El juicio a Bo Xilai, que hoy quedó visto para sentencia, quiere ser usado por China para mostrar su voluntad de lucha contra la corrupción, un esfuerzo que queda en entredicho dada la persecución paralela que han sufrido quienes han liderado peticiones de mayor transparencia.
Antonio BrotoEn los mismos días en que se celebraba el juicio, dos importantes líderes de movimientos ciudadanos contra la corrupción, Guo Feixiong y Xu Zhiyong, eran acusados formalmente de 'disturbios públicos' tras encabezar llamamientos a que se controlen más las fortunas de los líderes comunistas, no sólo los que estén procesados.
Xu, líder del movimiento 'Gongmeng' ('Nuevos Ciudadanos'), ha pedido públicamente en los últimos meses que los altos cargos chinos revelen su patrimonio, y durante su detención logró filtrar un vídeo por internet en el que pedía a la sociedad china que se 'levantara' para construir una China 'de libertad, justicia y amor'.
Por otro lado, la Policía china y otras autoridades han lanzado una campaña de presión a populares blogueros y comentaristas de internet nacionales, que han incluido reuniones con ellos para convencerlos de que cuelguen contenidos 'más positivos', pero también detenciones a conocidos líderes de opinión.
Es el caso del 'gurú' tecnológico Charles Xue (o Xue Manzi), detenido el viernes por 'implicación en prostitución', después de haber sido una conocida voz crítica en la red, o del periodista chino Liu Hu, que había denunciado la supuesta corrupción de un alto cargo en Chongqing.
Todo ello, según observadores, aprovechando que la atención de la prensa internacional estaba centrada en el caso Bo, cuyo juicio, del que las autoridades han dado detalles hasta ahora nunca vistos en otros procesos a líderes corruptos, ha querido ser presentado como dechado de transparencia.
Gran parte del movimiento ciudadano a favor de más transparencia en las cuentas de los líderes comenzó a finales del año pasado, en coincidencia con el cambio de liderazgo en el Partido Comunista de China (PCCh) y el ascenso de Xi Jinping como máximo responsable de la formación (hay quien opina que con su beneplácito).
En otoño de 2012 se permitió por ello en las redes chinas la publicación de numerosas denuncias contra líderes chinos (sobre todo locales, y muchas de ellas incluyendo sonados escándalos sexuales), lo que animó unos movimientos de petición de transparencia cuyos líderes están cayendo un año después.
Ya en aquel entonces, editoriales de la prensa oficial advertían que la ola de revelaciones contra líderes amenazaba con repetir los tiempos de la Revolución Cultural (1966-76), en los que las denuncias públicas a políticos, intelectuales y otras personalidades, muchas veces sin base real, eran frecuentes.
Con Xi presidente de China desde marzo de este año, esa lucha contra la corrupción a pie de calle parece haber finalizado una vez se ha celebrado el decisivo juicio a Bo, y ahora Pekín prefiere que esta batalla quede íntegramente en manos de las autoridades.
Además del juicio a Bo, otros resultados de la campaña oficial contra la corrupción en 2013 han sido la condena a cadena perpetua del otrora poderoso ministro de Ferrocarriles, Liu Zhijun, y el inminente juicio al viceministro de la Comisión de Reforma y Desarrollo (equivalente a un Ministerio de Economía), Liu Tienan.
En todo caso, voces de la prensa oficial han mostrado discrepancias respecto a la decisión de castigar a los ciudadanos que filtran escándalos, caso del periódico 'Global Times', ligado al 'Diario de Pueblo' (voz del PCCh), quien publicaba una sorprendente defensa de estos activistas caídos en desgracia.
'Gente como Guo (Feixiong) y Xu (Zhiyong) juega un nuevo papel en la sociedad, y no todo lo que hacen es negativo', comentaba el rotativo, aunque también admitía que 'ponen en peligro el sistema de gobernabilidad social y la estabilidad a largo plazo'.
Hoy lunes, otro diario oficialista, el 'Study Times', ligado a la Escuela de Partido, el alma máter de los líderes comunistas, señalaba que las agencias anticorrupción deben prestar mayor atención a estos denunciantes que desvelan casos de corrupción, y establecer canales para comunicarse con ellos.
