La abogada laboralista y todavía delegada de la Consellería de Traballo, Carmen Rodríguez Acosta, dirigirá el complejo departamento municipal de Recursos Humanos, en el que sustituye a Antonio Rodríguez Penín, que ha acusado el desgaste tras 22 meses de gestión, y en busca de una necesaria renovación y racionalización.
El reajuste, como el propio alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, denomina a la remodelación de las competencias municipales del grupo socialista, tiene, además de la salida de Personal de Antonio Rodríguez Penín y a cambio la asunción de una parte de la gestión que desarrolla Demetrio Espinosa en Medio Ambiente, otro nombre propio, el de la concejala (la Ley de Bases de Régimen Local la denomina técnicamente miembro) no electa que se encargará dentro de unos días -cuando cese en la Delegación- de la gestión del complicado departamento de Recursos Humanos. Es la abogada y todavía delegada de la Consellería de Traballo en Ourense, Carmen Rodríguez Acosta, la primera con esas características -con voz y voto en las juntas de gobierno, a las que pertenecerá, y con voz en los plenos- en el Concello de Ourense.
Nuevo portavoz
El cambio se completa compensando a Espinosa con la portavocía del grupo, para que Aurea Soto, edil de Urbanismo y portavoz hasta ahora, se vuelque en el Plan de Urbanismo y en dos nuevas responsabilidades, Gobernación y Patrimonio, hasta ahora también de Penín.
Los detalles de ese reaxuste non excesivo pero necesario, adelantados en su mayor parte por La Región, fueron explicados ayer por el regidor en una comparecencia pública; antes, el día anterior, había hecho lo propio con su socio de gobierno, el BNG, y con su propio grupo, el socialista.
El objetivo, diría después a los medios de comunicación, no es otro que impulsar determinados servicios y poner freno al desgaste acusado por Penín al frente de Recursos Humanos, un departamento complicado donde dirigir es difícil porque se ha heredado un área convertida en un campo de minas, donde existían certos privilexios persoais, laborais e económicos dunha minoría en detrimento da maioría. En ese punto, arremetió contra el PP, que nunca afrontó, mientras gobernaba, una racionalización de la plantilla y que en los últimos dos años, dijo, interferiu para crearnos problemas. Francisco Rodríguez, pese a reconocer que Penín no tuvo éxito en la gestión realizada en Personal y que el desgaste acumulado fue notable, agradeció su trabajo en estos dos años.
Una nueva RPT y la amenaza de impugnación del acuerdo regulador esperan a la concejala
Carmen Rodríguez Acosta llegará a la Concejalía de Personal o Recursos Humanos dentro de dos semanas, con un sueldo similar al del director general que acaba de irse, como miembro de derecho de la junta de gobierno -que añade así un participante más- y varios conflictos que la aguardan encima de la mesa. Además de supervisar una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), que el alcalde pretende encargar próximamente a una empresa externa para racionalizar el servicio, la primera concejala no electa del Concello de Ourense tendrá que lidiar de forma inminente con los sindicatos CSI-CSIF y USO, que ya han anunciado, al menos el primero, que impugnarán el acuerdo regulador aprobado con otras centrales minoritarias y que recorta, dicen, toda una serie de beneficios conseguidos en los últimos años.
La guinda, según declaraban ayer mismo los representantes sindicales, fue un reciente acuerdo de la junta municipal de gobierno, que dio el visto bueno al acuerdo regulador después de retirar del documento el llamado artículo 27, que permitía al trabajador percibir el 100% de sus retribuciones estando de baja por accidente laboral. Ahora, recuerdan los representantes sindicales que no firmaron en su momento ese acuerdo regulador que les propuso el concejal (no los directores generales), percibirán una parte de su sueldo en función de la baja laboral que se les asigne.
La abogada laboralista Carmen Rodríguez acude, pues, a un área donde, según el propio alcalde, se han producido graves desajustes entre la plantilla disponible y las necesidades de los servicios, una de las causas por las que ha optado por retirar a Rodríguez Penín de esta responsabilidad, incapaz de poner remedio esa situación, de la que en parte culpa al PP, que fai da política de persoal un totum revolutum ingobernable.
Nuevo portavoz
El cambio se completa compensando a Espinosa con la portavocía del grupo, para que Aurea Soto, edil de Urbanismo y portavoz hasta ahora, se vuelque en el Plan de Urbanismo y en dos nuevas responsabilidades, Gobernación y Patrimonio, hasta ahora también de Penín.
Los detalles de ese reaxuste non excesivo pero necesario, adelantados en su mayor parte por La Región, fueron explicados ayer por el regidor en una comparecencia pública; antes, el día anterior, había hecho lo propio con su socio de gobierno, el BNG, y con su propio grupo, el socialista.
El objetivo, diría después a los medios de comunicación, no es otro que impulsar determinados servicios y poner freno al desgaste acusado por Penín al frente de Recursos Humanos, un departamento complicado donde dirigir es difícil porque se ha heredado un área convertida en un campo de minas, donde existían certos privilexios persoais, laborais e económicos dunha minoría en detrimento da maioría. En ese punto, arremetió contra el PP, que nunca afrontó, mientras gobernaba, una racionalización de la plantilla y que en los últimos dos años, dijo, interferiu para crearnos problemas. Francisco Rodríguez, pese a reconocer que Penín no tuvo éxito en la gestión realizada en Personal y que el desgaste acumulado fue notable, agradeció su trabajo en estos dos años.
Una nueva RPT y la amenaza de impugnación del acuerdo regulador esperan a la concejala
Carmen Rodríguez Acosta llegará a la Concejalía de Personal o Recursos Humanos dentro de dos semanas, con un sueldo similar al del director general que acaba de irse, como miembro de derecho de la junta de gobierno -que añade así un participante más- y varios conflictos que la aguardan encima de la mesa. Además de supervisar una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), que el alcalde pretende encargar próximamente a una empresa externa para racionalizar el servicio, la primera concejala no electa del Concello de Ourense tendrá que lidiar de forma inminente con los sindicatos CSI-CSIF y USO, que ya han anunciado, al menos el primero, que impugnarán el acuerdo regulador aprobado con otras centrales minoritarias y que recorta, dicen, toda una serie de beneficios conseguidos en los últimos años.
La guinda, según declaraban ayer mismo los representantes sindicales, fue un reciente acuerdo de la junta municipal de gobierno, que dio el visto bueno al acuerdo regulador después de retirar del documento el llamado artículo 27, que permitía al trabajador percibir el 100% de sus retribuciones estando de baja por accidente laboral. Ahora, recuerdan los representantes sindicales que no firmaron en su momento ese acuerdo regulador que les propuso el concejal (no los directores generales), percibirán una parte de su sueldo en función de la baja laboral que se les asigne.
La abogada laboralista Carmen Rodríguez acude, pues, a un área donde, según el propio alcalde, se han producido graves desajustes entre la plantilla disponible y las necesidades de los servicios, una de las causas por las que ha optado por retirar a Rodríguez Penín de esta responsabilidad, incapaz de poner remedio esa situación, de la que en parte culpa al PP, que fai da política de persoal un totum revolutum ingobernable.
