La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pillay, pidió ayer en la Asamblea General que la comunidad internacional actúe 'urgentemente' para proteger a la población civil en Siria de los ataques 'sistemáticos' del régimen de Bachar al Asad. Además, lamentó la falta de acción del Consejo de Seguridad sobre la situación en Siria y aseguró que la Liga Árabe sí ha respondido 'con determinación' para frenar la violencia, por lo que ha animado a los Estados miembros de Naciones Unidas a que apoyen los esfuerzos de esa organización regional.
'Cuanto más tarde la comunidad internacional en tomar acciones, más sufrirá la población civil con las innumerables atrocidades que se cometen en su contra', dijo Pillay, quien aseguró que las autoridades sirias siguen adelante con su campaña de 'disparar para matar' contra los manifestantes.
La represión continúa además con una 'campaña masiva de arrestos', que ha llevado a la 'detención arbitraria de miles de manifestantes y activistas', y también a la 'desaparición forzada' de muchos de esos detenidos, según la alta comisionada. Además denunció 'el uso sistemático y extendido de torturas' en los centros de interrogación y detención de las fuerzas de seguridad, a las que ha acusado también de episodios de 'violencia sexual' y de dirigir la represión también contra los menores, ya que unos 400 niños han muerto desde el inicio de la represión.
Las cifras presentadas por Pillay, quien dijo que que no han podido ser actualizadas, aseguran que en 2011 la represión en Siria se cobró más de 5.400 fallecidos, 'entre manifestantes y militares que se negaron a matar a los manifestantes', y además todavía hay 18.000 personas detenidas por el régimen.
La alta comisionada reiteró que su oficina ha concluido que, desde marzo de 2011, cuando se iniciaron las protestas contra el régimen de Al Asad, se han producido 'crímenes contra la humanidad' en Siria y animó de nuevo al Consejo de Seguridad a referir estos casos a la Corte Penal Internacional (CPI).
La represión continúa además con una 'campaña masiva de arrestos', que ha llevado a la 'detención arbitraria de miles de manifestantes y activistas', y también a la 'desaparición forzada' de muchos de esos detenidos, según la alta comisionada. Además denunció 'el uso sistemático y extendido de torturas' en los centros de interrogación y detención de las fuerzas de seguridad, a las que ha acusado también de episodios de 'violencia sexual' y de dirigir la represión también contra los menores, ya que unos 400 niños han muerto desde el inicio de la represión.
Las cifras presentadas por Pillay, quien dijo que que no han podido ser actualizadas, aseguran que en 2011 la represión en Siria se cobró más de 5.400 fallecidos, 'entre manifestantes y militares que se negaron a matar a los manifestantes', y además todavía hay 18.000 personas detenidas por el régimen.
La alta comisionada reiteró que su oficina ha concluido que, desde marzo de 2011, cuando se iniciaron las protestas contra el régimen de Al Asad, se han producido 'crímenes contra la humanidad' en Siria y animó de nuevo al Consejo de Seguridad a referir estos casos a la Corte Penal Internacional (CPI).
