El país especula sobre cómo será la convivencia de De Sousa con el Ejecutivo cuando asuma el cargo, el próximo marzo.
La llegada de Marcelo Rebelo de Sousa a la Jefatura del Estado en Portugal abrirá una nueva etapa política de "convivencia" entre un presidente conservador y un primer ministro socialista, que gobierna apoyado por la izquierda radical.
El perfil del ganador de las elecciones presidenciales de ayer presenta sensibles diferencias respecto al actual inquilino del Palacio de Belém, el también conservador Aníbal Cavaco Silva, y en este país se especula sobre cómo será su convivencia con el Ejecutivo cuando asuma el cargo, el próximo marzo.
Antiguo líder del principal partido del centro-derecha portugués y famoso por su condición de analista político en televisión, Rebelo de Sousa venció en las elecciones en primera vuelta con el 52 % de las papeletas, en unos comicios donde la abstención volvió a rondar máximos históricos (superó el 51 %).
Cómo ejercerá su mandato y cuál será su relación con el Gobierno es una cuestión relevante en el contexto actual, especialmente en términos de estabilidad política, debido a los equilibrios a los que se ve obligado el primer ministro luso, António Costa.
Los socialistas llegaron al poder hace justo dos meses gracias a un acuerdo inédito alcanzado con el resto de fuerzas de izquierda, que se comprometieron a darle apoyo en el Parlamento a cambio de iniciar una política enfocada a revertir la austeridad.
Costa fue el segundo candidato más votado en los comicios por detrás del líder de la coalición de centro-derecha, el ex primer ministro Pedro Passos Coelho, pero dio la vuelta al resultado gracias a un pacto de mínimos con el Bloque de Izquierda, el Partido Comunista y Los Verdes, sin que éstos entren en el Ejecutivo.
Las divergencias programáticas entre todos ellos son palpables y ya obligaron a los socialistas a necesitar en estas primeras semanas del apoyo puntual de los conservadores lusos para sacar adelante una medida importante como la resolución del banco Banif, con un coste millonario para las arcas del Estado.
A la presión de sus socios de izquierda por acelerar la reversión de la austeridad se contrapone la firmeza de Bruselas a la hora de recordar a Portugal que debe cumplir con sus objetivos de reducción del déficit público, lo que rebaja el margen para grandes alegrías financieras.
Mientras en el país continúan las quinielas sobre cuánto durará el actual Gobierno, la posición de Rebelo de Sousa será otro factor a tener en cuenta, dado que entre las competencias que consagra la Constitución al presidente se encuentra la de disolver el Parlamento, una opción que en campaña descartó en este momento.
"Rebelo de Sousa tendrá una actitud institucional con este Gobierno, no será por su causa que caerá inmediatamente", señaló hoy en declaraciones a EFE el prestigioso politólogo luso António Costa Pinto.
El especialista recordó que el aspirante conservador venció en los comicios de ayer con una mayoría muy amplia, lo que refleja que triunfó su "discurso centrista" para atraer a electores, aunque "su pasado de centro-derecha no dejará de notarse" durante esta nueva etapa.
En este sentido, consideró que el próximo jefe del Estado dará prioridad a que se cumplan las exigencias de la UE, por lo que estará atento a que las metas de déficit sean cumplidas.
"Rebelo de Sousa presenta dos características singulares: es el presidente -de los nueve que ha escogido Portugal en democracia- que menos obedece a los partidos políticos que lo apoyan porque tiene capital político propio y es el que más se sitúa en el centro, sobre todo en temas económicos y sociales", subrayó el politólogo.
Para Costa Pinto, la figura del próximo jefe de Estado presenta diferencias significativas con su predecesor, Cavaco Silva, ya que cuenta con "estilo más próximo a la sociedad y una capacidad de diálogo y para generar consensos también mayor".
Cavaco Silva marcó hoy la jornada de "resaca" post-electoral con su decisión de no promulgar dos nuevas leyes impulsadas por la izquierda que permitían adoptar a las parejas homosexuales y retiraban trabas a la hora de abortar, lo que obligará al Parlamento a volver a debatir ambas cuestiones.
