La querella "posiblemente" será ampliada también contra los funcionarios municipales, por la presunta comisión de un delito de prevaricación
El abogado Antonio Feijóo, representante legal de Rosa María Alonso y Miguel Fernández, la pareja afectada por la orden de derribo de su vivienda, en la parroquia de Reza, ha avanzado que presentará una querella, inicialmente contra la Alcaldía de Ourense y, "posiblemente" también contra los funcionarios municipales, por la presunta comisión de un delito de prevaricación.
Minutos después de conocerse este retraso para la demolición, aplazada hasta el lunes, el abogado ha comparecido ante los medios para criticar la actuación de los técnicos municipales por "negarse" a parar la obra" a pesar de ser conocedores de que "se está actuando sin licencia" y aún así continuaron con ello "contra viento y marea".
En la providencia enviada desde la Sección de Disciplina Urbanística, se establece que la familia que ocupa la vivienda tiene 48 horas para la retirada de enseres.
Según el abogado, los trabajadores han venido a hacer "una obra de demolición sin licencia y sin proyecto aprobado de demolición", algo que es "indispensable", puesto que aunque se aprobó la ejecución subsidiaria de demolición, "no así el proyecto".
"El juez ha dicho que tiene que ser la Administración quien redacte el proyecto de demolición y eso tiene que aprobarlo la administración", ha abundado Feijóo, quien critica la actuación "absolutamente precipitada y dantesca" por parte del consistorio.
La pareja había remitido en el día de ayer un escrito al consistorio en el que "pedían suspender la diligencia diez días para regularizar los trámites de aprobación del proyecto y anulación del tanque de gasoil", y que ha sido denegado.
"¿Cómo se va a restablecer la legalidad urbanística sin proyecto aprobado o con licencia equivalente?", ha preguntado.
Tras este plazo, la familia tiene previsto iniciar la retirada de enseres y del mobiliario "para evitar males mayores", aunque "sin perjuicio de acciones judiciales".
En este sentido, va a pedir que se adopten "medidas cautelares" para que el juez de instrucción analice esta actuación.
Por el momento, la nueva providencia remitida por el Ayuntamiento de Ourense retrasa la demolición de la vivienda hasta el lunes después de que el ejecutivo local nombrase un nuevo equipo técnico para dirigir los trabajos de demolición, tras la renuncia del anterior jefe de obra".
La propietaria de la vivienda, Rosa Alonso, quien ha asegurado, a sus 60 años, que "no había visto una cosa igual", en alusión al amplio despliegue policial, ha criticado la decisión judicial de demoler la casa en la que residen desde hace 23 años.
Además, entre lágrimas, ha denunciado que alguien de la Policía Local llamó a protección de animales para que fuesen a recoger a su perro sin ni siquiera consultarle a ella si tenían otro lugar donde dejarle.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense, a través del TSXG, en un escrito enviado ayer a los medios de comunicación sostiene que "la casa a construyó en suelo no urbanizable o rústico sin licencia y no se podía legalizar porque no tenía vinculación con un uso agropecuario, y además excedía de la edificabilidad máxima permisible".
Además, precisa que "el Ayuntamiento de Ourense ordenó su demolición en varias resoluciones firmes" y luego "amparándose en un nuevo Plan General dio licencia de legalización.
Pero el Plan General fue anulado por sentencia firme del TSXG, lo que conllevó a su vez la anulación de la licencia de legalización".
En el escrito, insisten en que "la casa se construyó sin licencia alguna, con pleno conocimiento por sus promotores y arquitecto de su ilegalidad desde un principio".
