Los combates en algunas zonas de Siria reúnen las características de un conflicto armado no internacional, afirmó hoy la comisión auspiciada por la ONU para investigar las violaciones de los derechos humanos en el país árabe.
Es la primera vez que una instancia de la ONU (esta comisión independiente fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2011) emplea el término 'conflicto armado' para referirse a la violencia que sufre Siria desde marzo del año pasado.
'Se dan graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de combates crecientemente militarizados. En algunas zonas la lucha reúne las características de un conflicto armado no internacional', indica la comisión que preside el brasileño Sergio Pinheiro en su tercera actualización sobre la situación en Siria desde abril.
La actualización, presentada ante el Consejo de Derechos Humanos, destaca 'un drástico giro de la violencia, desde las confrontaciones entre manifestantes y el aparato de seguridad del Gobierno hasta los combates entre su ejército -junto a lo que parecen milicias pro-gubernamentales- y numerosos grupos armados de oposición'.
La declaración se conoce horas después de que el presidente sirio, Bacher el Asad, manifestara en un discurso televisado que el país 'se encuentra en una situación real de guerra'.
La comisión afirma en su texto que 'la situación sobre el terreno ha cambiado dramáticamente en los últimos tres meses, a medida que las hostilidades por parte de los grupos armados antigubernamentales adoptan cada día claramente los contornos de una insurrección'.
A eso hay que sumar 'un flujo de nuevas armas y munición', con destino tanto al Gobierno como a la oposición, que implica 'el riesgo de que la situación se agravé aún más en los próximos meses'.
La comisión de investigación reitera su denuncia de que 'las graves violaciones de los derechos humanos están ocurriendo de manera regular' y constata, como novedad, que desde el pasado mes de mayo, 'los asesinatos tuvieron lo que parecen ser razones sectarias'.
'Si previamente las víctimas lo eran en razón de estar a favor o en contra del Gobierno, la comisión ha registrado un creciente número de incidentes en los que las víctimas parecen haberlo sido debido a su filiación religiosa', señala el documento.
Se reitera también la preocupación por el desplazamiento de la población civil, con hasta 92.000 refugiados en países vecinos y hasta 1,5 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria.
'La situación sobre el terreno se está deteriorando peligrosa y rápidamente', con una intensificación de las acciones del Ejército, incluido el uso de armamento pesado, indica la comisión, que afirma que 'el lento pero continuo flujo de deserciones (con casos documentados en Homs) revela cierta fatiga' en las fuerzas armadas.
Para la comisión, los acontecimientos militares de las últimas semanas apuntan asimismo a 'la creciente dificultad del Gobierno para mantener su control sobre amplias zonas' del país.
En cuanto a los grupos de oposición armada, se pone de relieve que disponen de 'una creciente capacidad para acceder y emplear armas', lo que les permite entablar combates directos con las fuerzas armadas y atacar instalaciones militares y de seguridad.
No obstante, precisa que 'no se ha detectado el uso de armamento nuevo o más sofisticado' por parte de estos grupos, si bien 'sus operaciones en algunos lugares (entre los que se citan Damasco, Homs, Hama, Idlib y Aleppo) mejoran en eficacia y organización'.
En cuanto a las víctimas, confirma 435 muertes entre febrero y junio, lo que según los números del Gobierno supondría una lista de 6.143 fallecidos, muy lejos de las entre 13.000 y 17.000 víctimas mortales de las que hablan organizaciones no gubernamentales.
El resto del informe es una repetición del catálogo de violaciones de los derechos humanos cometidos por el Ejército y la oposición en el marco de la violencia (ejecuciones sumarias, quema de cadáveres, tortura, violencia sexual, castigos colectivos), aunque en esta ocasión sube el tono de la denuncia contra la oposición.
Los grupos adscritos al Ejército Sirio de Liberación (ESL) son acusados de los mismos horrores que el régimen de El Asad.
Se recogen asimismo los ataques, de autoría desconocida, contra los integrantes de la Misión de Supervisión de la ONU para Siria, cuyos 298 'cascos azules' suspendieron su misión hace diez días debido al incremento de la violencia y el riesgo que corrían.
En este sentido, la comisión recuerda que 'los ataques contra el personal o los bienes involucrados en la ayuda humanitaria o en las misiones de mantenimiento de la paz son un crimen de guerra'.
'La comisión toma nota de la creciente hostilidad contra la presencia de la ONU en Siria, que aparentemente emana de ambas partes', agrega el grupo presidido por el brasileño Sergio Pinheiro, que tampoco puede aclarar la responsabilidad de los ataques terroristas que han costado la vida a 110 personas desde marzo.
Esta actualización, que recoge información desde el 15 de junio mediante 383 entrevistas (50 con mujeres y 11 con menores), es la primera que se publica después de que un miembro de la comisión haya podido visitar Siria, donde hasta ahora tenía las puertas cerradas.
Pinheiro visitó Damasco entre los pasados días 23 y el 25 de junio, donde se entrevistó con altos funcionarios de los ministerios de Exteriores e Interior, y con el jefe de la comisión siria para investigar los crímenes cometidos desde marzo de 2011.
También se entrevistó con el patriarca ortodoxo sirio y con 20 familias de las provincias de Damasco y Homs, que denunciaron el asesinato de varios de sus miembros supuestamente por su fidelidad al Gobierno del presidente Bacher el Asad.
'Se dan graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de combates crecientemente militarizados. En algunas zonas la lucha reúne las características de un conflicto armado no internacional', indica la comisión que preside el brasileño Sergio Pinheiro en su tercera actualización sobre la situación en Siria desde abril.
La actualización, presentada ante el Consejo de Derechos Humanos, destaca 'un drástico giro de la violencia, desde las confrontaciones entre manifestantes y el aparato de seguridad del Gobierno hasta los combates entre su ejército -junto a lo que parecen milicias pro-gubernamentales- y numerosos grupos armados de oposición'.
La declaración se conoce horas después de que el presidente sirio, Bacher el Asad, manifestara en un discurso televisado que el país 'se encuentra en una situación real de guerra'.
La comisión afirma en su texto que 'la situación sobre el terreno ha cambiado dramáticamente en los últimos tres meses, a medida que las hostilidades por parte de los grupos armados antigubernamentales adoptan cada día claramente los contornos de una insurrección'.
A eso hay que sumar 'un flujo de nuevas armas y munición', con destino tanto al Gobierno como a la oposición, que implica 'el riesgo de que la situación se agravé aún más en los próximos meses'.
La comisión de investigación reitera su denuncia de que 'las graves violaciones de los derechos humanos están ocurriendo de manera regular' y constata, como novedad, que desde el pasado mes de mayo, 'los asesinatos tuvieron lo que parecen ser razones sectarias'.
'Si previamente las víctimas lo eran en razón de estar a favor o en contra del Gobierno, la comisión ha registrado un creciente número de incidentes en los que las víctimas parecen haberlo sido debido a su filiación religiosa', señala el documento.
Se reitera también la preocupación por el desplazamiento de la población civil, con hasta 92.000 refugiados en países vecinos y hasta 1,5 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria.
'La situación sobre el terreno se está deteriorando peligrosa y rápidamente', con una intensificación de las acciones del Ejército, incluido el uso de armamento pesado, indica la comisión, que afirma que 'el lento pero continuo flujo de deserciones (con casos documentados en Homs) revela cierta fatiga' en las fuerzas armadas.
Para la comisión, los acontecimientos militares de las últimas semanas apuntan asimismo a 'la creciente dificultad del Gobierno para mantener su control sobre amplias zonas' del país.
En cuanto a los grupos de oposición armada, se pone de relieve que disponen de 'una creciente capacidad para acceder y emplear armas', lo que les permite entablar combates directos con las fuerzas armadas y atacar instalaciones militares y de seguridad.
No obstante, precisa que 'no se ha detectado el uso de armamento nuevo o más sofisticado' por parte de estos grupos, si bien 'sus operaciones en algunos lugares (entre los que se citan Damasco, Homs, Hama, Idlib y Aleppo) mejoran en eficacia y organización'.
En cuanto a las víctimas, confirma 435 muertes entre febrero y junio, lo que según los números del Gobierno supondría una lista de 6.143 fallecidos, muy lejos de las entre 13.000 y 17.000 víctimas mortales de las que hablan organizaciones no gubernamentales.
El resto del informe es una repetición del catálogo de violaciones de los derechos humanos cometidos por el Ejército y la oposición en el marco de la violencia (ejecuciones sumarias, quema de cadáveres, tortura, violencia sexual, castigos colectivos), aunque en esta ocasión sube el tono de la denuncia contra la oposición.
Los grupos adscritos al Ejército Sirio de Liberación (ESL) son acusados de los mismos horrores que el régimen de El Asad.
Se recogen asimismo los ataques, de autoría desconocida, contra los integrantes de la Misión de Supervisión de la ONU para Siria, cuyos 298 'cascos azules' suspendieron su misión hace diez días debido al incremento de la violencia y el riesgo que corrían.
En este sentido, la comisión recuerda que 'los ataques contra el personal o los bienes involucrados en la ayuda humanitaria o en las misiones de mantenimiento de la paz son un crimen de guerra'.
'La comisión toma nota de la creciente hostilidad contra la presencia de la ONU en Siria, que aparentemente emana de ambas partes', agrega el grupo presidido por el brasileño Sergio Pinheiro, que tampoco puede aclarar la responsabilidad de los ataques terroristas que han costado la vida a 110 personas desde marzo.
Esta actualización, que recoge información desde el 15 de junio mediante 383 entrevistas (50 con mujeres y 11 con menores), es la primera que se publica después de que un miembro de la comisión haya podido visitar Siria, donde hasta ahora tenía las puertas cerradas.
Pinheiro visitó Damasco entre los pasados días 23 y el 25 de junio, donde se entrevistó con altos funcionarios de los ministerios de Exteriores e Interior, y con el jefe de la comisión siria para investigar los crímenes cometidos desde marzo de 2011.
También se entrevistó con el patriarca ortodoxo sirio y con 20 familias de las provincias de Damasco y Homs, que denunciaron el asesinato de varios de sus miembros supuestamente por su fidelidad al Gobierno del presidente Bacher el Asad.
