La supresión de las fronteras y la movilidad por la raia aumentó el número de procedimientos penales en los juzgados. Un total de 890 lusos tienen causas pendientes con la Justicia ourensana por tráfico o tenencia de armas, droga, tabaco y violencia de género. Practicamente, la misma tipología delictiva que cometieron 170 ourensanos en Portugal. El panorama es distinto al de 1987, cuando había contrabando. Veinte ciudadanos lusos tenían procedimientos judiciales abiertos en la provincia y siete ourensanos en Portugal.
Tráfico y tenencia ilícita de armas de fuego y droga, contrabando de tabaco, bebidas alcohólicas y ganado ropa con etiquetas falsificadas, violencia de género, atentados contra agentes de la autoridad y seguridad vial. Estos son los delitos que cometen con más frecuencia los ciudadanos portugueses que delinquen en la provincia, según los datos que manejan las fuerzas de seguridad.
En la actualidad, un total de 890 ciudadanos lusos, la amplia mayoría con domicilio en el norte del país vecino, tienen causas abiertas en los juzgados de la provincia. La supresión de las fronteras en 1992 acrecentó la actividad delictiva y con ella las denuncias en los cuarteles de la Guardia Civil y Comisaría de Policía que tuvieron su reflejo en las instalaciones judiciales. En los últimos dos años aumentaron sustancialmente los delitos de malos tratos, sobre todo en los municipios fronterizos, explicaron fuentes del instituto armado.
Este argumento es compartido por el titular del Juzgado de Instancia e Instrucción número uno de Verín, Ricardo Fiestras Gil, quien aseguró recientemente que los ciudadanos de Portugal son los que más guerra dan por violencia de género. No sé si porque tiene unas costumbres distintas o por otra razón, pero los casos están ahí. También son los que acaparan más asuntos por posesión ilícita de pistolas.
Hace 20 años, cuando el contrabando de tabaco, café y jabón, entre otros productos, en la raia daba de comer a incon tables familias, tan sólo 20 ciudadanos del país vecino tenían asuntos pendientes en los juzgados ourensanos, todos por tráfico de armas, personas y ganado, además de por delitos de lesiones al verse envueltos en peleas fronterizas.
En la actualidad, un total de 170 ourensanos están siendo enjuiciados en Portugal prácticamente por los mismos delitos que cometen los lusos en la provincia. Hace 20 años, el número de expedientes judiciales abiertos a ourensanos en el país vecinos era de siete, según datos faci litados por la Guardia Nacional Republicana.
La raia continúa siendo un obstáculo para la Justicia y las fuerzas de seguridad. Todos los portugueses que están siendo enjuiciados en los tribunales ourensanos están perfectamente localizados y reciben en su domicilio las citaciones judiciales. En caso de ignorarlas, el juez puede dictar su detención pero la orden debe ser tramitada a través de los ministerios de Justicia de Madrid y Lisboa y autorizada por el Consejo de Ministros (procesos de extradición) lo que retrasa la resolución de los procedimientos judiciales.
Las fuerzas de seguridad españolas y portugueses pueden cruzar la frontera y perseguir delincuentes en un radio de 50 kilómetros pero no pueden practicar el arresto, que debe ser realizado, en el caso de Ourense por la Guardia Civil o Policía Nacional y en Portugal por los agentes lusos. La situación provoca que algunos delitos, sobre todo robos, pese a la colaboración existente entre los cuerpos de seguridad de ambos países, queden sin resolver.
En la actualidad, un total de 890 ciudadanos lusos, la amplia mayoría con domicilio en el norte del país vecino, tienen causas abiertas en los juzgados de la provincia. La supresión de las fronteras en 1992 acrecentó la actividad delictiva y con ella las denuncias en los cuarteles de la Guardia Civil y Comisaría de Policía que tuvieron su reflejo en las instalaciones judiciales. En los últimos dos años aumentaron sustancialmente los delitos de malos tratos, sobre todo en los municipios fronterizos, explicaron fuentes del instituto armado.
Este argumento es compartido por el titular del Juzgado de Instancia e Instrucción número uno de Verín, Ricardo Fiestras Gil, quien aseguró recientemente que los ciudadanos de Portugal son los que más guerra dan por violencia de género. No sé si porque tiene unas costumbres distintas o por otra razón, pero los casos están ahí. También son los que acaparan más asuntos por posesión ilícita de pistolas.
Hace 20 años, cuando el contrabando de tabaco, café y jabón, entre otros productos, en la raia daba de comer a incon tables familias, tan sólo 20 ciudadanos del país vecino tenían asuntos pendientes en los juzgados ourensanos, todos por tráfico de armas, personas y ganado, además de por delitos de lesiones al verse envueltos en peleas fronterizas.
En la actualidad, un total de 170 ourensanos están siendo enjuiciados en Portugal prácticamente por los mismos delitos que cometen los lusos en la provincia. Hace 20 años, el número de expedientes judiciales abiertos a ourensanos en el país vecinos era de siete, según datos faci litados por la Guardia Nacional Republicana.
La raia continúa siendo un obstáculo para la Justicia y las fuerzas de seguridad. Todos los portugueses que están siendo enjuiciados en los tribunales ourensanos están perfectamente localizados y reciben en su domicilio las citaciones judiciales. En caso de ignorarlas, el juez puede dictar su detención pero la orden debe ser tramitada a través de los ministerios de Justicia de Madrid y Lisboa y autorizada por el Consejo de Ministros (procesos de extradición) lo que retrasa la resolución de los procedimientos judiciales.
Las fuerzas de seguridad españolas y portugueses pueden cruzar la frontera y perseguir delincuentes en un radio de 50 kilómetros pero no pueden practicar el arresto, que debe ser realizado, en el caso de Ourense por la Guardia Civil o Policía Nacional y en Portugal por los agentes lusos. La situación provoca que algunos delitos, sobre todo robos, pese a la colaboración existente entre los cuerpos de seguridad de ambos países, queden sin resolver.
