La Policía paquistaní encontró hoy el cadáver de un alto cargo de la Oficina Nacional de Cuentas que investigaba el caso de corrupción en el que está implicado el primer ministro, Rajá Pervez Ashraf, informaron fuentes oficiales.
El cuerpo sin vida de Kamran Faisal fue hallado esta mañana, indicó un miembro de la administración local, que no detalló si los indicios señalan una muerte natural, aunque fuentes policiales citadas por medios locales apuntaron la posibilidad de un suicidio.
El jefe de Policía de Islamabad, Fias Ali, declaró al canal local Geo que el cuerpo estaba colgado de un ventilador de la habitación.
El cadáver apareció en un apartamento que el fallecido, director asistente del organismo, ocupaba en las dependencias que muchos funcionarios tienen en una zona próxima al Parlamento y otras sedes oficiales, añadió Alí.
El suceso complica el ya enrevesado caso que el Tribunal Supremo del país reabrió por sorpresa el pasado martes contra el primer ministro y otras quince personas por las presuntas irregularidades cometidas en un proyecto de alquiler de plantas eléctricas.
El Supremo ordenó el arresto de los implicados y reprendió con dureza por su inacción en el caso a la Oficina de Cuentas (NAB, en siglas inglesas), cuyos responsables se defendieron con el argumento de que no habían apreciado indicios de delito.
La investigación se inició en el Tribunal Supremo hace más de un año por las denuncias de corrupción y tráfico de influencias en el reparto de las licencias a varias compañías privadas en una ruinosa iniciativa que pretendía paliar la escasez energética del país.
El actual primer ministro fue titular de la cartera de Energía entre 2008 y 2011 y por ello figura en la lista de implicados y también en la orden de arresto dictada por el TS, aunque de momento no se ha producido ninguna detención.
El jefe de Policía de Islamabad, Fias Ali, declaró al canal local Geo que el cuerpo estaba colgado de un ventilador de la habitación.
El cadáver apareció en un apartamento que el fallecido, director asistente del organismo, ocupaba en las dependencias que muchos funcionarios tienen en una zona próxima al Parlamento y otras sedes oficiales, añadió Alí.
El suceso complica el ya enrevesado caso que el Tribunal Supremo del país reabrió por sorpresa el pasado martes contra el primer ministro y otras quince personas por las presuntas irregularidades cometidas en un proyecto de alquiler de plantas eléctricas.
El Supremo ordenó el arresto de los implicados y reprendió con dureza por su inacción en el caso a la Oficina de Cuentas (NAB, en siglas inglesas), cuyos responsables se defendieron con el argumento de que no habían apreciado indicios de delito.
La investigación se inició en el Tribunal Supremo hace más de un año por las denuncias de corrupción y tráfico de influencias en el reparto de las licencias a varias compañías privadas en una ruinosa iniciativa que pretendía paliar la escasez energética del país.
El actual primer ministro fue titular de la cartera de Energía entre 2008 y 2011 y por ello figura en la lista de implicados y también en la orden de arresto dictada por el TS, aunque de momento no se ha producido ninguna detención.
