que tenga el visitante en su recorrido por sus instalaciones al estar limitado su acceso a pesar de ser un bien de interés patrimonial.
En un comunicado, este colectivo ha concluido que la presencia del hotel "limita gravemente el derecho de los ciudadanos a gozar plenamente del patrimonio, como ocurría antes, no sólo porque el palacio y la casa rectoral no se pueden visitar, sino también porque modifican radicalmente la percepción histórica y monumental de la fortaleza".
Nada más conocer la desestimación del recurso, ha mostrado además su convencimiento de que "hay fundamentos legales para recurrir" la citada resolución ante el Tribunal Supremo, al entender que el fallo asume lo manifestado por la administración autonómica, "sin ningún fundamento objetivo".
En su sentencia, la Audiencia Nacional desestimaba el recurso contencioso-administrativo y daba el visto bueno a su ocupación al argumentar que "no sacrifica" el derecho de los ciudadanos de acceso a la cultura.
"Con independencia de los argumentos jurídicos", los integrantes de la plataforma han mostrado su "sorpresa e indignación" porque en dicha sentencia se diga que "ni se ha sacrificado el derecho constitucional de los ciudadanos al acceso a la cultura, más bien al contrario".
"Es evidente para cualquier persona imparcial que la presencia del hotel limita gravemente el derecho de los ciudadanos a gozar plenamente do patrimonio", ha apostillado la plataforma, quien cuestiona que "se considere legal el hotel porque la actual propuesta de uso residencial público hotelero" porque "se aproxima más a su uso primitivo como residencia".
Según han apuntado, todas las intervenciones patrimoniales "tienen que responder al interés general" por lo que creen que el criterio seguido por la audiencia es "sólo un subterfugio para justificar el expolio de un bien común".
En este sentido, han considerado dicha actuación como "un atentado cultural y una ruina económica" para la comarca, por lo que no descartan presentar recurso ante la actual resolución.
