El misterio sobre los herederos de la fortuna del fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet sigue sin resolverse, después de que hoy se supiera que la postrera modificación que este hizo de su testamento solo supuso un cambio de albacea.
En el Tercer Juzgado Civil de Santiago se abrió este miércoles el último testamento del exdictador (1973-1990), a petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que es parte querellante en la causa que investiga el origen de su patrimonio, que, según los antecedentes del caso, supera los 26 millones de dólares y sigue embargado.
Ningún familiar de Pinochet asistió a la diligencia y solo estuvieron presentes una jueza, dos abogados del CDE, el notario Eduardo Avello, que guardaba el testamento, y dos amigos de la familia que en 2005 lo firmaron como testigos.
En el documento, de solo media página de extensión, el exdictador nombró como albacea a la abogada Julia Hormazábal, tras la renuncia de Óscar Aitken, acusado de participar, junto a Pinochet y otros miembros de su familia, en el 'caso Riggs'.
Este caso se abrió a mediados de 2004 cuando se descubrió que Pinochet mantenía numerosas cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras del exterior.
Al fallecer, el exdictador estaba procesado en el 'caso Riggs' por fraude al Fisco y uso de pasaportes falsos y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de caudales públicos.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado Álvaro Quintanilla reconoció que el resultado de la apertura del último testamento no le dejó 'plenamente satisfecho' pues esperaba conocer el nombre de los herederos de los bienes para continuar con la causa civil del caso.
El letrado recordó que la responsabilidad penal de Pinochet en este caso terminó con su muerte, pero las obligaciones civiles se transmiten a los herederos de sus bienes.
En ese sentido, para Quintanilla resulta fundamental saber cómo repartió Pinochet su herencia para poder incluir estos bienes en futuras indemnizaciones o condenas para restituir el patrimonio del Estado.
El abogado del CDE explicó a los periodistas que el testamento de 2005 solo contiene un cambio de albacea y no hace ninguna mención a los herederos de los bienes de Pinochet, fallecido en diciembre de 2006.
'Lo que se hizo hoy fue la diligencia de apertura de un testamento que no contiene un llamamiento de herederos, sino simplemente la modificación del albacea o ejecutor testamentario por haber renunciado el anterior', dijo Quintanilla.
El Consejo de Defensa del Estado solicitará ahora la apertura del anterior testamento de Pinochet, escrito en 2000, en el que se supone que distribuyó sus pertenencias entre algunos miembros de su familia.
Las propiedades que se repartirán son casas en el barrio santiaguino de Lo Barnechea, una parcela en la localidad costera de Quintero, la finca costera 'Los Boldos', donde fueron depositadas las cenizas del exdictador, entre otros bienes inmobiliarios, y tres automóviles.
Estos inmuebles están embargados por la Justicia, que además congeló 2,6 millones de dólares depositados en el Banco de Chile y vales vista de un banco estadounidense.
Las críticas del clan Pinochet, iniciadas ayer por la primogénita, Lucía Pinochet Hiriart, llegaron hoy de parte de uno de los nietos del exdictador, Augusto Pinochet Molina, quien consideró que la apertura del testamento es una 'artimaña' para dañar su imagen.
Por su parte, la abogada Carmen Hertz, que ejerció de acusación particular contra Pinochet, aseguró a Efe que el testamento del dictador 'no arrojará ninguna sorpresa' y no servirá para calcular la fortuna que amasó durante el régimen militar.
'Nunca la sociedad sabrá cuál es el origen del enriquecimiento ilícito de Pinochet ni la cuantía real', dijo la abogada, quien denunció que el general recibió sobornos y dinero por la venta de armamento militar cuyo paradero se desconoce.
Además, consideró que la causa judicial está 'paralizada' desde que 'apartaron' del caso al juez especial Carlos Cerda, que fue reemplazado en octubre de 2008 por Manuel Valderrama.
Ningún familiar de Pinochet asistió a la diligencia y solo estuvieron presentes una jueza, dos abogados del CDE, el notario Eduardo Avello, que guardaba el testamento, y dos amigos de la familia que en 2005 lo firmaron como testigos.
En el documento, de solo media página de extensión, el exdictador nombró como albacea a la abogada Julia Hormazábal, tras la renuncia de Óscar Aitken, acusado de participar, junto a Pinochet y otros miembros de su familia, en el 'caso Riggs'.
Este caso se abrió a mediados de 2004 cuando se descubrió que Pinochet mantenía numerosas cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras del exterior.
Al fallecer, el exdictador estaba procesado en el 'caso Riggs' por fraude al Fisco y uso de pasaportes falsos y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de caudales públicos.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado Álvaro Quintanilla reconoció que el resultado de la apertura del último testamento no le dejó 'plenamente satisfecho' pues esperaba conocer el nombre de los herederos de los bienes para continuar con la causa civil del caso.
El letrado recordó que la responsabilidad penal de Pinochet en este caso terminó con su muerte, pero las obligaciones civiles se transmiten a los herederos de sus bienes.
En ese sentido, para Quintanilla resulta fundamental saber cómo repartió Pinochet su herencia para poder incluir estos bienes en futuras indemnizaciones o condenas para restituir el patrimonio del Estado.
El abogado del CDE explicó a los periodistas que el testamento de 2005 solo contiene un cambio de albacea y no hace ninguna mención a los herederos de los bienes de Pinochet, fallecido en diciembre de 2006.
'Lo que se hizo hoy fue la diligencia de apertura de un testamento que no contiene un llamamiento de herederos, sino simplemente la modificación del albacea o ejecutor testamentario por haber renunciado el anterior', dijo Quintanilla.
El Consejo de Defensa del Estado solicitará ahora la apertura del anterior testamento de Pinochet, escrito en 2000, en el que se supone que distribuyó sus pertenencias entre algunos miembros de su familia.
Las propiedades que se repartirán son casas en el barrio santiaguino de Lo Barnechea, una parcela en la localidad costera de Quintero, la finca costera 'Los Boldos', donde fueron depositadas las cenizas del exdictador, entre otros bienes inmobiliarios, y tres automóviles.
Estos inmuebles están embargados por la Justicia, que además congeló 2,6 millones de dólares depositados en el Banco de Chile y vales vista de un banco estadounidense.
Las críticas del clan Pinochet, iniciadas ayer por la primogénita, Lucía Pinochet Hiriart, llegaron hoy de parte de uno de los nietos del exdictador, Augusto Pinochet Molina, quien consideró que la apertura del testamento es una 'artimaña' para dañar su imagen.
Por su parte, la abogada Carmen Hertz, que ejerció de acusación particular contra Pinochet, aseguró a Efe que el testamento del dictador 'no arrojará ninguna sorpresa' y no servirá para calcular la fortuna que amasó durante el régimen militar.
'Nunca la sociedad sabrá cuál es el origen del enriquecimiento ilícito de Pinochet ni la cuantía real', dijo la abogada, quien denunció que el general recibió sobornos y dinero por la venta de armamento militar cuyo paradero se desconoce.
Además, consideró que la causa judicial está 'paralizada' desde que 'apartaron' del caso al juez especial Carlos Cerda, que fue reemplazado en octubre de 2008 por Manuel Valderrama.
