Casi todas las concesiones de servicios municipales en Ourense -o lo que es lo mismo, la gestión de éstos por empresas privadas a cambio de un casi siempre suculento canon que abona el Concello- se hallan literalmente bajo la lupa de los jueces.
Hasta siete servicios gestionados por empresas privadas están siendo investigados, por distintas causas. Son muchos porque, de acuerdo con la información facilitada por el propio Concello, la ciudad tiene en manos privadas un total de 10, y 5 de ellas fueron formalizadas con el gobierno socialista surgido de las elecciones de 2007. Sólo se libran, de momento, el servicio de comida a domicilio -en manos de la UTE Corporación LS y Alberto López, por 300.000 euros al año-, el de limpieza de colegios -otorgada a Limpiezas del Noroeste por 846.786,56 euros y que vence en julio de este año- y el transporte urbano -gestionado por Urbanos de Ourense, del Grupo Avanza, por 6,5 millones de euros y que acaba en 2015-.
La Operación Pokemon instruida por la jueza Pilar de Lara desde Lugo puso en evidencia la peculiar relación de los gerentes de algunas de estas empresas -básicamente el Grupo Vendex- con el gobierno local, tanto que llegó a derribar al alcalde de la ciudad y a un concejal, y puesto patas arriba un gobierno municipal incapaz de volver a la normalidad después de 17 meses. Ahí están, en los miles de folios del sumario, la limpieza de instalaciones deportivas, a cargo PAU, por 139.984 euros al año hasta 2016, y de instalaciones municipales, que ahora gestiona en precario por 611.000 euros anuales; y grúa y ORA, a cargo del Grupo Doal, 1,1 millones al año de canon fijo y con fecha de vencimiento en 2016. Todas son filiales de Vendex.
Pero no son las únicas. La Operación Patos, ésta dirigida por el Juzgado número 7 de Vigo y que saltó esta misma semana, impactó directamente contra el servicio de mantenimiento de zonas verdes, adjudicado en octubre pasado a Cespa, filial de Ferrovial, por 856.643,26 euros al año.
Los dos grandes servicios externalizados, además del transporte urbano, son el abastecimiento de agua por Viaqua (antes Aquagest) -cuatro millones de euros al año hasta 2017, pues la concesión se hizo por 25 años- y la limpieza y recogida de basuras por Ecourense -10 millones anuales hasta 2019-. No hay operación judicial específica contra ellos por su gestión en Ourense -aunque la primera sí fue investigada en otras ciudades gallegas- pero sí han sido protagonistas por la relación de favores prestados al gobierno local, especialmente al exalcalde socialista Francisco Rodríguez. Por lo tanto, también bajo la lupa judicial.
La gestión de la ayuda a domicilio ha recibido un respiro esta semana, cuando una sentencia judicial -por lo tanto, también investigada por los jueces- avaló la adjudicación a la UTE integrada por FCC-Corporación LS de servicios sociosanitarios, por 2.136.000 euros anuales hasta finales de este año. En este caso no hay macro-operación policial, pero esta concesión se investiga en el Pazo de Xustiza por graves deficiencias en la gestión de la UTE Troncoso Saludges (75% de José Fermín Troncoso y familia, y 25% de Alberto López). El juez que instruye las diligencias, Antonio Piña, ya ordenó requisar el ordenador de la concejala responsable, Marga Martín, sobre la que pesa una imputación; y hay dos funcionarias en la misma situación.
