El fiscal superior del TSXG alerta de que se están empleando demasiados recursos ‘en temas sen futuro’

El 94% de los casos judiciales que se instruyen en la provincia acaban sin acusación y archivados

La Justicia, según denuncia el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, gasta parte de sus energías en cuestiones que en el 94% de las veces acaban sin nadie quien acusar y archivadas, ou en litigios de baja intensidad, penados con menos de dos años de prisión, y que impiden un tratamiento eficiente de casos judiciales complejos.
Carlos Varela evita los paños calientes para referirse al presente de la Justicia. ‘O sistema penal está colapsado polos litixios de baixa intensidade, é dicir, aqueles que levan aparellada unha carga punitiva inferior a dous anos de cadea’. Los juzgados de Ourense no son ajenos a la dialéctica que muestra todo el edificio judicial español. De hecho, de los 1.524 procedimientos penales en los que el Ministerio Fiscal se presentó como acusación, un 58% de ellos, según datos facilitados por el propio fiscal superior de Galicia, ‘estiveron relacionados por delictos contra a seguridade viaria’.

¿Consecuencias? Varias. Pero la más amenazante, bajo el criterio de Carlos Varela, es la incapacidad en la queda atrapada la Justicia para ‘dar unha resposta eficaz aos procedementos penais de máis complexidade’. Esto es, ‘delictos económicos ou urbanísticos, delictos medioambientais, corrupción política, crimen organizado, etcétera’.

En alguna medida, el sistema judicial permanece secuestrado por los cambios labrados hace dos años en el Código Penal, que una vez amplió los supuestos para perseguir penalmente las infracciones del tráfico, multiplicó el caudal de procedimientos a los que, de pronto, los actores judiciales debían dar respuesta.

Esta mayoría de recursos puestos a disposición de una litigiosidad de escasa intensidad, da como resultado una Justicia ‘pouco eficiente’. Mas existen otros elementos que abundan en la disminución de la eficacia. Claro ejemplo es el elevado número de procedimientos incoados por delito, esto es, las diligencias previas encaminadas a recoger datos sobre la existencia objetiva de un delito y un sujeto autor del mismo. En 2008, en Ourense, los procedimientos incoados fueron 24.031. Ahora bien, sólo 1.524 desembocaron en un escrito de acusación por parte del Ministerio Público. ‘Iso quere dicir que o 94% dos procesos que se instrúen rematan sen acusación’, subraya Carlos Varela. ‘Empregamos moitos recursos de tempo, humanos, técnicos, que á fin morren nun arquivo’. Claramente existen ‘defectos de xestión na Xustiza’ que hacen que ‘nos entreteñamos en cousas sen futuro’.

¿Y entonces? ‘Hai que crear tribunais específicos de delitos de baixa intensidade, para que os outros poidan dedicarse a temas complexos’, señala. La eficiencia pasa por la constitución de jurisdicciones especializadas, ya que ‘a día de hoxe non hai órganos específicos dedicados aos delitos de difícil instrucción’. Según Varela, ‘mentres non nos dotemos destas ferramentas, seguirán existindo problemas para resolver casos xudiciais complexos’. Una de las propuestas de la Fiscalía del TSXG es la institución de tribunales de comarca, con competencia para abarcar la pequeña litigiosidad que se manifiesta masivamente en los órdenes civil, penal e administrativo.

Varela aboga por la mediación para frenar la alta litigiosidad

Frente a la envergadura, en términos absolutos, de los pequeños conflictos que afectan al círculo más próximo de las personas, como son los que se producen entre cónyuges, padres e hijos, y mismo los que tienen repercusión en el ámbito comunitario, social o ciudadano, el fiscal superior propone la aprobación de una ley autonómica en el ámbito del derecho privado. Partidario de un nuevo paradigma de política de justicia, Varela entiende que ‘non só hai xustiza onde hai tribunais’, y por lo tanto ‘non todos os litixios teñen que ser resoltos polos xulgados’.

El máximo representante del Ministerio Fiscal en Galicia recuerda que ya ‘de las 1.391 sentencias por delito que se dictaron en Ourense en 2008’, 852 fueron ‘condenatorias por conformidade’, posibles gracias a un acuerdo previo al juicio alcanzado entre fiscales y letrados. Con el objeto, precisamente, de incrementar estas conformidades y evitar a tiempo la movilización de recursos técnicos y humanos anteriores a la celebración de un juicio, el fiscal superior y el decano del Colexio de Avogados de Ourense, Arturo González, firmaron el jueves un protocolo para fomentar el entendimiento judicial entre las partes.



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