En el anteproyecto una parte importante la constituyen las retribuciones de los alcaldes y las dedicaciones exclusivas de los concejales.
Porque los regidores y ediles de concellos de menos de mil habitantes no percibirán sueldo, lo que afecta, por ejemplo, a la alcaldesa popular de Gomesende, Pura Rodríguez, que percibe una dedicación parcial. En Ourense, hay 17 municipios que no alcanzan el millar de habitantes -Petín, Os Blancos, Vilar de Santos, Gomesende, Lobeira, Montederramo, Xunqueira de Espadañedo, Punxín, Quintela de Leirado, Río, Pontedeva, Parada de Sil, Vilariño de Conso, Chandrexa de Queixam Larouco, Beade y A Teixeira-, pero la inmensa mayoría de los regidores tienen otra actividad profesional o bien están jubilados. Además, pocos se podrían permitir una retribución en un municipio tan mermado de contribuyentes.
Con el nuevo tope máximo de sueldo, establecido entre los 95.000 y 100.000 euros -que es la nómina anual bruta de los secretarios de Estado-, los alcaldes de las villas (las que tienen entre 10.001 y 20.000 habitantes, que son Verín, O Barco, Carballiño, Xinzo y Barbadás) no podrán superar el 45% de ese máximo, y los de municipios entre 6.000 y 10.000 habitantes -Allariz, Ribadavia o Celanova, todos con dedicación- no podrán llegar al 40% de ese máximo. El alaricano Francisco García sobrepasará el límite pues percibe 39.000 euros al año.
El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, tendría que cobrar un 25% menos que el máximo, lo que ya ocurre; es más, podría incrementar sus percepciones hasta los 70.000 o 75.000 euros, pues ahora percibe unos 68.000 euros al año. Mientras, el presidente de la Diputación, el popular Manuel Baltar, que ahora percibe un salario de 72.325 euros brutos, entra también en el rango que le asigna la nueva norma, ya que su salario no puede ser mayor que el máximo que corresponda al alcalde del municipio más poblado de la provincia, en este caso el de Ourense.
El anteproyecto también retira las exclusividades restringiéndolas según la población. En una provincia de pequeños concellos como la de Ourense, la repercusión es menor, aunque en la ciudad los actuales ediles en esa situación son 12 (uno más con media dedicación), acercándose al tope máximo de 13 que le correspondería. En la Diputación, hay dos, la del presidente y el vicepresidente. Y se regula el número de personal eventual, que permite 13 en la ciudad -no se llega a esa cifra- y también en la Diputación, que tiene seis, incluyendo los contratados de la oposición nacionalista (los del PSOE son laborales).
Con el nuevo tope máximo de sueldo, establecido entre los 95.000 y 100.000 euros -que es la nómina anual bruta de los secretarios de Estado-, los alcaldes de las villas (las que tienen entre 10.001 y 20.000 habitantes, que son Verín, O Barco, Carballiño, Xinzo y Barbadás) no podrán superar el 45% de ese máximo, y los de municipios entre 6.000 y 10.000 habitantes -Allariz, Ribadavia o Celanova, todos con dedicación- no podrán llegar al 40% de ese máximo. El alaricano Francisco García sobrepasará el límite pues percibe 39.000 euros al año.
El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández, tendría que cobrar un 25% menos que el máximo, lo que ya ocurre; es más, podría incrementar sus percepciones hasta los 70.000 o 75.000 euros, pues ahora percibe unos 68.000 euros al año. Mientras, el presidente de la Diputación, el popular Manuel Baltar, que ahora percibe un salario de 72.325 euros brutos, entra también en el rango que le asigna la nueva norma, ya que su salario no puede ser mayor que el máximo que corresponda al alcalde del municipio más poblado de la provincia, en este caso el de Ourense.
El anteproyecto también retira las exclusividades restringiéndolas según la población. En una provincia de pequeños concellos como la de Ourense, la repercusión es menor, aunque en la ciudad los actuales ediles en esa situación son 12 (uno más con media dedicación), acercándose al tope máximo de 13 que le correspondería. En la Diputación, hay dos, la del presidente y el vicepresidente. Y se regula el número de personal eventual, que permite 13 en la ciudad -no se llega a esa cifra- y también en la Diputación, que tiene seis, incluyendo los contratados de la oposición nacionalista (los del PSOE son laborales).
