El superintendente de la Policía Local en Ourense, Abelardo Ulloa Pardo, quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros a última hora de la mañana de ayer tras comparecer ante la jueza De Lara, imputado en los delitos de cohecho continuado y tráfico de influencias.
El responsable policial, que declaró por espacio de tres horas y media, no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación ya que, según su letrado, Javier Puertas, se encontraba 'muy cansado' por las circunstancias que vivió en las últimas horas (fue detenido en la mañana del martes en su sede de trabajo). 'Está muy afectado por toda esta situación ya que tuvo que dormir en los calabozos, sintiéndose inocente', declaró Puertas.
Abelardo Ulloa abandonó la sede judicial en torno a las tres de la tarde, corriendo para evitar a los medios gráficos, y se subió a un todoterreno de color negro, que ya lo esperaba en la plaza de Avilés de Lugo, frente al edificio de los juzgados. Su abogado explicó que en su declaración se mostró en todo momento 'tranquilo y coherente, respondiendo a todas las preguntas que le formularon, y sin problema de ningún tipo'.
Ulloa, según pudo saber este diario, negó que hubiera recibido dinero o joyas (relojes) por parte de Vendex para mantener bajo control el flujo de trabajo de la grúa municipal, tal como confesó uno de los directivos de la concesionaria interrogados por la togada en días pasados.
Pero el interrogatorio también giró en torno a otra cuestión capital: hasta qué punto su actuación determinó que la mesa de contratación, de la que formó parte en 2006, con el alcalde Manuel Cabezas en el gobierno, escogiera a Doal para adjudicar los servicios de la grúa y la ORA. Según explicó el jefe de la Policía Local a la jueza instructora en el día de ayer, formó parte de esa mesa de contratación pero era uno más de los cinco integrantes. En ese momento, Doal consiguió arrebatarle la concesión a Aparkisa, quien había asumido el servicio desde 1989.
EL OTRO POLICÍA, LIBRE
También quedó en libertad el que fuera coordinador de la Policía Local de Lugo hasta su jubilación, Daniel Corral Veiga prestó declaración durante varias horas ante la jueza instructora, tal como informó su abogado, Francisco Fernández Montes.
Fue detenido, al parecer, por su relación con la obtención de manera irregular de la licencia para la construcción de la nave de Pórtico Básico, junto a la N-VI. Corral era el hombre de confianza del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal de Urbanismo en Lugo, Francisco Fernández Liñares, en la Policía Local, donde entabló una relación muy estrecha con el otro personaje clave en la trama, Javier Reguera, responsable de la ORA en Lugo y encarcelado por esta misma operación.
REGUERA Y SANTISO
Mientras, Javier Manuel Reguera Pérez, el gerente de la ORA en Lugo, ingresó en prisión en la madrugada de ayer después de prestar declaración hasta altas horas. Por su parte, Manuel Santiso González, propietario de la constructora Sanle y de la empresa de la grúa Cechalva, quedó en libertad bajo fianza de 20.000 euros. Reguera y Santiso están imputados en los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental.
Reguera es una de las piezas claves de la investigación, por su proximidad al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, que fue enviado a prisión. Al parecer, confesó que había hecho entregas de dinero a Liñares cuando era concejal, en su condición de delegado de Vendex en la provincia de Lugo. La investigación sostiene que Reguera era quien acudía a recoger los paquetes 'de pintura' -como le llamaba para no ser descubiertos- que llegaban a A Coruña desde la central en Madrid a nombre de Tutor.
El propietario de la empresa Sanle, Manuel Santiso, prestó declaración durante más de cinco horas, según informaron fuentes de su defensa, y aunque su interrogatorio finalizó en torno a las siete y media de la tarde, tuvo que esperar a que declarase Javier Reguera para conocer los cargos que se le imputaban.
Abelardo Ulloa abandonó la sede judicial en torno a las tres de la tarde, corriendo para evitar a los medios gráficos, y se subió a un todoterreno de color negro, que ya lo esperaba en la plaza de Avilés de Lugo, frente al edificio de los juzgados. Su abogado explicó que en su declaración se mostró en todo momento 'tranquilo y coherente, respondiendo a todas las preguntas que le formularon, y sin problema de ningún tipo'.
Ulloa, según pudo saber este diario, negó que hubiera recibido dinero o joyas (relojes) por parte de Vendex para mantener bajo control el flujo de trabajo de la grúa municipal, tal como confesó uno de los directivos de la concesionaria interrogados por la togada en días pasados.
Pero el interrogatorio también giró en torno a otra cuestión capital: hasta qué punto su actuación determinó que la mesa de contratación, de la que formó parte en 2006, con el alcalde Manuel Cabezas en el gobierno, escogiera a Doal para adjudicar los servicios de la grúa y la ORA. Según explicó el jefe de la Policía Local a la jueza instructora en el día de ayer, formó parte de esa mesa de contratación pero era uno más de los cinco integrantes. En ese momento, Doal consiguió arrebatarle la concesión a Aparkisa, quien había asumido el servicio desde 1989.
EL OTRO POLICÍA, LIBRE
También quedó en libertad el que fuera coordinador de la Policía Local de Lugo hasta su jubilación, Daniel Corral Veiga prestó declaración durante varias horas ante la jueza instructora, tal como informó su abogado, Francisco Fernández Montes.
Fue detenido, al parecer, por su relación con la obtención de manera irregular de la licencia para la construcción de la nave de Pórtico Básico, junto a la N-VI. Corral era el hombre de confianza del expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal de Urbanismo en Lugo, Francisco Fernández Liñares, en la Policía Local, donde entabló una relación muy estrecha con el otro personaje clave en la trama, Javier Reguera, responsable de la ORA en Lugo y encarcelado por esta misma operación.
REGUERA Y SANTISO
Mientras, Javier Manuel Reguera Pérez, el gerente de la ORA en Lugo, ingresó en prisión en la madrugada de ayer después de prestar declaración hasta altas horas. Por su parte, Manuel Santiso González, propietario de la constructora Sanle y de la empresa de la grúa Cechalva, quedó en libertad bajo fianza de 20.000 euros. Reguera y Santiso están imputados en los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental.
Reguera es una de las piezas claves de la investigación, por su proximidad al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, que fue enviado a prisión. Al parecer, confesó que había hecho entregas de dinero a Liñares cuando era concejal, en su condición de delegado de Vendex en la provincia de Lugo. La investigación sostiene que Reguera era quien acudía a recoger los paquetes 'de pintura' -como le llamaba para no ser descubiertos- que llegaban a A Coruña desde la central en Madrid a nombre de Tutor.
El propietario de la empresa Sanle, Manuel Santiso, prestó declaración durante más de cinco horas, según informaron fuentes de su defensa, y aunque su interrogatorio finalizó en torno a las siete y media de la tarde, tuvo que esperar a que declarase Javier Reguera para conocer los cargos que se le imputaban.
