Mientras las calles de Atenas arden y Europa espera a que el Parlamento griego ayude a que le ayuden, Bucarest vive otro verano tranquilo sin protestas en las calles, pese a que el gobierno ha aplicado los recortes más duros que se conocen.
Marcel GascónLa calma en los bulevares de la capital rumana apenas si se ha alterado en estos dos últimos años, en los que el Gobierno ha aplicado los recortes más drásticos de Europa para cumplir los compromisos crediticios con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitar el colapso del país.
Durante la primavera de 2009, el presidente rumano Traian Basescu anunció la contratación de un crédito internacional del FMI, la Unión Europea (UE) y el Banco Mundial (BM) por valor de 20.000 millones de euros.
El préstamo, de una duración de dos años, fue calificado por Basescu de 'cinturón de seguridad' ante un posible 'deterioro rápido' de la economía.
Pero el cinturón de seguridad obligaba también a apretarse la correa para cumplir las condiciones de austeridad presupuestaria del FMI, corregir los excesos de tiempos precedentes y evitar la bancarrota del Estado.
Comprometido a mantener el déficit público por debajo del 6,8 por ciento en 2010, Basescu anunció en mayo del año pasado las grandes medidas para conseguirlo.
En un país en que la pensión mínima no llega a los cien euros, las pensiones debían ser recortadas un 15 %, mientras que el año pasado en Grecia la jubilación media se recortó en alrededor de un 10 % al retirarse las dos pagas extra.
Los sueldos de los funcionarios rumanos, cuya media se situaba en torno a los 500 euros mensuales, serían rebajados un 25 por ciento, en un ejercicio que Rumanía cerraría con una inflación del 8 %, tres veces la media europea.
El Tribunal Constitucional rumano tumbó el recorte de las pensiones, y el Gobierno encontró una alternativa para completar el tijeretazo: subir el IVA cinco puntos, del 19 al 24 %.
En Grecia los funcionarios perdieron el año pasado las pagas extra, que suponían de media un 12 % de su salario anual, y este año afrontan nuevos recortes, aún sin concretar.
El aumento del IVA decidido por Atenas fue de cuatro puntos porcentuales, del 19 al 23 %.
'Rumanía es el único país del mundo en el que la población ha cargado a sus espaldas toda la política de austeridad', declaró el economista y ex-ministro Ilie Serbanescu.
La desazón creada por la subida general de precios y los recortes a los más de un millón de funcionarios es visible todavía hoy en conversaciones de autobús y de café, en un país donde el sueldo medio neto se sitúa en torno a los 400 euros.
Y a pesar de todo, la mayor concentración reunió ese mes de mayo de 2010 a 50.000 personas, y el duro invierno devolvió a sus casas a unos pocos miles de ciudadanos con ganas de manifestarse que ya no han vuelto a salir.
Para el ex-ministro Serbanescu es una cuestión de 'falta de sentido nacional'.
Influyen también los más de cuarenta años de dictadura comunista, que eliminó cualquier posibilidad de protesta organizada y pública, y que el anticomunismo siga siendo el principal motivo de una sociedad civil enclenque que no vive su mejor momento.
Más de veinte años después de la caída de Nicolae Ceausescu, la única tradición viva de protesta en Rumanía es de derechas, contra la corrupción y los herederos del comunismo.
No es extraño que no pueda apelarse a ella contra las reformas de un Gobierno de derechas y el FMI, visto como el brazo secular del liberalismo económico.
Cuando se hizo en Yalta el reparto de Europa, Rumanía era uno de los países más conservadores y prooccidentales, al tiempo que Grecia era una de las potencias revolucionarias del continente, inmersa en una cruenta guerra civil tras la II Guerra Mundial.
Rumanía cayó del lado soviético del telón de acero y Grecia quedó al lado de las potencias capitalistas.
Reveladora paradoja que más de medio siglo después los rumanos protesten menos que nunca, y que el capitalismo haya mantenido la buena salud del ardor revolucionario griego.
