El comité mixto de expertos y representantes de la Administración de la UE y EEUU para clarificar la vulneración a la protección de datos tras el escándalo de espionaje concluyó que la ley estadounidense tiene agujeros en lo que se refiere a la privacidad de los ciudadanos europeos. El documento de conclusiones del comité señala que la ley de inteligencia extranjera de EEUU (Foreign Intelligency Surveillance Act) abre la puerta al procesamiento de datos de ciudadanos no estadounidenses sin las mismas prerrogativas de protección previstas para los estadounidenses y sin la necesidad de que exista sospecha de vínculo terrorista.
Tras analizarse el artículo 702 de esa normativa, se concluye que la recolección de datos 'no incluye ninguna restricción específica de datos de ciudadanos en la UE, incluso cuando no tengan ninguna conexión con el terrorismo'. Las autoridades estadounidenses confirmaron que en virtud de ese artículo, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha construido su base de datos personales PRISM.
Esta se nutre de la recolección de datos procedentes de los principales servicios estadounidenses de internet. Asimismo, destaca que mientras los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que viven en EEUU pueden beneficiarse de la protección de la Constitución del país, los europeos no residentes en ese territorio no pueden evitar que sus datos sean almacenados.
El documento señala que cuando los datos son almacenados en virtud de esa ley adquieren la categoría de 'clasificados', por lo que 'no hay ninguna avenida judicial o administrativa para que los ciudadanos de la UE y de los EEUU puedan ser informados de si son objeto de retención'.
Esta se nutre de la recolección de datos procedentes de los principales servicios estadounidenses de internet. Asimismo, destaca que mientras los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que viven en EEUU pueden beneficiarse de la protección de la Constitución del país, los europeos no residentes en ese territorio no pueden evitar que sus datos sean almacenados.
El documento señala que cuando los datos son almacenados en virtud de esa ley adquieren la categoría de 'clasificados', por lo que 'no hay ninguna avenida judicial o administrativa para que los ciudadanos de la UE y de los EEUU puedan ser informados de si son objeto de retención'.
