Cien días después del inicio de la guerra en Libia, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este lunes, a petición de la fiscalía, una orden de arresto contra el líder libio, Muamar Gadafi, su hijo Saif al Islam Gadafi y el jefe de la Inteligencia, Abdulá al Senussi.
A los tres dirigentes se les acusa de 'ataques generalizados y sistemáticos' contra la población civil y por 'crímenes contra la Humanidad' perpetrados en Libia en febrero de este año. Con esta orden, los rebeldes libios confían en que se acelere la caída del líder mientras que el Gobierno ha anunciado que ignorará la sentencia.
En los nueve años de historia del TPI, esta es la segunda vez que emiten una orden de arresto contra un jefe de Estado en ejercicio, tras la dictada en agosto de 2010 contra el presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, por los crímenes cometidos en la región de Darfur.
La sala de Instrucción número 1 del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido este lunes una orden de arresto contra Muamar Gadafi, su hijo Saif al Islam Gadafi y el jefe de Inteligencia, Abdulá al Senussi. El fiscal jefe del Tribunal, Luis Moreno-Ocampo, había solicitado el pasado 16 de mayo que se emitiera una orden internacional de arresto contra los tres dirigentes libios por 'ataques generalizados y sistemáticos' contra la población civil por 'crímenes contra la Humanidad' tras reunir 'evidencias directas sobre las órdenes emitidas personalmente por Moumar Gadafi' contra 'los civiles libios desarmados'.
Asimismo, Moreno-Ocampo ha explicado que el TPI tenía 'pruebas directas' de que Saif al Islam 'organizó el reclutamiento y de que Al Senussi había participado en diversos ataques contra manifestantes'. La oficina ha documentado cómo los tres celebraron reuniones 'para planificar y dirigir las operaciones', ha añadido el fiscal.
Moreno-Ocampo ha explicado que 'las fuerzas de Gadafi atacaron a civiles en sus hogares y dispararon con fuego real contra manifestantes en espacios públicos', y sus 'francotiradores recibieron la orden de disparar a los manifestantes en el momento en que salían de las mezquitas'. Además, 'elaboraron listas con los nombres de supuestos disidentes que fueron detenidos, encarcelados en Trípoli, torturados y desaparecidos'. El fiscal ha añadido que, 'con el objetivo de preservar el poder' hizo uso de 'su autoridad absoluta para cometer crímenes'.
Ante estas 'pruebas directas', el presidente de la sala, el juez Sanji Mmasenono Monageng, ha emitido las órdenes de arresto por, concretamente, 'homicidio y persecución' en Libia 'entre el 15 de febrero y al menos el 28 de febrero a través de los aparatos del Estado de las fuerzas de seguridad'.
Junto a Mmasenono, los otros dos jueces de la sala han estimado que 'hay motivos para creer que los tres sospechosos cometieron los crímenes que se alegan y que sus detenciones parecen necesarias para garantizar su comparecencia entre el Tribunal, para garantizar que no seguirán obstruyendo ni poniendo en peligro las investigaciones del Tribunal y para impedir que utilicen sus poderes para seguir cometiendo crímenes que entran dentro de la jurisdicción del Tribunal'.
Para llevar a cabo la resolución, el Tribunal de La Haya no dispone de una fuerza policial propia y depende, por tanto, de los Estados para este tipo de acciones. Por su parte, el Gobierno libio ha anunciado que ignorará esta orden de arresto puesto que Libia no es Estado parte del Estatuto de Roma que regula el TPI y, por lo tanto, no tienen las obligaciones que se derivan de éste. Aún así, el TPI 'insta a todos los Estados y organizaciones regionales e internacionales implicadas a cooperar plenamente con el Tribunal y el fiscal'.
El TPI ha recordado que el caso de Libia fue remitido al fiscal por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras la aprobación, por unanimidad, de la Resolución 1970 del 26 de febrero de 2011. En esta, se establece que, en virtud de la Carta VII de Naciones Unidas, 'las autoridades libias deben cooperar plenamente y aportar cualquier ayuda necesaria al Tribunal y al fiscal en cumplimiento de esta resolución'.
LOS REBELDES CONFÍAN EN QUE SE ACELERE LA CAÍDA DE GADAFI
El Consejo Nacional de Transición libio, el órgano administrativo de los rebeldes, se ha hecho eco de la orden, y confía en que se acelere la caída de Gadafi. Así lo ha comentado un portavoz del órgano de los sublevados, Jalal al Galal, que han confesado que están 'extremadamente felices' de que 'todo el mundo esté unido para perseguir a Gadafi por los crímenes que ha cometido'.
Al Galal ha advertido de que, hasta ahora, Gadafi siempre ha rechazado 'abandonar Libia', en algunos casos incluso ha defendido que permanecerá 'vivo o muerto'. Para el portavoz rebelde, el dirigente está 'ganando tiempo' para poder quedarse en su país 'todo lo que pueda', y explica que 'después de esta orden, todo es irrelevante'.
El portavoz rebelde ha añadido que 'no se puede negociar con criminales' y que 'el mundo ha confirmado lo que hemos dicho durante todo el tiempo', y es que Gadafi 'es un criminal de guerra y debería ser juzgado por ello'.
Respecto a los rebeldes, el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, ha roto el silencio en torno a una posible derrota de las fuerzas leales a Gadafi y ha afirmado que los combatientes contra el régimen tienen ahora cierta ventaja en la lucha armada.
Hasta ahora, los principales dirigentes de Naciones Unidas no habían hecho declaraciones, a pesar de que desde hace tres meses los fieles de Gadafi son objeto de bombardeos por parte de las fuerzas de la OTAN, que bombardean objetivos específicos con la intención de proteger a la población civil.
'Aunque no tenemos datos detallados de la situación militar sobre el terreno, está claro que la iniciativa, aunque de forma interrumpida, está del lado de las fuerzas de la oposición apoyadas en algunos momentos por aeronaves de la OTAN', ha declarado Pascoe en el Consejo de Seguridad de la ONU.
LA OTAN 'REFUERZA EL OBJETIVO' Y LA UE PIDE 'PLENA COOPERACIÓN'
Tras la orden dictada, el secretario general de la OTAN ha explicado que 'refuerza el objetivo de la misión en Libia', mientras que la Representante de Política Exterior de la UE pide 'plena cooperación' para cumplir con la sentencia.
El secretario general de la OTAN, Andres Fogh Rasmussen, ha asegurado que se 'refuerza el objetivo de la misión' y ha prometido 'mantener la presión más que nunca, hasta que todos los ataques contra civiles hayan parado, todas las fuerzas del régimen hayan regresado a sus bases y hasta que haya acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria para todos los que la necesiten' sobre el régimen. 'Gadafi y sus secuaces necesitan comprender que el tiempo se les está agotando rápidamente', ha comentado el secretario general y ha añadido que 'esta decisión pone de manifiesto el creciente aislamiento del régimen de Gadafi'.
Por último, la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, ha hecho un 'llamamiento' a la 'plena cooperación con el TPI' y ha asegurado que 'la Unión Europea ha tomado nota' de la decisión del tribunal. Ashton ha recordado que el Estatuto de Roma, por el que se creó el TPI, reserva al tribunal 'los crímenes más serios' que 'no pueden quedar impunes' y ha insistido en que 'poner fin a la impunidad de los responsables de estos crímenes contribuye a prevenir tales crímenes'.
